Por Marcelo Rico
"Sin haber hecho lo que hicieron,no podrían estar haciendo lo que hacen."
La generosidad con el bolsillo ajeno
El peronismo instaló una frase que todavía se repite como estampita: "el Estado te da". No. El Estado no da. Reparte lo que antes sacó de alguna parte: impuestos, deuda, inflación o salarios públicos licuados. Mis abuelos, mis padres, mis vecinos no financiaron una abstracción llamada Estado. Trabajaron, pagaron, viajaron apretados, postergaron cosas y vieron cómo la moneda les mordía el sueldo. Después aparece un dirigente, inaugura un hospital o se fotografía en una universidad y se adjudica una generosidad que pagaron otros. Eso es lo que me resulta inmoral: donar el cansancio ajeno y presentarse como benefactor.
La puerta que la Argentina abrió al continente
Hay que reconocer los hechos aunque después la crítica incomode. El 22 de noviembre de 1949, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el Decreto 29.337 eliminó los aranceles en las universidades nacionales. La matrícula pasó de unos ochenta mil estudiantes a cerca de ciento cuarenta mil en los cinco años siguientes.1 Un año antes se había creado la Universidad Obrera Nacional, origen de la actual Universidad Tecnológica Nacional, con facultades regionales pensadas para formar trabajadores ligados a la industria.2 Aquella decisión cambió el mapa social: gente que jamás se había imaginado con un título pudo entrar a una universidad. Con el tiempo, esa puerta dejó de ser solo argentina y se abrió también al continente.
En la salud pública ocurrió algo de la misma dimensión. Ramón Carrillo condujo, entre 1946 y 1954, una expansión que llevó las camas de hospitales públicos de 66.300 a 132.000, junto con campañas contra la tuberculosis, el paludismo, la sífilis y la mortalidad infantil.3 No voy a negar ese mérito para acomodar la historia a mi crítica. El peronismo amplió el acceso universitario y construyó capacidad sanitaria. Borrar eso sería cometer la misma deshonestidad que denuncio: elegir solo los hechos que convienen.
Décadas después, la Ley de Migraciones 25.871 estableció igualdad de acceso a bienes públicos, educación y salud, y prohibió negar atención sanitaria por la situación migratoria.4 Ante una emergencia no hay discusión posible: si alguien llega desangrándose, primero se lo atiende. Ninguna sociedad decente puede pedir un pasaporte antes de detener una hemorragia. Pero una carrera completa, una cirugía programada o un tratamiento de años permiten otra pregunta, también legítima: ¿quién paga? Esconderla no vuelve más humano al sistema. Solo vuelve invisibles al que compra el insumo, al profesional agotado y al paciente local cuyo turno se corre para más adelante.
La cuenta que nadie quería mostrar
Los números universitarios bajan la discusión del balcón. El Anuario 2023 registró 2.011.498 estudiantes de pregrado y grado en instituciones estatales; 82.797 eran extranjeros, el 4,1 por ciento. No eran una invasión ni explican por sí solos el derrumbe argentino. Pero tampoco eran aire. La UBA concentraba 38.185: el 11,7 por ciento de su alumnado y el 46,1 por ciento de todos los extranjeros del sector estatal.5 El propio DNU 366 calculó para la UBA un gasto total de 255.839,8 millones de pesos y un costo promedio de 783.772 pesos por alumno, a valores de 2023.6 Si ese promedio se aplica a los estudiantes extranjeros, el orden de magnitud ronda los 29.928 millones de pesos de aquel año.
Ahora bien: no voy a hacer trampa con la calculadora. Ese número es una imputación de costo promedio, no el costo marginal exacto de cada alumno ni el ahorro automático que aparecería si dejara de cursar. El aula, el edificio y buena parte de la planta docente seguirían allí. Tampoco cuesta lo mismo formar a un estudiante de Historia que a uno de Medicina. En Medicina, donde la proporción extranjera superaba el 25 por ciento en las universidades estatales, entran hospitales escuela, laboratorios, tecnología y horas profesionales; ahí el costo adicional deja de ser una abstracción.6 La cifra no habilita una cacería. Sí obliga a abandonar la pavada de que, porque el alumno no ve una caja registradora, nadie paga.
