Tras el homenaje a la revista “El Satélite”, la sesión del Concejo Municipal se extendió durante más de dos horas con el tratamiento de cinco proyectos y varios cruces entre oficialismo y oposición. El debate más intenso se produjo a partir de una minuta impulsada por el justicialismo que cuestionó la campaña municipal “Denunciá!” y pidió información sobre el formulario que, durante un tiempo, estuvo disponible en un sitio oficial para reportar hechos delictivos.

El primer proyecto de los cinco que quedaban en el orden del día en recibir tratamiento se vincula a una serie de modificaciones a la ordenanza que regula el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad, que fue impulsado por los concejales Carla Boidi y Lisandro Mársico. Por un lado, se establece en 20 años la antigüedad máxima para los vehículos destinados a esta prestación tal como sucede en el caso de los remises y taxis. También queda derogado el artículo 11 de la norma en el que se exigía el certificado de aptitud psíquica, que ya es realizado al momento de solicitud o renovación de la licencia de conducir por el área competente del Municipio.

Asimismo, el vehículo destinado a transporte escolar deberá estar radicado en la ciudad de Rafaela, a nombre del permisionario y encontrarse libre de multas; estar al día con el pago del impuesto municipal, provincial o nacional de los automotores. Y mantener correcta higiene y prestación interior; contar con un cartel naranja, el que llevará inscripta la leyenda "Escolares" y mantener la pintura exterior en perfecto estado, la que podrá ser de cualquier color y sobre la que se permitirá colocar publicidad comercial; entre otros.

“Titulares del servicio Público de Transporte de Escolares vinieron a solicitarme esta modificación de la ordenanza para flexibilizar algunas cuestiones que tienen que ver con los requisitos”, explicó Mársico.

Posteriormente, al tratarse el pedido de informes del bloque justicialista sobre la campaña Denunciá! implementada por el Ejecutivo Municipal, el concejal Juan Senn pidió un cuarto intermedio y propuso una moción para establecer un debate libre. La campaña en cuestión está referido a una propuesta de concientización ciudadana orientada a fomentar la realización de denuncias y visibilizar la cifra real de delitos en la ciudad.

El problema -según apuntó la oposición- radica en que el Municipio incluyó temporalmente, dentro de su portal http://denuncia.rafaela.gob.ar , la opción de "completar un formulario con la información del hecho a denunciar, lo cual fue promocionado mediante el envío y la difusión de un parte de prensa.

Aunque el formulario después fue eliminado, el justicialismo pidió información al respecto y acusó al oficialismo de entrometerse en una facultad propia de la Justicia. El tratamiento de este proyecto ocupó una gran parte de la sesión entre discusiones, acusaciones y explicaciones.

Juan explicó el marco legal del sistema de denuncias de la Provincia. “La Municipalidad lanzó la campaña Denunciá! anunciada en el Foro de Seguridad, pero lo que nos llama la atención y nos preocupa como bloque es la posible usurpación de funciones públicas que tuvo el Intendente al difundir que la página municipal iba a poder recepcionar denuncias, y lo informó a través de los canales oficiales mandando un parte de prensa”, dijo leyéndolo ante todos.

“Tiene que haber un procedimiento para hacer una denuncia. Si esto ocurría y se hacía público, de hecho, quizás algún vecino llegó a completar el formulario, o radicó alguna denuncia pensando que lo hacía de manera oficial, estamos hablando de un delito penal. No debe haber antecedentes en el país de algo así. A ese nivel, está hoy Rafaela. Un intendente que se cree que es la Justicia. Cuando hay angustia, (Leonardo) Viotti ve una oportunidad política porque juega con la ilusión de la gente, pensando que el vecino iba a poder hacer una denuncia a raíz de un hecho que le ocurrió. Queremos saber qué los motivó hacer esto porque se mandó un parte de prensa oficial, anoticiando que la Municipalidad iba a poder tomar denuncias a través de un formulario. Si van a querer argumentar que hubo un error de comunicación, ¿quién fue el responsable? ¿Salieron a aclarar después que lo que se comunicó estaba mal?”, preguntó el edil.

Por su parte, el concejal oficialista Juan Scavino dijo que “le gustaría que la capacidad y experiencia en el manejo de la cosa pública de los concejales justicialistas, la tengan destinada al bien común y no a situaciones de aprovechamiento político mezquino”. Habló de una situación que no merece estar debatiéndose en este Concejo y que el bloque justicialista malinterpretó.

“Denunciá! es una campaña de concientización que deriva al vecino a los canales oficiales de denuncia. Si esto hubiera sido tal como lo plantean, ¿ustedes creen que la Justicia no hubiera accionado de oficio? Si la situación es como lo plantea el candidato a intendente Juan Senn, y considera que la Justicia no accionó, bien él podría hacer la denuncia. No la hace porque tiene plena conciencia de que va a rebotar”, expresó Scavino.

“Si hay algo que aprendí es a leer y hay un parte de prensa oficial. Interpretación básica. Aparte, lo estoy haciendo en este Concejo donde tengo competencia, por esto presentamos un pedido de informe y agotamos las vías previas a una denuncia penal”, le contestó el edil del PJ.

Disparando el tema hacia la inseguridad, el concejal peronista Maximiliano Postovit destacó el alto índice de balaceras y revictimización en la ciudad, mientras que Valeria Soltermam reclamó la falta de presencia en los lugares conflictivos y se preguntó si no es momento de que el secretario de Seguridad Juan Manuel Saliba presente su renuncia.

