La ley 23.548, sancionada y promulgada en enero de 1988, estableció un régimen de coparticipación de impuestos, según el cual, del total de la masa coparticipable 42,3% quedaría para la nación y 54,66% iría a las provincias automáticamente. Un nuevo acuerdo consensuado con las provincias debió darse antes de 1996, de acuerdo con el mandato de la Constitución sancionada en 1994. No ocurrió esto y lo que vino desbordó todo límite. En la actualidad, las provincias reciben $1 de cada $4 recaudados; antes del 2000 recibían $1 de cada $3. Un trabajo de los economistas Nadín Argañaraz y Ariel Barraud, del IARAF, indica que “si se tomaran solamente los impuestos que legalmente son coparticipables”, según la ley de 1988 el reparto debiera ser de 60% para las provincias y 40% para el nivel federal. “La realidad muestra -dicen- que se da la situación inversa”. El trabajo estima que entre 2003 y 2015 el monto acumulado de los recursos a coparticipar entre las 24 jurisdicciones, que quedaron en poder del gobierno federal, ascendería al final del período a 800.000 millones de pesos, de los cuales más de $ 196.500 millones se cederán en el corriente año. Un nuevo régimen, en un todo acorde al espíritu del federalismo se impone por razones incuestionables. La principal hace el orden constitucional quebrantado largamente.