El Concejo Municipal llevó a cabo este lunes una nueva reunión de comisión. Luego de tratar nueve proyectos, el bloque Juntos Avancemos y Frente de Todos defendió el que busca un equilibrio entre el bolsillo de los vecinos y lo que necesita el Estado local para garantizar la prestación de los servicios. Cabe recordar la polémica sesión del 23 de noviembre del año pasado, en que la oposición en ese entonces votó a favor la propuesta de aumentar un 60% la Tasa Municipal durante el primer cuatrimestre de este año con un valor de la UCM de $22,59. El oficialismo en cambio, había propuesto hacerlo de manera semestral y de forma escalonada. De acuerdo a lo establecido en la citada ordenanza, el valor de la UCM, se actualizará cuatrimestralmente de acuerdo a la fórmula polinómica que incluye: 50% del ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal; 10% por la variación operada en el período considerado del precio del gasoil; 40% por la variación operada en el período considerado del INDEC. Ahora, de la vereda del frente, la oposición intenta nuevamente ajustar dicha ordenanza contemplando la situación actual inflacionaria. En su Considerando se lee: “Que nuestra ciudad no es ajena a la situación económica por la que atraviesa nuestro país. Que, en su mayoría, los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo producto de la inflación, principalmente los valores registrados en diciembre del año 2023 y los primeros meses del año 2024”. Proponen modificar el Art. 31° estableciendo que el importe de la UCM se actualice semestralmente en los meses de enero a junio y de julio a diciembre de acuerdo al coeficiente de ajuste de la mencionada fórmula, y que la aplicación del importe resultante de la actualización de la UCM se ejecute de forma escalonada bimestralmente. Luego de explicarlo, el concejal Senn manifestó: “Esta es una propuesta, y nosotros estamos dispuestos a escuchar cualquier otra para mejorar la situación, porque lo último que quisiéramos es desfinanciar el Municipio. No queremos que pierda la ciudad, pero hoy, es muy que el contribuyente pueda hacerle frente al aumento que se da producto de la inflación”.

PROYECTOS DE ORDENANZA
Debido a que se han registrado diferentes hechos ilícitos contra los consumidores o usuarios vinculados a fraudes informáticos, los concejales de Juntos por el Cambio y Unidos para Cambiar Santa Fe, impulsaron una ordenanza para la adhesión de la Municipalidad de Rafaela a la Resolución N º 87 /2024 de la Secretaría de Comercio de la Nación, la que establece los criterios para que el consumidor conserve su tarjeta y para que los establecimientos comerciales adapten sus terminales electrónicas de cobro y las pongan a su disposición, minimizando el riesgo del uso fraudulento contra el usuario. Además, dispone un plazo de adecuación a la misma de ciento ochenta días desde su entrada en vigencia, a efectos que los proveedores adapten los servicios de atención al cliente de acuerdo a lo establecido en la normativa. “Desde el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, se está avanzando en convenios con entidades bancarias para que los comerciantes puedan acceder a la renovación de los posners, dándoles posibilidades y así adherirse a la Resolución”, informó la concejal Fossatti.
Por otra parte, si bien el tratamiento de la ordenanza referida a la adhesión de la Municipalidad de Rafaela a la Ley Provincial Nº 14191 que establece el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos comenzó el lunes ocho, debido a ciertas inquietudes de la oposición y cuestiones técnicas que debían ser aclaradas quedó en comisión. Ayer nuevamente fue tratada, y recibió despacho. “Que por los materiales que se comercializan en este tipo de comercios resulta necesaria la creación de un sistema de registro de ingreso de algunos materiales como por ejemplo cobre, bronce y aluminio, de tal forma que se genere el debido contralor respecto de este tipo de metales y aleaciones tendiente a prevenir la comercialización de los mismos cuando su origen no está previamente determinado, garantizando así que no provengan de robos o hurtos, atento el gran interés que representan por su valor económico”, explica entre otras cosas su Considerando. La concejal Carla Boidi dijo al respecto luego de haber hecho una revisión y hablar con el Ejecutivo: “Como primera medida se adhiere a todo lo que contempla la Ley, luego lo va a normar”. Y explicó que, según lo contempla la Ordenanza, la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Gobierno Provincial y que labor del Municipio, será colaborativa.
También, recibió despacho la ordenanza que autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda a transferir en calidad de donación a la Municipalidad de Rafaela los fondos necesarios para la "Adquisición de 315 medidores de agua potable para conexiones domiciliarias" a través del procedimiento de Licitación Pública. En su Considerando, se explica que “mediante Decreto N° 52.884 se llamó a Licitación Pública cuyo objeto era la contratación de la Provisión de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura Básica para el Desarrollo de una Urbanización de 315 Lotes en Concesiones 203-204 en la Zona Noreste de la Ciudad de Rafaela, y que en la licitación mencionada, se “omitió” solicitar medidores de agua potable que utiliza Aguas Santafesinas S.A. para conexiones domiciliarias. “Se omitió la adquisición de los 315 medidores para estos lotes, así que lo que se está pidiendo es suscribir este contrato de donación”. Luego, el concejal Senn, manifestó el acompañamiento a tal ordenanza, pero recordó que, en el mes de febrero y a través de un medio local, el secretario privado de Intendencia y de Comunicación de la Municipalidad de Rafaela Iván Viotti manifestó “que se encontraron con que la gestión anterior desconoció en la documentación oficial el tema de los medidores, y ahora se estaban encargando de subsanar errores”, siendo que el incumplimiento fue por parte de Nación. “¿Qué quiero decir con esto? Salió un parte de prense oficial diciendo que era un problema de la gestión anterior, siendo que el que incumple es el Estado nacional. Se informó algo a la ciudadanía que no era así”, explicó el edil. Con respecto a esto, la concejal Sagardoy le contestó que “las responsabilidades son compartidas”, mientras que el presidente del Concejo le contestó que iban a chequear esa información publicada.