En el debate económico sobre los aranceles suele aparecer una escena muy concreta: la fábrica que vuelve a producir, la línea de montaje que se reactiva y los trabajadores que recuperan su empleo. Esa imagen es potente y políticamente seductora. Pero, en economía no alcanza con mirar lo que se ve; también hay que observar lo que no se ve.
Los aranceles, impuestos a las importaciones, buscan proteger a las industrias locales de la competencia externa, encareciendo los productos importados con respecto a los nacionales. En el corto plazo, el efecto es claro: algunos sectores domésticos ganan mercado y pueden sostener o incluso aumentar el empleo. No es casual que esta herramienta haya sido utilizada históricamente bajo el argumento de la industria naciente.
Sin embargo, el problema aparece cuando ampliamos la mirada al conjunto de la economía y, sobre todo, al largo plazo.
Cuando un país impone aranceles, los consumidores y las empresas comienzan a pagar precios más altos por bienes importados o por sus sustitutos locales. Eso reduce el poder de compra, encarece insumos y termina afectando a otras actividades productivas que dependen de esos bienes. El resultado es que el empleo que se “protege” en un sector puede terminar destruyéndose en otros.
Diversos estudios muestran este fenómeno, de manera científica y también con evidencia empírica que el aumento de aranceles puede generar algunos empleos en sectores protegidos, pero al mismo tiempo destruir muchos más en el resto de la economía debido al encarecimiento de insumos, la pérdida de competitividad y las represalias comerciales de otros países.
La historia económica también aporta lecciones. Durante la Gran Depresión, la famosa ley arancelaria impulsada por el gobierno de EE.UU. elevó significativamente las barreras comerciales en Estados Unidos. La consecuencia fue una fuerte caída del comercio internacional y represalias de otros países, lo que agravó la crisis global.
Por eso, muchos economistas coinciden en que el proteccionismo funciona como una especie de subsidio oculto, pues beneficia a un grupo visible —las empresas protegidas— mientras reparte costos difusos entre consumidores, exportadores y sectores que dependen de insumos importados.
Un ejemplo cercano y probado, se puede ver en la industria automotriz argentina. Durante décadas el sector ha estado protegido por aranceles elevados y distintas restricciones a la importación para sostener la producción local. Eso permitió preservar miles de puestos de trabajo en las plantas automotrices y autopartistas. Pero al mismo tiempo implicó que los consumidores argentinos paguen vehículos considerablemente más caros que en otros países y que muchas empresas enfrenten costos más altos para renovar su flota. Es decir, el empleo que se protege en una industria termina siendo financiado, muchas veces silenciosamente, por millones de consumidores y por otros sectores productivos.
El efecto sobre el empleo, entonces, es más complejo de lo que parece. Los aranceles no crean trabajo de forma neta: lo redistribuyen. Trasladan empleo desde sectores competitivos hacia sectores protegidos. Y cuando esa protección se prolonga demasiado, el riesgo es que la economía termine sosteniendo actividades menos productivas, con salarios reales más bajos y menor crecimiento.
Aquí aparece también una vieja enseñanza moral sobre el valor del trabajo. En la Segunda Carta a los Tesalonicenses, San Pablo advertía con una frase contundente: “el que no quiera trabajar, que tampoco coma”. Con ella recordaba que la comunidad no puede sostener indefinidamente a quienes no generan su propio sustento.
Trasladada al plano económico, la enseñanza es clara. El desafío de un país no es levantar muros permanentes para proteger actividades improductivas, sino construir sectores capaces de sostenerse con su propio esfuerzo, innovación y competitividad.
Porque en economía, como en la vida, proteger demasiado puede terminar debilitando aquello que se intenta cuidar.
#BuenaSaludFinanciera
@ElcontadorB
@GuilleBriggiler