COMENTAR15/05/2012 - Policiales
EN LOS ULTIMOS 5 MESES
Provincia: 78 uniformados pasados a disponibilidad
Desde el inicio de la gestión del ministerio de Seguridad en manos de Leandro Corti, 78 empleados policiales de la provincia de Santa Fe fueron pasados a disponibilidad, por encontrarse implicados en situaciones de apariencia irregular o de presunta índole delictiva.
El 40 por ciento de esos funcionarios desafectados prestaba servicios en el departamento Rosario.
El pase a disponibilidad es una medida disciplinaria provisoria que supone grado razonable de sospecha contra aquel que la recibe pero que puede levantarse en caso de que, al completarse los sumarios internos de la fuerza o judiciales, no se encuentren méritos para la destitución del cargo, o bien quede claro que el empleado es ajeno a la conducta denunciada.
El efectivo alcanzado por la medida debe, mientras tanto, hacer entrega del arma reglamentaria y de la credencial policial, y queda momentáneamente privado de destino y además se le impone una afectación sobre su haber mensual.
De acuerdo a La Capital, la cifra de 78 policías puestos en disponibilidad en cinco meses es la más alta que se recuerda en el arranque de una gestión de Gobierno.
El período va desde el 12 de diciembre pasado hasta la jornada de ayer, y debe quedar claro que la disponibilidad no supone declaración de culpa y los que sean capaces de sortearla deben ser reintegrados a sus funciones.
Pero su sentido no es inocuo: parece llevar adherida como mensaje la intención firme de no tolerar acciones oscuras o inadmisibles en la mayor fuerza de seguridad provincial.
LOS DELITOS
Los presuntos delitos atribuidos a los uniformados son variados, entre ellos facilitamiento de evasión, incompatibilidad de funciones, abandono de servicio, abigeato de ganado menor, robo calificado, abuso de armas, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, encubrimiento agravado, coacciones y amenazas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias y falsedad ideológica de instrumento público, y lo interesante, y destacable, es las disponibilidades alcanzaron a empleados de jerarquías menores pero también a oficiales con mando.
En relación a lo precedente, Leandro Corti destacó que para evitar situaciones adversas a las investigaciones, ordenó que los sumarios administrativos sean sustanciados por el Departamento Judicial (D-5), dependiente de la Jefatura de Policía provincial, con el propósito de llevar un riguroso control por parte del ministerio "que impida que los expedientes abiertos se conviertan en un trámite eterno con los efectos perniciosos que eso implica".
Hay una situación técnica que debe ser zanjada.
Cuando un policía está en disponibilidad por una causa que tramita también en Tribunales el sumario interno no puede cerrarse hasta que el expediente judicial concluya. "Por eso hubo reuniones con los titulares de la Cámaras Penales a fin de que se lleven a un ritmo razonable los casos en que haya funcionarios policiales acusados", dijo el ministro.
El 40 por ciento de esos funcionarios desafectados prestaba servicios en el departamento Rosario.
El pase a disponibilidad es una medida disciplinaria provisoria que supone grado razonable de sospecha contra aquel que la recibe pero que puede levantarse en caso de que, al completarse los sumarios internos de la fuerza o judiciales, no se encuentren méritos para la destitución del cargo, o bien quede claro que el empleado es ajeno a la conducta denunciada.
El efectivo alcanzado por la medida debe, mientras tanto, hacer entrega del arma reglamentaria y de la credencial policial, y queda momentáneamente privado de destino y además se le impone una afectación sobre su haber mensual.
De acuerdo a La Capital, la cifra de 78 policías puestos en disponibilidad en cinco meses es la más alta que se recuerda en el arranque de una gestión de Gobierno.
El período va desde el 12 de diciembre pasado hasta la jornada de ayer, y debe quedar claro que la disponibilidad no supone declaración de culpa y los que sean capaces de sortearla deben ser reintegrados a sus funciones.
Pero su sentido no es inocuo: parece llevar adherida como mensaje la intención firme de no tolerar acciones oscuras o inadmisibles en la mayor fuerza de seguridad provincial.
LOS DELITOS
Los presuntos delitos atribuidos a los uniformados son variados, entre ellos facilitamiento de evasión, incompatibilidad de funciones, abandono de servicio, abigeato de ganado menor, robo calificado, abuso de armas, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, encubrimiento agravado, coacciones y amenazas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias y falsedad ideológica de instrumento público, y lo interesante, y destacable, es las disponibilidades alcanzaron a empleados de jerarquías menores pero también a oficiales con mando.
En relación a lo precedente, Leandro Corti destacó que para evitar situaciones adversas a las investigaciones, ordenó que los sumarios administrativos sean sustanciados por el Departamento Judicial (D-5), dependiente de la Jefatura de Policía provincial, con el propósito de llevar un riguroso control por parte del ministerio "que impida que los expedientes abiertos se conviertan en un trámite eterno con los efectos perniciosos que eso implica".
Hay una situación técnica que debe ser zanjada.
Cuando un policía está en disponibilidad por una causa que tramita también en Tribunales el sumario interno no puede cerrarse hasta que el expediente judicial concluya. "Por eso hubo reuniones con los titulares de la Cámaras Penales a fin de que se lleven a un ritmo razonable los casos en que haya funcionarios policiales acusados", dijo el ministro.
