En el ejemplar de La Voz del Interior del sábado 3 ppdo., en su página 9/A// La Trastienda// se puede leer la nota del periodista Julián Cañas: “De la Sota y Mestre, obligados a un ajuste antes de las urnas”; que empieza sosteniendo: “Son los cordobeses con mayores responsabilidades de gestión. También los que acuñan los sueños más relevantes: ser presidente de la Nación y gobernador de Córdoba, respectivamente”, concluyendo la misma con una fastidiosa realidad: “En este contexto, los cordobeses deberán afrontar un fuerte aumento de impuestos sin la garantía de que recibirán mejores servicios con un gobernador y un intendente de la Capital enfrascados en la próxima campaña, persiguiendo sueños personales”, (sic).

No sólo en Córdoba sino conforme a cada cabal contrato social municipal, ¿acaso venimos teniendo una gestión municipal de calidad y eficiencia mínimamente estándar?

Consecuentemente, las tasas, tributos, impuestos y contribuciones son y deben ser justos, razonables y no confiscatorios dado que: "sin causa no hay obligación".

Acaso ¿todos los vecinos de la ciudad trabajan y todos han incrementado sus haberes entre un 25% y un 34% anual?

Sólo con lo poco dicho, se explican y predicen tantas broncas como nuevos abusos de poder ilegitimados. En la ciudad de Córdoba, primero fue el impuestazo local que revaluó arbitraria y discrecionalmente hasta con un 100%, la base imponible del impuesto inmobiliario municipal que, leoninamente cuantificada (sin las correspondientes contraprestaciones de los servicios). 2) Por estos días, dicha base, inequitativa y asimétrica, resulta la nueva base de todas las exigencias tributarias municipales por venir.

En efecto, el poder ejecutivo local adicionalmente, propondría un incremento de hasta un 50 o 60% sobre dicho impuesto.

Evidentemente los contratos sociales municipales (nacional y provinciales) están rotos, con múltiples y diversas secuelas vecinales de damnificados.

Esto además de ciudadanamente inaceptable, tampoco debería sostener extemporáneas y precoces pretensiones políticas personales más aún cuando las administraciones municipales conocidas han venido capitulando dispendiosa y pródigamente con gremios que expresan altísimos niveles de improductividad, incompetencia e irresponsabilidad social.

¿Cuánta osadía?, ¿Cuánta temeridad?, ¿cuánto enriquecimiento ilícito y cuánto empobrecimiento popular consecuente?

Lo cierto es que las personas-vecinos-ciudadanos-contribuyentes están hartos de ser la variable de ajuste de recurrentes, carísimas e ineficientes gestiones públicas locales.

Históricamente, la institucionalidad y la fiscalidad se cimentaron desde lo local a lo nacional, pasando por provincias.

En materia de impuestos, nadie ha podido esclarecer ética y equitativamente “las mermas y los desvíos de los recursos públicos” ´tragados por este doble itinerario negro de ida y de vuelta, particularmente inexplicable, injusto y hasta unitariamente defraudatorio que viene exhibiendo un federalismo extraviado que languidece y agoniza gracias a la tolerancia, abulia y complicidad de gobernadores e intendentes sin orden y a la cuenta insoportable de un pueblo atrapado injustamente por la anarquía y anomia de un sistema que así ni le representa ni le sirve.

Así entonces -claro está-, una clara irrepresentatividad política, explica y predice viejos y nuevos ´cacerolazos´, a los que ahora sólo les restaría organizarse y de una buena vez ser liderados por hombres probos, con trayectoria, capacidad y profundo compromiso de responsabilidad social en el seno de la sociedad civil como Juan Carr con/ u otros afines semejantes.

Entonces, los vecinos finalmente tampoco son los responsables ni los cómplices de la resignaciones provincial y municipal del federalismo (coparticipaciones, etc.) sino, apenas sus víctimas; anodinas resignaciones e impericias traducidas en tarifazos e impuestazos que justifican y acreditan sobradamente tanta bronca latente de los vecinos tanto en los pueblos como en el campo y en las ciudades.