En salud, la factura se ve más rápido. El Ministerio de Salud informó que durante 2024 las consultas de inmigrantes en hospitales nacionales implicaron aproximadamente 42.000 millones de pesos y los egresos hospitalarios otros 72.000 millones; esos egresos representaron el 10,58 por ciento del total de los establecimientos alcanzados.6 El dato no incluye automáticamente los hospitales provinciales y municipales, donde se atiende una parte enorme de la población. Aun así, alcanza para dejar algo claro: "gratuito" describe la experiencia de quien recibe la prestación. No describe su costo. Gratis para el paciente; pagado por alguien.
Salta puso la discusión en la frontera. Después de comenzar a cobrar en 2024 a extranjeros no residentes, preservando urgencias y emergencias, el gobierno provincial informó una caída del 95 por ciento en esa demanda. En el hospital de Orán sostuvo que había pasado de 31.561 pacientes extranjeros durante 2023 a 77 atenciones con recupero de costo desde febrero de 2024, y estimó un ahorro de 2.367 millones de pesos en nueve meses.7 No tomo esas cifras como palabra de Dios: las produjo el mismo gobierno que defendió la medida y pueden incluir demanda postergada o trasladada. Pero tampoco se pueden barrer debajo de la alfombra. Muestran que existía una demanda sensible al precio y que el llamado "turismo sanitario" no era solamente un invento de televisión.
Decir que la Argentina se empobreció por educar y curar extranjeros sería una cobardía intelectual. La pobreza argentina fue fabricada durante décadas con inflación, crisis fiscales, deuda, baja productividad, corrupción, privilegios, mala administración y violencia institucional. En 2023 los extranjeros eran el 4,1 por ciento de la matrícula universitaria estatal; no podían explicar por sí solos semejante ruina.5 La acusación seria es otra. La Argentina no se fundió principalmente por ellos, pero descargó una parte del costo de su universalismo sobre habitantes que ya venían perdiendo salario, servicios y oportunidades. No fueron la causa del derrumbe. Fueron una parte de la factura que el poder decidió repartir entre los de abajo.
El subsidio más silencioso no estuvo en una planilla: estuvo en el recibo de sueldo. En marzo de 2026 el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que las transferencias a las universidades habían caído 45,6 por ciento en términos reales entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios perdieron alrededor de un 32 por ciento de poder adquisitivo, el equivalente acumulado a 7,3 sueldos mensuales, y quedaron en su nivel más bajo de veintitrés años.8 La universidad siguió proclamándose gratuita mientras profesores y no docentes pagaban una parte con su deterioro personal. La filantropía era obligatoria y venía descontada del salario.
No hace falta insultar al extranjero. Eso es demasiado fácil y, además, le regala una coartada al sistema. Quien encuentra una puerta abierta entra; yo probablemente haría lo mismo. El extranjero no diseñó la política, no fijó los criterios y no decidió ocultar la cuenta. La responsabilidad es del Estado, que mezcló residencia con tránsito, contribución con aprovechamiento, emergencia con prestación programada y cooperación con abandono fiscal. El escándalo no es que alguien reciba. El escándalo es que un gobierno prometa con el bolsillo ajeno, desgaste a los propios y después se haga aplaudir por generoso.
La suma que el Estado prefirió no hacer
“Ante los números no hay prosa.”
— Alfonso Carlos
Una fotografía de un solo año resulta cómoda; una película muestra la continuidad. Los anuarios oficiales permiten reconstruir una serie comparable de estudiantes extranjeros de pregrado y grado en instituciones estatales: 35.636 en 2015; 39.956 en 2016; 46.561 en 2017; 58.306 en 2018; 67.754 en 2019; 74.357 en 2020; 76.130 en 2021; 79.834 en 2022; y 82.797 en 2023. Sumados, son 561.331 matrículas-año.5 No son 561.331 personas distintas: quien cursó cinco años aparece cinco veces. Pero la serie muestra algo que la foto aislada esconde: nueve cosechas sucesivas de aulas, exámenes, bibliotecas, laboratorios y salarios públicos puestos a disposición. Y es apenas un piso documental desde 2015, no la cuenta histórica completa desde 1949, porque esa serie homogénea por nacionalidad no existe.
