SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Tal como lo señaláramos, esta mañana, en el seno del Concejo fue considerado un proyecto de Ordenanza para la reforma de dos artículo9s de la Ordenanza Tributaria, situación que derivó en dos proyectos, uno del oficialismo y otro de la oposición, imponiéndose este último. Seguidamente difundimos los conceptos vertidos durante la fundamentación de Brenda Torriri.

Luego de varios meses de trabajo, llegamos a una instancia de vital importancia. Nos enfrentamos al desafío de debatir un tema que no es solamente financiero; es, sobre todo, político, social y está estrechamente vinculado al bien común de todos los sunchalenses.

Este proyecto, elaborado con la seriedad que la situación amerita, propone pensar un futuro mejor para nuestra comunidad. No estamos hablando de un "aumento", sino de una adecuación tarifaria. Haber postergado esta decisión durante tanto tiempo ha provocado que los vecinos se vieran privados de contar con mejores y más amplios servicios y, además, que el municipio perdiera capacidad de ahorro e inversión, entre otras consecuencias.

La tasa se justifica por la contraprestación de un bien/servicio cierto; donde tiene que existir un prudente equilibrio entre el costo del servicio y el valor efectivamente pagado. La propuesta presentada, conlleva un análisis cierto sobre el valor real de los servicios prestados teniendo, además una previsión de los eventos futuros, los famosos imprevistos con los que contamos cada vez más. Para lograr el prudente equilibrio, se considera necesario establecer un valor fijo en UCM para todas las categorías a fin de cubrir aquellos servicios que son comunes a todos, independientemente de las condiciones de Frente y Superficie. Para ello, se establece que el valor real que hoy el municipio enfrenta de los servicios de: Alumbrado, recolección en todas sus formas y planta de tratamiento de residuos (esta última formando parte integral del servicio de recolección), es, al cierre por ejemplo del mes de Julio, el municipio tuvo una emisión de TGIU de 154.728.244,94; mientras que lo que se invirtió para prestar los servicios fue de 351.575.277,00 por servicios de: Alumbrado, barrido, Mantenimiento red vial Urbana (ripio y pavimento), Recolección y Mantenimiento de espacios públicos (no edilicios). Esto demuestra que el municipio sobre la tasa tuvo un déficit de -196.847.032,06. Déficit que ha sido subsidiado con otros recursos tributarios y no tributarios, privando así el financiamiento de otros servicios necesarios e importantes para el desarrollo local.

Dentro de estos valores se debe considerar que no se incluyen aquellos costos indirectos, sino sólo el costo directo de cada uno de los servicios. Tal es así que no está incluido el gasto del área de atención y reclamos (147) que atiende finalidades derivadas de las tasas, el pago del mantenimiento de plataforma de internet y servidores para el centro de monitoreo, personal de catastro, fiscalización, recaudación, reparto, impresión, sistema, etc.

Bajo esta premisa, realizar una actualización por debajo de lo que cuesta el servicio acarrea el problema de mantener un subsidio de los servicios que provoca un desequilibrio financiero a corto y largo plazo, imposibilitando al municipio crear una capacidad de ahorro e inversión en mejoras o en planes habitacionales, etc. Este escenario no debe plantearse como la causa del déficit municipal, sino como el déficit en la prestación de los servicios de la tasa. Los contribuyentes hoy están pagando el 24,54% del valor (costo directo) que requiere la contraprestación de los servicios. Tal es así que, la emisión del municipio está por debajo del valor de gasto de los servicios de Recolección y Alumbrado solamente, los cuales fueron de aproximadamente 170 millones.

Esta realidad demuestra que es necesario un proyecto racional y de una adecuación tarifaria equilibrada entre los servicios prestados por el municipio y lo abonado por los contribuyentes. Esta realidad expone, tal como lo menciona la asesora en su informe; cito textual: “la tasa debe guardar una razonable equivalencia con el costo total del servicio público que presta el municipio. No puede ser superior (no puede generar lucro) ni inferior en forma significativa (no puede desfinanciar el servicio)” (Pág. 13 del informe). Esta realidad, incluso está siendo contradicha por aquellos que hacen uso de dicho informe para no apoyar este proyecto, porque a nuestra propuesta sólo la han puesto en tela de juicio y crítica. Pretenden que la emisión de la tasa siga siendo deficitaria. Y no estamos hablando solo de la recaudación, sino de la emisión. Como dice en su informe la asesora: “No puede ser inferior porque desfinancia el servicio”. Ahora bien, siguiendo esta lógica de que el municipio no pude emitir menos de lo que los servicios salen; y se brindó información de los valores de los servicios como lo mencioné al inicio; tenemos también para su corroboración acceso al personal que brinda información; las ejecuciones presupuestarias, entre otras cosas. Y me pregunto, Qué tan serio es que la asesora nos diga que no podemos emitir menos, pero, al mismo tiempo tenemos hoy un proyecto paralelo que será debatido y que está por debajo del 50% del valor real de los servicios?.

