COMENTAR
Viene al caso recordarlo. Roberto J. Dromi, abogado especialista en derecho administrativo, fue uno de los artífices del proceso de reforma del Estado y desregulación económica ejecutado por el gobierno de Carlos Menem en los años del uno a uno. En su condición de Ministro de Obras y Servicios Públicos (1989-1991) llevó a la práctica el plan de privatizaciones de empresas estatales, sustantivo en el proyecto que diseñara Domingo Cavallo. Una de ellas, la emblemática Aerolíneas Argentinas, iniciaría un recorrido decadente, caracterizado por escándalos financieros no aclarados que llegan a nuestros días. Como se sabe, no fue el único caso con derivaciones similares.
Autodefinido "gerente de privatizaciones", Dromi daba a su cometido dimensión justiciera. "Tenemos -dijo- una gran deuda social con nuestra población". Acudía para ello al gastado recurso de justificar medidas por la necesidad de construir "el país que nos merecemos". Con las privatizaciones, anticipaba, "vamos a posibilitar mejores servicios y que miles de millones de dólares que ahora se necesitan para financiar la ineficiencia y déficit, se puedan volcar a obras educativas, salud, justicia, seguridad y de solidaridad social para nuestros hermanos más humildes".
Como "gerente operativo" del proyecto transformador, se manifestaba convencido de que Erman Gonzalez, Jorge Triaca y Cavallo realizaban una "labor excepcional" de lo que definía como un "proceso difícil de cirugía sin anestesia". Con orgullo detallaba el provechoso resultado de la gestión: en once meses se habían privatizado canales de TV, producción de electricidad, ENTeL, petróleo, caminos y peajes, Aerolíneas y ferrocarriles. A su juicio "siete maravillas de la transformación para lograr un país nuevo". El drástico cambio operado es "nuestra forma de pagarle al pueblo su sacrificio y tolerancia para enfrentar una de las crisis más profundas de nuestra historia", declaraba el arquitecto de las privatizaciones "sin anestesia".
A más de dos décadas de la experiencia, el país está más viejo y descalabrado. Nadie, de los directamente comprometidos, se hizo cargo de los resultados de la gestión que dio por tierra con opuestos principios que por décadas caracterizaron el discurso oficialista. Eso de que la obra de los '90 sería para bien de los argentinos resultó un bluf de proporciones gigantescas, que tanto se tradujo en los efectos que produjeron las, cuando menos, sospechables privatizaciones de empresas públicas, como en los que en la economía real acarrean la desindustrialización y las reformas que impactaron duramente en lo social.
Estas, entre tantas cosas que poblaron el universo de las transformaciones de los '90, sin olvidar la presencia activa de la corrupción y el factor estimulador que significó la impunidad garantizada sobrenadando en un contexto institucional desvalorizado. El país, a su vez, sumó un pesado débito a su ya cargado pasivo que, en definitiva, deben afrontar los argentinos en términos cuya dureza comienza a notarse.
Decir que aquel pasado quedó superado para mejor sería mentir. Es por demás evidente, claro y preciso, que en lo esencial, ciertas prácticas y contenidos del comportamiento político de esos años no perdieron entidad en los que corren. En efecto, no han faltado en la etapa abierta en el 2003 acontecimientos confirmatorios, y en los últimos tiempos esto se refleja en hechos controversiales de singular trascendencia político-institucional y derivaciones imprevisibles.
En ese cuadro se inscribe el caso de la empresa YPF, cuya mayoría accionaria posee la española Repsol, beneficiaria de la reforma del Estado que impulsó el menemismo cavalista y dio lugar a la privatización de la señera Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Como es de conocimiento, su recuperación o reestatización sería objetivo mayor del Gobierno nacional. Cuestión de indudable significación que inevitablemente retrotrae al tiempo aquel y a los personajes protagónicos.
