El CIADI, en el que se presentaran 42 demandas de indemnizaciones por 65 mil millones de dólares (según Eduardo Barcesat, consultor de la Procuración del Tesoro, por donde pasó el santafeSino Horacio Rosatti) recobró actualidad hace poco a raíz de la decisión argentina de reconocer laudos finales de cinco casos y pagar lo establecido por el tribunal internacional. En total, 677 millones de dólares que, con una quita del 25% del capital originalmente reclamado, se afrontaron con títulos públicos, esto es, con más deuda externa.
En realidad, poco si se tiene en cuenta que lo que está en discusión rondaría los 20 mil millones. Más allá de lo que pretenda la española Repsol por la expropiación de YPF. Algo así como quince mil millones de euros, según una versión.
Carlos Menem diría tiempo después de ser electo que si anticipaba lo que haría en su gobierno no lo votaban. Cosa que, razonablemente vista, permite suponer la existencia previa de un programa consensuado sobre el giro conceptual que experimentaría el peronismo por obra del nuevo gobierno. Esto se traduciría, básicamente, en la desestatización y la apertura económica, efectivizadas en un contexto al que la corrupción no fue ajena. Lo cierto es que el predominio de lo económico sobre lo político (entendido esto último como capacidad de obrar conforme el interés nacional) se impuso y lo expresan los hechos. Dígase lo que se quiera, lo que sucedió fue producto de una estrategia que no llevaba otra finalidad que la demostrada y que el menemismo hizo suya y se muestra, entre otros efectos, en el caso CIADI. Un capítulo más en el proceso globalizador.
Santa Fe es parte de esa historia, desde que la ex - concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento (la multinacional francesa Suez – Ondeo) recurriera a ese tribunal por considerarse perjudicada por la rescisión del contrato que suscribiera con el Estado provincial. La demanda respectiva (ARB/03/17) reclamaba una indemnización de más de 300 millones de dólares por la caída del convenio, producida a los diez años de los 30 pactados. Obviamente, la acción es contra la Nación por imposición de los TBI.
Por su parte, cabe mencionar, el gobierno santafesino creó por decreto Nº 2748/06 la Comisión de Estudios sobre el Arbitraje Internacional (CEARINSA), con diversas atribuciones en relación con la cuestión planteada, desconociéndose la utilidad de la gestión.
No se trata de promocionar un falso nacionalismo izquierdoso, como viene ocurriendo desde hace años con la justicia social como bandera redentora, adornada en otro tiempo con aquello de la lucha contra el capital. Proclama abandonada desde que tantos enfervorizados luchadores por la causa de los trabajadores pasaran a figurar como neocapitalistas. Los mismos que se aseguraron la impunidad y le pasaron a millones las facturas que dejaron pendientes. Cargan con ellas, como es de estilo, los defraudados por décadas (la que transcurre incluida) con el mismo relato de fe y esperanza de los cruzados salvadores sucedidos y desaparecidos.
Hoy, a la herencia de Menem se sumará la que se acumula ahora. En pesos, o dólares. A pagar, es claro. En fin,“¡Todo es igual! ¡Nada es mejor!” (Eterno “Cambalache”). Punto, pero no final. Hay más rollos disponibles.