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La Asociación Civil Anticorrupción de la Argentina, que preside el conocido abogado porteño Ricardo Monner Sans, acaba de solicitar a la Corte Suprema de Justicia provincial que impulse una ley que declare la “emergencia judicial” en la provincia de Santa Fe.
La petición se sostiene principalmente en una respuesta que el propio Tribunal les diera en marzo de este año basada en la que quizás fuera una de las últimas investigaciones conducidas por el recientemente desaparecido procurador Agustín Bassó.
Se trata de un informe interanual que demuestra que la totalidad de los jueces tienen desactualizados sus despachos (es decir, tienen cantidades de causas acumuladas sin resolver y en mora) por falta de tiempo para analizarlas. Paralelamente, comprobó Bassó, todos los jueces incumplen las normas a la hora de dictar clases en universidades y secundarias. Sólo se les permite ocho horas semanales pero el ex procurador comprobó que todos dedican más horas a las cátedras.
El informe del extinto funcionario es demoledor y en base a él la Corte respondió a la Asociación Anticorrupción que ahora pide que se declare la emergencia.
El vicepresidente de esa ONG, el santafesino Mario Pilo, dijo que “el informe nos fue comunicado por la Corte el 15 de marzo y nuestra reacción que será anunciada el miércoles pide que la Corte actúe frente a lo que ella misma admite”.
A raíz de ese pedido, tres años después en función de una serie de demoras producidas por la decisión de la Corte y del procurador fallecido de hacer un estudio estadístico interanual se llega a este informe final que el máximo Tribunal remitió a Monner Sans como respuesta en marzo último.
La petición se sostiene principalmente en una respuesta que el propio Tribunal les diera en marzo de este año basada en la que quizás fuera una de las últimas investigaciones conducidas por el recientemente desaparecido procurador Agustín Bassó.
Se trata de un informe interanual que demuestra que la totalidad de los jueces tienen desactualizados sus despachos (es decir, tienen cantidades de causas acumuladas sin resolver y en mora) por falta de tiempo para analizarlas. Paralelamente, comprobó Bassó, todos los jueces incumplen las normas a la hora de dictar clases en universidades y secundarias. Sólo se les permite ocho horas semanales pero el ex procurador comprobó que todos dedican más horas a las cátedras.
El informe del extinto funcionario es demoledor y en base a él la Corte respondió a la Asociación Anticorrupción que ahora pide que se declare la emergencia.
El vicepresidente de esa ONG, el santafesino Mario Pilo, dijo que “el informe nos fue comunicado por la Corte el 15 de marzo y nuestra reacción que será anunciada el miércoles pide que la Corte actúe frente a lo que ella misma admite”.
A raíz de ese pedido, tres años después en función de una serie de demoras producidas por la decisión de la Corte y del procurador fallecido de hacer un estudio estadístico interanual se llega a este informe final que el máximo Tribunal remitió a Monner Sans como respuesta en marzo último.
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