Uno de ellos, detallado al principio, reapareció a fines del año pasado y, para sorpresa de muchos, se pronunció a favor del incremento de la participación del Estado en YPF. "Tiene que ser una YPF más cooperativa, más protagonista, no politizada sino fortalecida que domine ciertas situaciones y asuma mayor participación el Estado", manifestó en el cierre de la 31 Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica. Roberto Dromi, el decidido privatizador de los '90, a tono con los vientos que soplan propuso hacer de YPF una empresa de capitales mixtos con un plan "homologado por ley". En otras palabras, el marco de desarrollo con compromiso público". "Como el Estado aportará sus recursos, eso será para el patrimonio de YPF, y al hacerla una empresa de energía total se va a revalorizar", afirmó. Se trataría, en las actuales circunstancias, de "un momento estratégico para sacar ventajas", dijo.
La crisis que en materia energética afronta actualmente el país es tema acuciante tanto por la magnitud de la problemática con diferentes frentes de conflicto, como de las demandas financieras necesarias para afrontarla. Esta pesada cuestión, como otras que remiten al tiempo desregulador del menemismo, da pie a interrogantes que quizás debiera responder el ahora asesor del ministro de Planificación, Julio De Vido, y de compañías de servicios públicos reguladas por el Estado nacional. Por ejemplo, sobre su pensamiento real cuando suscribía entusiastamente (como quedó documentado) las acciones que en definitiva representó el desmantelamiento de estructuras estatales de la producción de energía para su traspaso al sector privado. En todo caso, qué factores llevaron al desemboque actual, expuesto en la crítica instancia. En este, y en otros campos, ¿qué falló en los años transcurridos desde la aplicación de la receta que prometía cambios trascendentales?
El Dr. Dromi debería explicarle a doña Rosa las razones del fracaso. En 1990 concedió un reportaje a la revista Gente, del que se rescató lo siguiente:
P- ¿La privatización es un elemento o un objetivo en si mismo?
RD- Es un instrumento porque no somos rematadores del Estado. Significa que pasamos bienes del sector público al privado para dinamizar la producción. Para que doña Rosa no soporte más un Estado ineficiente y para disminuir el déficit fiscal.
P- Cuando se haga la concesión de ferrocarriles, ¿habrá trenes para todos y a 500 kilómetros por hora, como dijo el presidente?
RD- No, habrá trenes que correrán a doscientos kilómetros por hora, en un plazo de dos años. Lo garantizo.
Sin comentarios.
Autodefinido "gerente de privatizaciones", Dromi daba a su cometido dimensión justiciera. "Tenemos -dijo- una gran deuda social con nuestra población". Acudía para ello al gastado recurso de justificar medidas por la necesidad de construir "el país que nos merecemos". Con las privatizaciones, anticipaba, "vamos a posibilitar mejores servicios y que miles de millones de dólares que ahora se necesitan para financiar la ineficiencia y déficit, se puedan volcar a obras educativas, salud, justicia, seguridad y de solidaridad social para nuestros hermanos más humildes".
Como "gerente operativo" del proyecto transformador, se manifestaba convencido de que Erman Gonzalez, Jorge Triaca y Cavallo realizaban una "labor excepcional" de lo que definía como un "proceso difícil de cirugía sin anestesia". Con orgullo detallaba el provechoso resultado de la gestión: en once meses se habían privatizado canales de TV, producción de electricidad, ENTeL, petróleo, caminos y peajes, Aerolíneas y ferrocarriles. A su juicio "siete maravillas de la transformación para lograr un país nuevo". El drástico cambio operado es "nuestra forma de pagarle al pueblo su sacrificio y tolerancia para enfrentar una de las crisis más profundas de nuestra historia", declaraba el arquitecto de las privatizaciones "sin anestesia".
A más de dos décadas de la experiencia, el país está más viejo y descalabrado. Nadie, de los directamente comprometidos, se hizo cargo de los resultados de la gestión que dio por tierra con opuestos principios que por décadas caracterizaron el discurso oficialista. Eso de que la obra de los '90 sería para bien de los argentinos resultó un bluf de proporciones gigantescas, que tanto se tradujo en los efectos que produjeron las, cuando menos, sospechables privatizaciones de empresas públicas, como en los que en la economía real acarrean la desindustrialización y las reformas que impactaron duramente en lo social.
