"Yo nunca torturé a nadie, ni maté", se había defendido César Milani, entonces jefe del Ejército del gobierno de Cristina Fernández, en una entrevista con la presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, en la TV Pública en 2013.

Pasaron menos de cuatro años y el ex militar está detenido, acusado de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de tres riojanos: Pedro Olivera y su hijo Ramón Alfredo, y Verónica Matta, entre los años 1976 y 1977, plena dictadura militar.

Hay otras causas pendientes contra Milani: la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo en 1976 en Tucumán durante el Operativo Independencia, sumado a otras presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py: está procesado por enriquecimiento ilícito; abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales; y haber montado un sistema de inteligencia paralelo para espiar a políticos opositores y periodistas.

Uno de los pilares de los gobiernos kirchneristas en sus 12 años en el poder fue los derechos humanos, abusando políticamente de este tema y también a las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las que perdieron su autonomía de funcionamiento y objetivos fundacionales en la búsqueda de la verdad de los años de plomo en la última dictadura (1976-83).

¿Por qué designaron a una persona al frente de las Fuerzas Armadas con denuncias por violaciones de los derechos humanos? ¿Por qué los jueces demoraron tanto tiempo para dar lugar a las demandas y avanzar en los procesos judiciales? ¿Por qué hay que esperar que los funcionarios hayan dejado el poder para ser juzgados?

Lamentablemente, los jueces se mueven según los "vientos" del poder político de turno y, en este caso, una vez más quedó al descubierto, mostrando primero el ascenso y luego la caída de Milani, siendo un signo evidente de lo enferma que está la dirigencia argentina...