Para extender la cuenta hasta julio de 2026 hay que decir con claridad dónde termina el dato y dónde empieza la hipótesis. Todavía no existe una serie oficial comparable completa para 2024, 2025 y 2026. Si se mantiene prudentemente el stock de 2023 -82.797 alumnos- durante 2024 y 2025, y se computan siete doceavos de 2026, el acumulado desde 2015 llega a unas 775.000 matrículas-año. Con una permanencia activa media de entre cuatro y seis años y un ajuste moderado por quienes ya cursaban al comienzo o ingresaron cerca del final, el orden de magnitud queda entre 150.000 y 220.000 estudiantes extranjeros distintos durante ese período. No es un censo de personas. Es una estimación de carga sostenida. No pretende una exactitud de laboratorio; pretende mostrar la escala que el discurso prefirió mantener borrosa.
Además, la palabra "extranjero" mete realidades muy distintas dentro de una misma bolsa. La estadística universitaria llama así a quien no posee nacionalidad argentina según el documento registrado. Allí conviven residentes de muchos años, trabajadores que pagan impuestos, hijos de familias radicadas y estudiantes internacionales que llegaron principalmente a cursar.9 Por eso no se puede transformar la cifra completa en una columna de deudores. Para calcular cuánto subsidio salió efectivamente del país habría que saber quién se quedó, quién aportó, quién regresó y cuánto costó cada carrera. El Estado abrió la puerta, pero jamás instaló el contador. Esa omisión fue funcional: permitió proclamar generosidad sin medir retorno, costo ni sacrificio.
En salud, el agujero estadístico es todavía mayor. El Censo 2022 contó 1.933.463 residentes nacidos en otro país, el 4,2 por ciento de la población en viviendas particulares; solo el 51,4 por ciento tenía obra social o prepaga, incluido PAMI.10 Eso deja a unas 940.000 personas sin esa cobertura y, por lo tanto, con una dependencia principal del sistema público. Son residentes, no necesariamente visitantes ni oportunistas, y muchos sostienen al mismo Estado con IVA, alquiler, trabajo y consumo. Pero la cifra fija un piso material: la demanda extranjera potencial del sistema público no era una anécdota de frontera. Era una población del tamaño de una gran ciudad.
La Dirección de Estadísticas e Información de Salud registró 921.156.113 consultas ambulatorias en establecimientos públicos entre 2016 y 2022: de 121,6 millones en 2016 a 147 millones en 2022.11 Esas planillas no consolidan la nacionalidad del paciente. Si, solo como escenario demográfico, se atribuye a las personas nacidas en el exterior entre el 4 y el 5 por ciento de las consultas -una franja compatible con su peso poblacional y con su mayor dependencia de la cobertura pública- y se proyecta el volumen general para completar 2015-julio de 2026, el orden de magnitud queda entre 60 y 80 millones de consultas. No son 60 u 80 millones de personas: son atenciones, y un mismo paciente puede volver muchas veces. La cantidad de individuos distintos probablemente se cuente en uno o dos millones a lo largo del período, pero hoy no puede demostrarse porque el país no tiene un padrón nacional único.
Conviene repetirlo para no fabricar otra mentira: ese cálculo incluye sobre todo a inmigrantes residentes. No mide por separado el turismo sanitario ni permite adjudicar cada consulta al extranjero que cruza, se atiende y regresa. Para los no residentes, la evidencia nacional disponible ofrece costos y porcentajes, no una nómina acumulada. En 2024 el Ministerio de Salud atribuyó 42.000 millones de pesos a consultas de inmigrantes y 72.000 millones a egresos hospitalarios extranjeros en hospitales nacionales; esos egresos fueron el 10,58 por ciento del total.6 Como el sistema estadístico es federal y descentralizado, provincias y municipios registran de manera desigual, y la Nación no puede responder una pregunta elemental: cuántos pacientes extranjeros distintos atendió el país.12 Que el número no exista no vuelve gratuito al fenómeno. Vuelve irresponsable al administrador.
