Las novedades judiciales de tribunales extranjeros que condicionan el cumplimiento de obligaciones financieras para nuestro país pusieron un manto de dudas sobre el período de gobierno que le resta a las autoridades actuales. El fallo del Juez Griesa viene a validar una posición, quizás con pocos fundamentos morales pero con la asistencia de los derechos de cualquier prestatario financiero.

Quien presta dinero, aun a tasas exageradas, tiene derecho a exigir su repago a quien, de manera voluntaria, pidió prestado. Claro está que los “fondos buitre” no se caracterizan por sus cualidades morales. Son inversores con mucho poder que estudian las posibilidades de inversión y toman posiciones en papeles a muy bajo precio. Existe entonces, un encadenamiento especulativo entre todos quienes compran y venden esos títulos de deuda que se van “transfiriendo” perdidas y ganancias hasta que, después de un default como en este caso, el tenedor de los bonos decide accionar legalmente dentro de la jurisdicción bajo la cual fueron emitidos dichas obligaciones. En tal circunstancia, y mal que nos pese, los asisten los derechos legales. De esta manera, Argentina se ve perjudicada por un “Embargo de Fondos” que le impide cumplir con sus demás deudas provocando lo que se llama “default técnico” motivado, no por falta de voluntad de pago sino por la imposibilidad de cumplirlos. En estas condiciones, y con muy pocos fundamentos, nuestro país debe negociar la resolución del conflicto.

Esta circunstancia no genera, en principio, ningún inconveniente concreto. La posibilidad máxima es caer nuevamente en incumplimiento respecto al resto de la deuda soberana lo que provocaría una nueva marginación de los mercados de deuda internacionales. Hoy nuestro país cuenta con un stock de deuda que no es asfixiante. Pero por algún motivo el Gobierno se empeñó recientemente en regularizar su situación con el CIADI y con el Club de París. Las necesidades financieras están comenzando a ejercer presión sobre algunas variables fundamentales de nuestra macroeconomía y tener la posibilidad de financiarse en el extranjero hubiera significado el ingreso de divisas, quitando, de este modo, presión sobre la política cambiaria del BCRA, y por otro lado, permitiendo un arribo mas holgado a 2015. Pero estas posibilidades se cierran y, de esta manera, condicionan la Política Económica. En el corto plazo, las consecuencias pueden no ser demasiado condicionantes. En el mediano y largo plazo, sería conveniente resolver esta situación sin incurrir en default para poder acceder a financiamiento, público y privado, que permita incrementar la tasa de inversión de nuestra economía para generar, nuevamente, crecimiento genuino. Las condiciones internacionales son inmejorables para los bienes de exportación de nuestro país y, de producirse una mejora en la Balanza Comercial, siempre y cuando no se trate de flujos exuberantes y abruptos, podría mejorar las condiciones domésticas como el nivel de empleo, de actividad y de recaudación, entre otras. Los “buitres” no tienen moral económica y no tienen por qué tenerla. El Gobierno especuló demasiado en este aspecto y fue demasiado ingenuo cuando cerró las anteriores negociaciones de deuda. Los “holdouts” son grandes inversores que estudian las posibilidades de inversión y, cuando se trata de bonos en default, lo hacen conociendo las posibilidades de recupero posibles. El valor al que pueden haber adquirido dichos bonos, aunque irrisorio, habla del traslado de riesgos que se hace en los mercados financieros que se traduce en perdidas escalonadas. Ellos son el último eslabón, están poco dispuestos a perder, tienen posibilidades políticas de ejercer presión e influencia y, lo peor de todo, la ejercen para cobrar sus tenencias. La economía actual tiene un muy bajo contenido ético. Pero ese es asunto para otra discusión.

(*) Consultor en Agronegocios.