La firma del decreto que prohíbe la actividad de lavacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado no es solo una medida administrativa. Es, sobre todo, una decisión política de alto impacto para la gestión de Leonardo Viotti, que eligió avanzar sobre una problemática que atraviesa seguridad, espacio público y vulnerabilidad social.
El tema no es nuevo en Rafaela. Ya en 2018, durante la intendencia de Luis Castellano, se intentó ordenar la actividad mediante un registro oficial que terminó sin resultados sostenidos. El propio decreto firmado ahora reconoce ese antecedente fallido. También admite que una campaña de concientización impulsada en 2025 por la actual gestión perdió eficacia con el tiempo.
La diferencia es que ahora el Ejecutivo optó por un cambio de enfoque: dejar atrás la regulación y avanzar directamente hacia la prohibición.
No es un dato menor que la iniciativa haya sido presentada previamente ante el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), sector que venía reclamando una intervención más contundente. Tampoco lo es que LA OPINIÓN haya anticipado los ejes centrales del decreto una semana antes de su firma, instalando el debate en la agenda pública.
La reunión previa con concejales también dejó señales políticas. Asistieron los bloques oficialistas y el concejal Fabricio Dellasanta, de La Libertad Avanza, pero no participaron los cuatro ediles del peronismo. Viotti no dejó pasar el dato y marcó la ausencia como una falta de voluntad de trabajo conjunto. En un año con fuerte clima político, el gesto no parece casual.
El intendente, además, decidió proyectar la discusión más allá de Rafaela. Su anuncio de que entregará al gobernador Maximiliano Pullaro un proyecto para prohibir la actividad en toda la provincia eleva el tema a escala santafesina y lo posiciona en una agenda alineada con el discurso provincial en materia de orden y seguridad.
La medida combina un mensaje de firmeza —multas elevadas, controles, articulación con fuerzas de seguridad— con un esquema de acompañamiento social que incluye abordaje de adicciones, refugio y herramientas de reinserción laboral. El desafío estará en la implementación: sostener el control sin generar mayor conflictividad y lograr que la propuesta social tenga resultados concretos.
En definitiva, la decisión marca un punto de inflexión en el debate sobre el uso del espacio público en Rafaela. Si el decreto logra efectividad, Viotti habrá capitalizado una demanda social de larga data. Si encuentra obstáculos en su aplicación, el costo político también será significativo.
En cualquiera de los escenarios, el tema dejó de ser exclusivamente municipal para transformarse en una discusión política más amplia sobre seguridad, inclusión y límites en la convivencia urbana.