En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fue oportuno reflexionar sobre este flagelo que hoy sufre nuestro país y que ataca las dos condiciones fundamentales de la libertad del ser humano, flagelo constituido por el narcotráfico y, su anverso, las adicciones.
Como Diputado provincial he presentado un conjunto de proyectos mediante los cuales propongo que el Estado dimensione esta problemática como urgente, aportando los recursos humanos y económicos que la magnitud del tema exige, procuro también, que discutamos los efectos del narcotráfico desde el punto de vista de los daños que genera en los consumidores, que discutamos cómo salvamos a miles de santafesinos del consumo problemático que aniquila su libertad, porque es salvar no sólo a la generación presente sino también a las futuras.
El partido al que pertenezco ha combatido siempre el narcotráfico, ha desnudado vínculos y complicidades, ha denunciado y propuesto medidas concretas para perseguir a los responsables y eliminar la criminalidad. En este sentido, las iniciativas actuales, en debate en la Cámara de Diputados de nuestra Provincia, vienen a dar un paso más, puesto que, sí brindamos la debida atención a quienes consumen, podrán apartarse del comercio de drogas, las redes de distribución perderán su “clientela”, y la justicia tendrá mayores testimonios para investigar la verdad y condenar a los culpables. Enfrentar el narcotráfico implica actuar tanto sobre la oferta, con reformas policiales y judiciales que alcancen impunidad cero, como sobre la demanda, mediante el desarrollo de políticas públicas preventivas, para reducir el ingreso de personas al consumo; de tratamiento para quienes ya padecen el problema; y de contención social para las familias, y en especial para niños, adolescentes y jóvenes, iniciativas todas que son objeto de nuestras propuestas.
El panorama de una Argentina que detenta el segundo lugar en cantidad de contagios de HIV por uso de sustancias psicoactivas vía intravenosa, en la que por año unos 130.00 individuos experimentan consumos abusivos de drogas ilícitas, ubicando a nuestro país como el primero de América Latina en cantidad de policonsumidores de sustancias ilícitas, según las estadísticas de la Sedronar, y que en los últimos 20 años ha duplicado la cantidad de cárceles, pero que no ha hecho la misma inversión en centros de atención de adictos, impone que la búsqueda de soluciones no se retrase mas. Hace tiempo que las 2.890 camas de internación, repartidas en sólo 109 centros especializados en todo el territorio nacional, están cubiertas en su totalidad.
A partir de recorrer la Provincia y conocer sus dificultades, observé un estado de situación crítico en materia de adicciones, por carencia de infraestructura pública idónea, crecimiento preocupante del consumo y, en consecuencia, de la demanda en instituciones privadas que no tienen una articulación fluida con el sector público, población sin cobertura de obra social e impedida de acceder a procesos terapéuticos, carencia de protocolos estandarizados de atención de crisis en los efectores de salud, ausencia de contención posterior de los afectados que sobrepasaron un proceso terapéutico, e incluso ausencia de datos estadísticos oficiales que permitan planificar y ejecutar una política pública provincial.
Uno de los aspectos más preocupantes concierne a la atención de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente, si un niño concurre a su escuela, con síntomas evidentes de consumo de sustancias ilícitas, los docentes no tienen un procedimiento en base al cual actuar y afrontar el problema. En este contexto, sólo les queda apelar a un comportamiento heroico, que en justicia no exige ni nuestro orden jurídico ni social. Ante este panorama, es preciso prever qué hacer, a quien dirigirse, cómo, y qué esperar de cada estamento. Por esto, uno de los proyectos presentados regula en especial cómo deben proceder nuestros docentes, que ello sea de posible cumplimiento, y que encuentre su correlato en la actuación subsiguiente del sistema de salud.
Especial reconocimiento merece el trabajo de las asociaciones que prestan el servicio de tratamiento, por la dedicación, el compromiso, la formación y capacitación permanentes.
Los santafesinos y muy especialmente las personas que los representamos, tenemos que ser capaces de priorizar, ante cualquier otro debate, la prevención y el tratamiento de quienes padecen consumo problemático de sustancias adictivas y las acciones para erradicar el narcotráfico, de manera de cubrir ambos lados de la problemática. Debemos ocuparnos al mismo tiempo de la seguridad pública y de la salud pública, puesto que los dos derechos son parte de la convivencia ciudadana que es preciso preservar y mejorar. El debate y la búsqueda de propuestas superadoras en cuestiones de droga dependencia, que hacen al derecho a la salud, no deberían tener otra categoría que no sea la de cuestión de Estado.
Es preciso desarrollar, y así está planteado en los proyectos de ley, una red de actores e instituciones para afrontar este problema, que excede a los profesionales de la salud y de la justicia, y debe abarcar a las familias, las comunidades educativas, equipos interdisciplinarios para la prevención y cuidado en zonas sensibles, unidades especializadas para el tratamiento, generando mayor articulación entre el Estado y la sociedad y nuevos dispositivos de atención específica.
Para concluir, estoy convencido de que la adicción a las drogas debe tratarse como una enfermedad, que las personas necesitan asistencia médica, no ser castigadas como delincuentes por el hecho del consumo, y de que el Estado debe aumentar los recursos tanto para la prevención como para asistir a los ciudadanos que sufren este problema. Es nuestra responsabilidad asumir el compromiso y generar conciencia sobre este flagelo que nos afecta a todos.
(*) Diputado provincial CC-ARI.