El concejal Lisandro Másico (PDP – Unidos) ingresó un Proyecto de Resolución, con el acompañamiento de Carla Boidi, mediante el cual solicita a la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A., proceda a modificar el Anexo I.2.10 – Reglamento del Usuario y/o la disposición que corresponda, a los fines de que se proceda a cortar el servicio a los ocupantes ilegales de un inmueble, siempre y cuando exista denuncia del hecho delictivo ante el Ministerio Público de la Acusación, por parte de autoridades públicas municipales y/o provinciales y/o nacionales.

“La ocupación ilegal de predios y casas es un fenómeno social y legal que plantea una serie de desafíos tanto para los propietarios del inmueble como para las autoridades. Se ha tornado práctica frecuente en la ciudad que individuos ocupan de manera ilegal propiedades que no les pertenecen, generando conflictos legales, sociales, que van acompañados con hechos de violencia, los cuales generan en la comunidad impotencia e indignación, especialmente a quienes habitan en las inmediaciones del espacio tomado” manifestó el edil pedepista Lisandro Mársico.

“El Código Penal Argentino, en su artículo 181, castiga la usurpación con penas de seis meses a tres años de prisión para quien, por violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, despoje a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o ejerza turbaciones sobre el mismo. La norma protege la propiedad privada, permitiendo el desalojo de los ocupantes ilegales. Como medida para desincentivar este delito, debe negarse la posibilidad de brindar el servicio público de provisión de agua a los ocupantes ilegales del inmueble”, informó el concejal demoprogresista.

“Que ante la situación descripta corresponde el corte no solo del servicio de agua sino, como ya lo he plateado en otra iniciativa, la supresión del servicio eléctrico, con la finalidad de entorpecer la intrusión de las viviendas”, finalizó Mársico.