Por Javier Alvarez

(Especial de NA)

El presidente electo Mauricio Macri se apoyará en los

gobernadores no kirchneristas para intentar un "acuerdo razonable"

con las provincias ante la imposibilidad de devolver en el

arranque de su gestión el 15% de coparticipación que Cristina

Kirchner les descontó desde 2006.

Rogelio Frigerio, designado ministro del Interior, viene

convocando a los mandatarios provinciales a una cita para el

sábado 12 de diciembre en la Casa Rosada, con el objetivo de

madurar el acuerdo con el apoyo anticipado de algunos de los no

kirchneristas.

En el equipo económico de Cambiemos confían en que primará la

razón de los gobernadores para consensuar que las arcas nacionales

no están en condiciones de relegar ahora fondos que comprometan su

estabilidad, debido a un déficit fiscal de 263.000 millones de

pesos.

Según dijeron fuentes del equipo que encabeza el designado

ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, se les mostrará

los números a los gobernadores para que comprendan que si no fuera

por el financiamiento del Banco Central y la ANSeS el rojo fiscal

superaría los 355.000 millones de pesos en 2015.

En el nuevo Gobierno sostienen que Cristina Kirchner le dio

cuerda al reloj de "una bomba" antes de irse, al firmar el Decreto

de Necesidad y Urgencia 2635 con el que dispuso el cese del

descuento del 15% de la Coparticipación a todas las provincias,

que estaba destinado a financiar la ANSeS.

Si bien Macri analiza anular ni bien asuma el DNU, la idea del

equipo de Prat Gay es consensuar con los mandatarios provinciales

que la devolución de las retenciones que venía haciendo la Nación

se dé progresivamente a medida que se corrijan las variables

económicas que provocaron el hueco fiscal.

Frigerio está convencido de que los reclamos por

coparticipación no se van a generalizar y que incluso Córdoba,

Santa Fe y San Luis, a las que benefició directamente el fallo de

la Corte Suprema para la devolución de fondos, se abrirán a

negociar una salida, pero la preocupación está en que algunas

jurisdicciones tienen sus cuentas corrientes en cero.

El Poder Ejecutivo nacional mantiene créditos activos con las

provincias, por el uso discrecional de los excedentes por sobre el

Presupuesto en los últimos años, los cuales podrían convertirse en

herramientas clave para Macri a la hora de sentarse a negociar y

compensar.

El plan económico que Macri pondrá en marcha el 10 de diciembre

prevé la reducción de subsidios a la energía, lo que estrechará

parcialmente el gasto público, además de la unificación del tipo

de cambio con una devaluación para dar competitividad a las

empresas y reactivar la economía, estancada hace cuatro años.

Los gobernadores no kirchneristas como Ricardo Colombi

(Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza) coinciden en buscar una

salida consensuada para atender las urgencias e incluso ya lo

están hablando con los intendentes, quienes también apoyarán

siempre y cuando puedan pagar los salarios y aguinaldos.

La misión más áspera es con los gobernadores kichneristas como

Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet

(Entre Ríos) dado que sus estructuras partidarias lideradas en los

hechos por los antecesores José Alperovich, Jorge Capitanich y

Sergio Urribarri, respectivamente, son más reacias a negociar con

Macri.

Consultado sobre la situación, el intendente de Mendoza, el

radical Rodolfo Suárez, dijo que "es de mala calaña lo que firmó

la Presidenta" a diez días de dejar el Poder Ejecutivo, porque

desfinanciará al Estado nacional, pero admitió la fuerte necesidad

financiera de su provincia.

El ministro de Hacienda de Corrientes, Enrique Vaz Torres,

anticipó que por orden de Colombi se buscará cómo resolver "de

forma razonable" la llegada de más recursos a la provincia litoraleña

con la administración Macri y también cuestionó el DNU.

"O mentía la Presidenta cuando decía que no le alcanzaba y que

se iba a desfinanciar la ANSeS o es cierto que lo que realmente

quiere hacer es generar un problema al gobierno que viene", dijo

Vaz Torres, tras conocerse la decisión nacional.

Vaz Torres aclaró que la devolución de esos fondos satisfará

a los gobernadores porque era un reclamo que llevaba muchos años,

pero admitió que la devolución automática y total ahora no es

posible debido a que se desfinanciarían programas sociales de

fuerte impacto.