Ante dichos de Senn, Scavino dijo que tiene intenciones desmedidas para llegar al 5° piso y que le da entidad a un parte de prensa, acusando también cuestiones irregulares de la gestión anterior.

“Un simple parte de prensa… Toda la ciudad paga pauta para que los medios de comunicación levanten los partes de prensa oficiales. Es el canal oficial donde el Intendente informa sus decisiones políticas, entonces, ¿a qué tenemos que darle importancia? Si dejarían de justificar todo, tendrían más oportunidad para mejorar. La mediocridad de esta gestión no tiene antecedentes”, le contestó Senn.

Pese a todo lo dicho, y sin que el bloque de La Libertad Avanza se involucre en la discusión, el proyecto contó con todos los votos positivos.

Usurpaciones

Después, los proyectos de Resolución de los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi vinculado a los servicios públicos en los domicilios usurpados fueron aprobados por unanimidad. Primero, el que solicita a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) proceda a modificar el Reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico, a los fines de impedir que los ocupantes ilegales de un inmueble tengan acceso al servicio público de electricidad, siempre y cuando exista denuncia del hecho delictivo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“El proyecto solicita la modificación de los reglamentos vigentes a los fines de que con una denuncia de usurpación hecha, se pueda producir el corte del fluido eléctrico en esa vivienda. Ojalá los abogados de la EPE dejen un progresismo barato, y pongamos primero a las víctimas por encima de quienes generan este delito”, enfatizó Mársico.

Al justifica su voto, la concejal Milagros Zafra explicó que este es un problema que tiene que resolver la Justicia, pero muchas veces demora y no siempre se logra. “Ojalá que le EPE responda a este pedido político”, dijo antes de votar.

En segundo término, el proyecto que solicita a la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), modifique el Anexo del Reglamento del Usuario, a los fines de que se proceda a cortar el servicio a los ocupantes ilegales de un inmueble, siempre y cuando exista denuncia del hecho delictivo ante el MPA por parte de autoridades.

“Es una situación visiblemente injusta para un propietario que padeció una ocupación ilegal, y que encima cuando recupera la propiedad, le quieren cobrar lo que el usurpador no pagó. Las normas terminan beneficiando al delincuente, por eso es necesario que también esto se cambie. Falta un vínculo legítimo con el inmueble que habilita a la empresa a cortar el servicio. Con esto estamos haciendo una manifestación porque existe una situación que se podría resolver”, sostuvo Mársico.

“Vamos a acompañar el proyecto porque tiene que ver con el Estado que queremos, se tiene que estar siempre del lado de quien trabaja y hace las cosas bien y no del lado de los usurpadores. Ojalá que estas empresas tomen nota de los pedidos de este Concejo”, dijo Senn.

Fabricio Dellasanta anticipó su apoyo, habló de una catástrofe estructural y que el Estado se ha convertido en el enemigo público. “En un país normal, un usurpador no debería durar ni 30 segundos. No tendríamos que estar haciendo esto. Tenemos a delincuentes de mano armada defendidos por delincuentes de traje y corbata que infectan las instituciones en el Estado, en las empresas públicas que no son empresas, son runflas de sinvergüenzas. Todos son generosos con el dinero ajeno. Ninguno de los gerentes pone la mano en sus bolsillos para mantener al delincuente”, sostuvo.

Sobre el servicio atmosférico

Por último, se trató la minuta del PJ que pide información respecto al servicio atmosférico brindado a los sectores que aún no cuentan con cloacas. “Estamos solicitando una vez más información acerca de este servicio. Es un tema que hace tiempo venimos siguiendo desde este Concejo. Estamos hablando de salud comunitaria. Queremos conocer el detalle; me parece que la gestión no entiende la gravedad del problema. El Presupuesto se aumentó para que se pueda llevar respuesta a los vecinos, pero no se ve reflejado en el día a día de los barrios afectados”, dijo Soltermam.

Boidi adelantó información oficial sobre lo que se está haciendo con datos, números y explicaciones. “Se busca siempre garantizar una correcta distribución de trabajo y una atención eficiente en cada sector asignado”, aseguró la funcionaria.

“Nosotros planteamos una cuestión de transparencia, pedimos que traigan los tickets porque una cosa es la versión que da el Ejecutivo y otra cosa muy diferente es la que nos dicen los vecinos, y también vemos. Hay algo en los números que no cierra, por eso pedimos la información oficial. ¿Cómo puede ser que haya cada vez más facturación, pero también más reclamos? Hay una respuesta que no le está llegando a la comunidad”, expresó Caruso.

Al justificar su voto, Soltermam manifestó: “No tenemos los datos, por eso tenemos que reflotarlo una y otra vez. Los concejales del Intendente también están cuestionando el servicio, o lo hicieron en algún momento. Queremos información clara. ¿Ustedes van a los barrios? Vas y sentís el olor. ¿Dónde está la plata del servicio atmosférico social? ¿Qué están haciendo con esa partida presupuestaria que nosotros votamos? Queremos el detalle porque es plata de los rafaelinos”.

Y Zafra también lo justificó: “Yo solo quiero manifestar que a la hora de votar el presupuesto un poco más adelante, se pueda destinar más a lo que es la ampliación de la red de cloacal en detrimento de otras funciones del Municipio que a lo mejor no son tan necesarias, como por ejemplo la organización de eventos. Estos son los momentos en los que uno realmente se acuerda de lo que sí tiene que hacer el Municipio, de lo importante que es este servicio público básico que a su vez impacta en lo que es la provisión de salud”.

Luego de esta votación, quedó concluida la extensa sesión.