A julio de 2026, lo que puede decirse sin mentir es esto: desde 2015 la universidad estatal sostuvo alrededor de 775.000 matrículas-año extranjeras, equivalentes aproximadamente a entre 150.000 y 220.000 personas; y el sistema público de salud pudo haber brindado entre 60 y 80 millones de consultas a población nacida en el exterior, correspondientes quizá a uno o dos millones de pacientes distintos. La primera cifra nace de una serie administrativa y de una proyección declarada. La segunda es una horquilla demográfica, no un registro. Las dos muestran lo que la liturgia escondió: la solidaridad continental tuvo músculos concretos. Fueron noches de una profesora corrigiendo, guardias de una enfermera, impuestos de un albañil, espera de una jubilada y oportunidades que algún hijo argentino no encontró. El rostro de la solidaridad fue latinoamericano. La factura, casi siempre, tuvo domicilio obrero.
El continente no atiende en un solo mostrador
Comparar sirve para salir de dos simplificaciones cómodas: creer que solo la Argentina fue solidaria o suponer que todos los países serios cobran absolutamente todo. América Latina mezcla universalidad, residencia, selección, seguros, aranceles y convenios. No existe un único modelo. Existen decisiones políticas sobre quién entra, quién paga y qué contrapartida se espera.
Brasil mantiene la gratuidad de la enseñanza pública y un sistema sanitario, el SUS, accesible a brasileños y extranjeros incluso en situación migratoria irregular.13 Pero cuando organiza cooperación universitaria internacional, no necesariamente deja todo librado al aire. El programa PEC-G ofrece vacantes gratuitas a estudiantes de países con acuerdos, mediante selección; exige condiciones académicas y económicas y está pensado para que el graduado regrese a su país al finalizar.14 Hay apertura, pero está reconocida como política exterior: tiene procedimiento, propósito y reglas. No es una puerta abierta cuya factura nadie se toma el trabajo de contar.
Uruguay se acerca más al viejo universalismo argentino: la Universidad de la República declara gratuitas todas sus carreras, sin matrícula ni cuota y sin importar el país de procedencia.15 Chile armó otro mecanismo. Su gratuidad superior está focalizada en estudiantes del 60 por ciento de los hogares de menores ingresos y, para extranjeros, exige residencia definitiva o temporal; en este último caso, además, haber terminado la enseñanza media en Chile.16 Quien no reúne esas condiciones puede pagar aranceles. Colombia cubre la matrícula ordinaria de pregrado en instituciones públicas para beneficiarios de su política de gratuidad y admite extranjeros, pero asigna el beneficio según condiciones y prioridades de vulnerabilidad; no como derecho automático de cualquiera que llegue a estudiar.17
En salud sucede lo mismo: no hay una sola receta continental. Brasil sostiene una universalidad amplia. Chile no permite negar una urgencia grave, pero aclara oficialmente que la Ley de Urgencia no vuelve gratuita la atención: intervienen cobertura, copago y, en algunos casos, un préstamo del asegurador.18 Argentina y Bolivia tienen desde 2023 un acuerdo específico de reciprocidad para urgencias y emergencias, cualquiera sea la situación migratoria de sus nacionales.19 Por eso tampoco es cierto que al argentino siempre lo dejen tirado afuera. Existe reciprocidad, aunque es parcial. Una guardia de urgencia no equivale a una carrera universitaria completa ni a un tratamiento programado de alta complejidad.
A mí me parece más adulto un principio sencillo. La emergencia médica se atiende primero; después se cobra, se recupera el costo o se aplica el convenio que corresponda. La atención habitual de no residentes puede exigir seguro, pago o reciprocidad. La universidad puede seguir siendo gratuita para argentinos y residentes permanentes, y ofrecer a no residentes becas explícitas, convenios estratégicos o aranceles diferenciados. En carreras caras o críticas, una beca podría exigir residencia posterior, servicio profesional en el país o algún mecanismo de devolución. Nada de eso convierte a la Argentina en una fortaleza. La convierte en una comunidad que conoce sus límites y no obliga a médicos y profesores a pagar con su salario una política exterior que nadie presupuestó.