El desfinanciamiento de hoy, mantenerlo, causaría no sólo que los servicios no puedan perfeccionarse y brindarse con mayor y mejor calidad; sino que los mismos se vean cada vez más disminuidos por la falta de capacidad de ahorro, y de inversión municipal. Cuando ingresó este proyecto mencione que he estado reunida con Luis Zamateo, enumeré cuales fueron las medidas que se tomaron desde su área porque el dinero no alcanzan, hemos estado varias mañanas en el corralón a primera hora para ver la cruda realidad que vive el empleado municipal quien hoy sufre recortes y repercuten los mismo en la calidad de servicio que brindamos al vecino. Tal es así que el argumento de financiar el restante con otros tributos (DREI, Coparticipaciones, Multas, etc) es un recurrente, y cabe aclarar que el municipio además de estos servicios presta otros como atención a la salud mediante centros de salud propios, jardines maternales, políticas familiares, habitacionales, de género, sociales, alimentarias, accesibilidad y discapacidad, empleo y producción, etc. las cuales también deben ser financiadas con fondos propios. Por lo que, cubrir mediante un subsidio indirecto con otras fuentes de financiamiento aquello que debería ser proporcionalmente racional a lo pagado por los contribuyentes es un acto éticamente incorrecto. Y ahora me pregunto si el pensamiento es este ¿se piensa realmente en la gente? ¿Se puede privar a gran parte de los ciudadanos de otros servicios?

Pero también nos encontramos con otros argumentos como cuando se dice “bajar el gasto público” como bandera de acción. ¿Se contempla la realidad de un municipio y desde el municipio? No es lo mismo plantear el recorte del espacio público a nivel nacional o provincial que municipal. ¿Se contempla el impacto social? Siguiendo esa lógica, el municipio sólo debería acotarse a la contraprestación de servicios tales como limpieza, mantenimiento de calles, alumbrado, etc. y “desatender” realidades humanas, dejando de lado así salud, educación, discapacidad, empleo, producción, abordajes sociales, etc. Si es así, cerremos las puertas y salgamos, nosotros concejales a barrer las calles, porque tampoco seríamos necesarios entonces. Recordemos que, al asumir en diciembre de 2023, el intendente Pablo Pinotti impulsó un proyecto de responsabilidad fiscal, aprobado por este Concejo, que establece que al finalizar cada gestión también concluye la vinculación del personal político incorporado durante ese período. A esto se suman la ordenanza de concursos especiales y la creación de la Junta Médica, destinada a regularizar situaciones que hoy siguen siendo irregulares y que se fueron generando a lo largo de los años. Asimismo, se establece un régimen disciplinario que prevé sanciones para el personal y, cuando corresponda, su desvinculación, además de un proceso integral de regularización de la planta de personal. En los últimos días se afirmó que esta gestión incorporó a más de 100 personas. Sin embargo, esa afirmación no coincide con la documentación oficial. Las ordenanzas de presupuesto y los decretos publicados en el Boletín Oficial muestran que en 2023 se dispusieron 56 designaciones en planta permanente, las cuales fueron posteriormente y por esta gestión reflejadas y así y todo habían sido aprobadas por este Concejo. Recién en el Presupuesto 2025 se transparenta la estructura real del personal municipal, incorporando además la categoría de prestadores de servicios, integrada por trabajadores que desde hace años cumplen funciones en áreas esenciales como el Liceo Municipal, jardines, centros de salud, NIDO y la Banda Municipal. Por eso es importante debatir con datos oficiales y no con titulares. La documentación está disponible para que cualquier vecino pueda consultarla. La verdad se demuestra con hechos.

Así mismo cuando el argumento versa sobre “el bolsillo del contribuyente”. ¿Se piensa en el vecino cuando son aprobados proyectos para aumentos tarifarios, o como dijo algún edil por los medios estos días “aumentazo”, “tarifazo” por más del 80% de un año a otro como en el caso del agua potable o el 41% de la luz? ¿Realmente se piensa en el bolsillo de la gente cuando se desvían recursos de servicios esenciales para destinarlos a fondos que, con el tiempo, resultan inviables?

¿Hacia dónde nos dirigimos si no se adecúa de manera correcta la tributaria? Acrecentaremos la realidad. El municipio hoy presenta un déficit a pesar de haber realizado ajustes, recortes y un control minucioso en los gastos. En el mes de Julio se logró invertir la curva devengando menos de lo recaudado, dicho impacto se verá positivo en dos meses. Pero de no darse nuestra propuesta de adecuación tarifaria, los servicios serán menores, la capacidad de ahorro imposible, la inversión y capitalización una fantasía lejos de alcanzar. Y lo mencionó en la intervención que hizo el día de ayer un empleado de planta, no un funcionario, un empleado de planta que a diario esta con el sistema contable del municipio.

Por eso, hoy está en manos de este Concejo decidir qué futuro queremos construir: si priorizamos un Sunchales mejor o si anteponemos la comodidad de cuidar nuestra propia imagen para evitar asumir una decisión que sabemos que puede generar incomodidad. Una adecuación tarifaria nunca es una medida agradable para los vecinos, pero gobernar también implica dar los debates difíciles y tomar las decisiones necesarias cuando el bienestar común así lo exige. Se trata de, entre todos, sentar las bases para la ciudad que queremos. Mientras más demoremos, posterguemos o evitemos esta adecuación tarifaria, más demoraremos la posibilidad de brindar a cada sunchalense servicios de mayor calidad y eficiencia.