Estas, entre tantas cosas que poblaron el universo de las transformaciones de los '90, sin olvidar la presencia activa de la corrupción y el factor estimulador que significó la impunidad garantizada sobrenadando en un contexto institucional desvalorizado. El país, a su vez, sumó un pesado débito a su ya cargado pasivo que, en definitiva, deben afrontar los argentinos en términos cuya dureza comienza a notarse.
Decir que aquel pasado quedó superado para mejor sería mentir. Es por demás evidente, claro y preciso, que en lo esencial, ciertas prácticas y contenidos del comportamiento político de esos años no perdieron entidad en los que corren. En efecto, no han faltado en la etapa abierta en el 2003 acontecimientos confirmatorios, y en los últimos tiempos esto se refleja en hechos controversiales de singular trascendencia político-institucional y derivaciones imprevisibles.
En ese cuadro se inscribe el caso de la empresa YPF, cuya mayoría accionaria posee la española Repsol, beneficiaria de la reforma del Estado que impulsó el menemismo cavalista y dio lugar a la privatización de la señera Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Como es de conocimiento, su recuperación o reestatización sería objetivo mayor del Gobierno nacional. Cuestión de indudable significación que inevitablemente retrotrae al tiempo aquel y a los personajes protagónicos.
Uno de ellos, detallado al principio, reapareció a fines del año pasado y, para sorpresa de muchos, se pronunció a favor del incremento de la participación del Estado en YPF. "Tiene que ser una YPF más cooperativa, más protagonista, no politizada sino fortalecida que domine ciertas situaciones y asuma mayor participación el Estado", manifestó en el cierre de la 31 Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica. Roberto Dromi, el decidido privatizador de los '90, a tono con los vientos que soplan propuso hacer de YPF una empresa de capitales mixtos con un plan "homologado por ley". En otras palabras, el marco de desarrollo con compromiso público". "Como el Estado aportará sus recursos, eso será para el patrimonio de YPF, y al hacerla una empresa de energía total se va a revalorizar", afirmó. Se trataría, en las actuales circunstancias, de "un momento estratégico para sacar ventajas", dijo.
La crisis que en materia energética afronta actualmente el país es tema acuciante tanto por la magnitud de la problemática con diferentes frentes de conflicto, como de las demandas financieras necesarias para afrontarla. Esta pesada cuestión, como otras que remiten al tiempo desregulador del menemismo, da pie a interrogantes que quizás debiera responder el ahora asesor del ministro de Planificación, Julio De Vido, y de compañías de servicios públicos reguladas por el Estado nacional. Por ejemplo, sobre su pensamiento real cuando suscribía entusiastamente (como quedó documentado) las acciones que en definitiva representó el desmantelamiento de estructuras estatales de la producción de energía para su traspaso al sector privado. En todo caso, qué factores llevaron al desemboque actual, expuesto en la crítica instancia. En este, y en otros campos, ¿qué falló en los años transcurridos desde la aplicación de la receta que prometía cambios trascendentales?
El Dr. Dromi debería explicarle a doña Rosa las razones del fracaso. En 1990 concedió un reportaje a la revista Gente, del que se rescató lo siguiente:
P- ¿La privatización es un elemento o un objetivo en si mismo?
RD- Es un instrumento porque no somos rematadores del Estado. Significa que pasamos bienes del sector público al privado para dinamizar la producción. Para que doña Rosa no soporte más un Estado ineficiente y para disminuir el déficit fiscal.
P- Cuando se haga la concesión de ferrocarriles, ¿habrá trenes para todos y a 500 kilómetros por hora, como dijo el presidente?
RD- No, habrá trenes que correrán a doscientos kilómetros por hora, en un plazo de dos años. Lo garantizo.
Sin comentarios.
Locales