Pero sin contabilidad pública todo esto vuelve a ser verso. Cada universidad y cada sistema sanitario debería informar todos los años cuántos no residentes atiende o forma, en qué prestaciones y carreras, con qué costo promedio y marginal, qué recupera mediante seguros o convenios y qué beneficio conserva el país. Sin esos datos, la izquierda sentimental y la derecha punitiva inventan el número que necesitan. Una llama "derecho" a cualquier gasto sin nombrar al obligado. La otra llama "invasión" a cualquier extranjero. Las dos se sienten cómodas en la niebla, porque donde no hay números tampoco hay auditoría.
Mi objeción al universalismo peronista nace justamente ahí. Una promesa de justicia social se vuelve regresiva cuando un trabajador argentino pobre subsidia, mediante inflación y servicios deteriorados, la formación de alguien que puede regresar a su país con un título que ese trabajador pagó y que quizá sus propios hijos nunca alcancen. No hay justicia social en usar al de abajo como financista silencioso de una solidaridad continental decidida desde arriba. Cuando la solidaridad se paga con el salario del pobre, deja de ser solidaridad. Es obediencia con buena prensa.
Cuando el pasaporte volvió a la guardia
En mayo de 2025, el DNU 366 intentó cambiar el régimen de acceso amplio a extranjeros. Conservó la atención de emergencia cualquiera fuera la situación migratoria, pero dispuso que, en establecimientos administrados por el Estado nacional, la atención habitual de quienes no fueran residentes permanentes requiriera seguro o pago previo. En educación superior mantuvo la gratuidad para argentinos y residentes permanentes y habilitó a cada universidad estatal a cobrar a quienes no integraran esas categorías.6 No obligó a todas las universidades a arancelar ni modificó automáticamente el funcionamiento de los hospitales provinciales.
El giro quedó jurídicamente abierto. El 30 de junio de 2026, en una causa sobre quién puede otorgar la ciudadanía, la Cámara Nacional Electoral declaró nulo el DNU 366/2025 por exceso de las atribuciones presidenciales.20 La discusión puede seguir en instancias superiores. Pero el episodio deja una enseñanza previa a cualquier camiseta partidaria: una reforma estructural de derechos, presupuestos y federalismo necesita una ley, datos y debate público. Un decreto puede patear la puerta de la discusión; no debería reemplazarla.
Entonces conviene no mentirse. La discusión fiscal y la reciprocidad son legítimas. Los extranjeros eran una minoría del sistema universitario total, aunque estaban más concentrados en la UBA y en carreras costosas como Medicina. Esa minoría no explica el empobrecimiento argentino. Tampoco cuesta cero. El peronismo se equivocó cuando trató toda pregunta por la sostenibilidad como una mezquindad moral. El error contrario es usar al extranjero como chivo expiatorio portátil para no nombrar a los verdaderos responsables argentinos del desastre.
Lo que está en juego no es solo cuánto dinero se ahorra. También importa quién decide, quién paga y qué recibe el país a cambio. La Argentina obtuvo prestigio, vínculos e influencia al formar y atender latinoamericanos. Ese capital moral existe, pero no puede servir para borrar la factura material. Una política exterior generosa necesita presupuesto exterior. Una política educativa regional necesita cupos, convenios o contrapartidas. Una política sanitaria humanitaria tiene que distinguir una guardia de una prestación programada. Si todo se carga al presupuesto ordinario, el embajador termina siendo el profesor mal pagado y la cancillería funciona sobre la espalda de una enfermera.
La factura tuvo domicilio obrero
La Argentina educó gratuitamente a generaciones provenientes de casi toda América Latina y atendió y curó a innumerables latinoamericanos. Fue una obra enorme y sería mezquino negarla. Pero gratis fue para quien recibió. La sostuvieron contribuyentes, docentes, médicos, enfermeras y pacientes argentinos que esperaron más. No hace falta destruir aquella grandeza para decir la verdad. Ocultar quién la pagó fue, y sigue siendo, una estafa moral.
