El presidente de la Federación de Entidades Vecinales (FEV) de Rafaela, Rafael Barreiro, presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Rafaela contra la Municipalidad por la ausencia de respuesta a un pedido formal de acceso a información pública. La medida fue comunicada al Concejo Municipal mediante una nota ingresada el 25 de noviembre, en la que detalla los pasos realizados y solicita la intervención del cuerpo deliberativo para clarificar el estado del trámite.
Según expone en el escrito, Barreiro realizó el 12 de septiembre de 2025 una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Gobierno, la cual fue formalizada en Mesa de Entradas bajo el Expediente Nº 328562/2 el 18 de septiembre. Sin embargo, afirma que desde entonces no obtuvo ninguna respuesta por parte del funcionario responsable.
Ante esa situación, el presidente de la FEV decidió avanzar con una presentación por “denegación de acceso a la información pública y eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Agencia de Acceso a la Información Pública, trámite que llevó adelante el pasado 14 de noviembre.
En paralelo, Barreiro manifestó su intención de replicar la denuncia en el ámbito provincial y municipal, citando como marco normativo la Ordenanza Municipal Nº 4865, la Ley Provincial Nº 14.256 y el Decreto 692/2009, que regulan el derecho de acceso a la información en Santa Fe y establecen obligaciones precisas para los organismos públicos.
“Un peregrinaje sin resultados”
En su presentación ante el Concejo, Barreiro describe las dificultades para obtener novedades sobre el expediente, señalando que el seguimiento del trámite se convirtió en “un peregrinaje entre el subsuelo (Mesa de Entradas) y la propia oficina del Secretario, sin resultados”.
Además, advierte que en el ámbito municipal “el Ejecutivo es juez y parte del problema”, lo que —según plantea— no garantiza la diligencia requerida para gestionar solicitudes que deberían ser atendidas con normalidad.
La nota dirigida a los concejales solicita dos acciones concretas:
-Aclarar la sustanciación del Expediente 328562/2, cuya tramitación, asegura, no ofrece señales de avance.
-Precisar cuáles son las instancias recursivas previstas en el artículo 11 de la Ordenanza 4865 para los casos en que un organismo no responde en tiempo y forma.
Asimismo, consulta quién debe sustanciar un eventual sumario administrativo, tal como prevé el artículo 12 de la misma normativa, que remite a los procedimientos establecidos en la Ley Provincial 9.286.
En su mensaje, Barreiro señala que muchos ciudadanos acuden al Concejo ante la falta de respuestas de otras áreas del Estado municipal y remarca que la ausencia de información obliga en ocasiones a recurrir a asesorías legales y a la Justicia, algo que —considera— podría evitarse si las dependencias actuaran con mayor celeridad.
“La animosidad o la apatía de un funcionario no debería poner en jaque al sistema”, afirma en uno de los párrafos, al tiempo que subraya que su objetivo es obtener datos que permitan aportar claridad al trabajo legislativo, especialmente en temas que ya fueron debatidos en el recinto y que podrían ser tratados próximamente.
Un caso que reabre el debate sobre el acceso a la información pública
La denuncia de Barreiro vuelve a poner sobre la mesa la discusión en torno al cumplimiento efectivo de las normas de transparencia activa y pasiva en el ámbito municipal. La Ordenanza 4865, sancionada hace más de una década, establece plazos, obligaciones y mecanismos para garantizar que cualquier vecino pueda solicitar y obtener información pública sin contratiempos.
La intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Agencia de Acceso a la Información Pública podría derivar en actuaciones administrativas o judiciales, dependiendo de la evaluación del caso.
Mientras tanto, el Concejo Municipal deberá decidir si toma alguna acción institucional ante el planteo realizado por el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, un actor frecuente en debates vinculados al funcionamiento del Estado local y a la participación ciudadana.