Cuando se mata una fábrica se pierde producción; cuando se mata una biblioteca se pierde futuro. La Argentina que educó y curó a América Latina no necesita un monumento ni otra estampita peronista. Necesita una regla adulta: ninguna solidaridad puede financiarse empobreciendo a quienes mantienen el país en pie. Porque si para iluminar el continente hay que quemar a nuestros maestros, médicos y trabajadores, no estamos construyendo un faro. Estamos armando otra hoguera y obligando a los de siempre a traer la leña.
Notas y fuentes
Las interpretaciones pertenecen al ensayo. Las fechas, normas y cifras fueron contrastadas con las fuentes siguientes. En los datos contemporáneos se conserva el alcance exacto de cada norma: nacional, provincial, universitario o migratorio según corresponda. Consulta realizada en julio de 2026.
1. Universidad Nacional de Córdoba, Decreto 29.337 de 1949 y evolución inicial de la matrícula universitaria. Fuente en línea
2. Universidad Tecnológica Nacional, historia institucional de la Universidad Obrera Nacional creada por la Ley 13.229 de 1948. Fuente en línea
3. Decreto 1558/2005, Año de Homenaje al Dr. Ramón Carrillo: expansión de camas y resultados sanitarios entre 1946 y 1954. Fuente en línea
4. Ley de Migraciones 25.871, texto original, especialmente artículos 6, 7 y 8 sobre igualdad de acceso, educación y salud. Fuente en línea
5. Secretaría de Políticas Universitarias, Anuarios de Estadísticas Universitarias 2015-2023: serie anual de matrícula estatal y estudiantes extranjeros, incluida su distribución institucional. Fuente en línea
6. Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025: datos de estudiantes extranjeros y modificaciones a salud, migraciones y educación superior. Fuente en línea
7. Gobierno de Salta, balance oficial de diciembre de 2024 sobre cobro a extranjeros no residentes, reducción de demanda y ahorro declarado en el hospital de Orán. Fuente en línea
8. Consejo Interuniversitario Nacional, resumen de la situación presupuestaria de marzo de 2026: caída real de transferencias y salarios universitarios. Fuente en línea
9. Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario de Estadísticas Universitarias 2015: definición y clasificación de estudiantes extranjeros e internacionales. Fuente en línea
10. INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, resultados sobre migraciones internacionales: población nacida en otro país y cobertura de salud. Fuente en línea
11. Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Consultas ambulatorias en establecimientos del subsector oficial, Serie 11 N.º 23: serie 2016-2022. Fuente en línea
12. Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Sistema Estadístico de Salud: organización federal y descentralizada de la producción de datos sanitarios. Fuente en línea
13. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, acceso de inmigrantes y refugiados al Sistema Único de Salud, incluso en situación migratoria irregular. Fuente en línea
14. Gobierno de Brasil, Programa de Estudiantes-Convenio de Grado (PEC-G): vacantes gratuitas, selección, requisitos y retorno al país de origen. Fuente en línea
15. Universidad de la República, Uruguay, información oficial para migrantes: carreras gratuitas sin distinción de país de procedencia. Fuente en línea
16. Ministerio de Educación de Chile, requisitos de gratuidad superior: focalización socioeconómica y condiciones de residencia para extranjeros. Fuente en línea
17. Ministerio de Educación Nacional de Colombia, política de gratuidad Puedo Estudiar: cobertura de matrícula, requisitos y acceso de ciudadanos extranjeros. Fuente en línea
18. ChileAtiende / Ministerio de Salud de Chile, Ley de Urgencia: atención no denegable, cobertura, copagos y carácter no gratuito. Fuente en línea
19. Boletín Oficial de la República Argentina, acuerdo específico de reciprocidad sanitaria entre Argentina y Bolivia para urgencias y emergencias, vigente desde julio de 2023. Fuente en línea
20. Ministerio Público Fiscal, Cámara Nacional Electoral: declaración de nulidad del DNU 366/2025 en junio de 2026 dentro de una controversia sobre ciudadanía.Fuente en línea.