A las 9:10 comenzó la sesión, la última en la que el concejal Martín Racca izó y arrió la bandera nacional ya que el 10 de diciembre deja su banca luego de cuatro años, por lo que solo le restan dos sesiones antes del fin de su mandato.

El primer proyecto cuya lectura realizó el secretario Nicolás Abdala, fue la minuta opositora que, amparado por el Reglamento Interno del Concejo y la Ley Orgánica de Municipalidades, cita al intendente Leonardo Viotti y en su defecto al subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, a presentarse ante el Cuerpo Legislativo el día miércoles 26 de noviembre a partir de las 9:00 a una interpelación. La intención es que ambos funcionarios respondan personalmente preguntas en relación a la compra de agua o productos derivados de la empresa Agua San Carlos (de la familia Aversa) de manera directa o a través de un intermediario, David Pomba, quien figura en los registros como proveedor municipal.

“Que la ética pública es un principio rector del ejercicio de la función pública y exige a todos los funcionarios abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en asuntos en los cuales puedan tener un interés personal o familiar, conforme a los principios generales del derecho administrativo. Que el propio funcionario citado, Juan Pablo Aversa, reconoció públicamente que su familia es titular de una empresa que históricamente ha sido proveedora de la Municipalidad de Rafaela. Que según documentación obrante en la Carpeta Legislativa y registros municipales, la empresa o su intermediario, David Pomba, se habría inscripto como proveedor municipal y emitido facturación vinculada a la venta de agua a la Municipalidad. Que el vínculo laboral o de confianza entre el señor Pomba y el funcionario Aversa, de verificarse, implicaría un posible uso indirecto de terceros para eludir la incompatibilidad, conforme la doctrina de la apariencia de legalidad en el Tratado de Derecho Administrativo”, son algunos de los fragmentos del extenso Considerando en el que se incluyen 14 preguntas.

Ya el bloque había presentado una minuta en setiembre donde solicitaba información al respecto. En este contexto, en los dos Informes de Gestión se planteó el tema, y el espacio solicitó mediante nota la presencia en el recinto de Pomba para aclarar la situación. La respuesta fue una nota de este informando que por motivos personales no se podía hacer presente, pero que estaba dispuesto a responder por escrito; y otra del Ejecutivo leída la semana pasada, que no convenció al justicialismo.

Para defender su proyecto, el concejal Juan Senn hizo un repaso del historial que arranca con el pedido de instalación de una empresa dedicada a la colocación y venta de Luminarias LED por parte Aversa, dependiente de la secretaría encargada de comprar este tipo de elementos.

“Seguidamente, empezamos a ver que la marca de esa empresa (Agua San Carlos) empezaba a estar en dependencias municipales y eventos públicos organizados por la Municipalidad. Hicimos preguntas y vino Germán (Bottero) al Informe de Gestión a expresando que el vínculo con la misma había sido dado de baja porque entendían que no tenía que ser proveedora municipal. Posteriormente detectamos estos productos en otros eventos y presentamos un pedido de informe acompañado por todos los concejales. Las respuestas dadas, nos generaron más dudas que certezas”, dijo informando que justificaron parte de las compras porque no había otro proveedor en la región.

“También detectamos que las facturas de este servicio son por parte de un tercero, un privado. Preguntamos a la subsecretaria de Evaluación y Transparencia (Silvina Imperiale) si ella había intervenido en el proceso, y dijo que no tenía las facultades para investigarlo. La cuestión es que esta persona que factura al Municipio (Pomba), está vinculado directamente a la comercialización de la empresa y hemos hecho público en el recinto el vínculo que existe fuera de lo laboral entre el Intendente, la persona citada que es la que compra, y el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa. Con más razón todavía, hubieran tenido que venir al Concejo a dar explicaciones. En ningún momento esto existió, lo que sí siguió fue la recorrida en los medios donde trataban de bajar el precio al reclamo que hacíamos los concejales, siendo que nuestra función es la de investigar y controlar al Ejecutivo. Lo llevaban al terreno de lo político y esto es político, trabajamos de esto, tenemos una responsabilidad y la estamos cumpliendo”, dijo el concejal opositor. Incluso cuenta con una fotografía en la que se observan a Viotti, Aversa y Pomba compartiendo vacaciones, lo que muestra una relación de cercanía.

“Llegamos a esta instancia porque previamente agotamos todos los recursos. Por eso solicitamos que venga a responder el pliego de preguntas. Acá hay una cuestión ética, la que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo. La ética pública es el principio rector del ejercicio que tiene cada funcionario, y no se mide por la existencia o no de un delito, sino que debe ser un principio de ejemplaridad. Sepa señor presidente (en referencia a Lisandro Mársico) que hay una institución que es invisible, y es la confianza. Aprovéchenla y no la echen por la borda. Que venga el funcionario y que brinde las explicaciones. Solo queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía de que el funcionario actuó conforme al derecho y que los procedimientos y las compras se realizaron en el marco legal”, agregó Senn.

Los votos de los ocho concejales fueron positivos, aunque Carla Boidi lo justificó con una preparada exposición que devolvió el golpe político. La edil del PDP recordó la sesión del 18 de setiembre, en la que el concejal Racca hizo una alusión a la Ley Nacional 25188 referida a la “Ética en el ejercicio de la función pública”, que en su artículo 13 habla de incompatibilidades y conflictos de intereses. “También mencionó la Ley Provincial 9286 que establece la prohibición de recibir directa o indirectamente beneficios por parte del personal público”, dijo informando movimientos administrativos registrados en la Carpeta Ciudadana de una funcionaria de la anterior gestión encargada de tareas inherentes a la Intendencia.

Con voz enérgica, la edil de Unidos informó que en el 2022 y 2023 se registraron compras imputadas a Intendencia de productos de regalería como ser manteles materos, estampados, bolsos materos, bolsitos, repasadores, ruanas, y pañuelos estampados entre otros, y que lo más grave, es que todas ellas se realizaron a un familiar directo de la funcionaria designada como personal de gabinete. Si bien no dio su nombre ni durante ni después de la sesión, se trata de una persona que se desempeñaba en la secretaría del ex intendente, Luis Castellano.

“Señor presidente, si la Ley Nacional 25188 y la Provincial 9286 establecen de manera taxativa la incompatibilidad, la prohibición de recibir beneficios y la obligación de evitar conflictos de intereses, entonces lo que aquí se evidencia no es un detalle menor ni un descuido administrativo. Es lisa y llanamente un caso que requiere explicación”, subrayó Boidi.

También replicó, con tono fuerte e irónico, lo que el concejal Juan Senn había manifestado en sesión con respecto a garantizar y cuidar los recursos públicos de todos los vecinos, y que el incumplimiento del deber de un funcionario público también puede ser de parte de los concejales del oficialismo. “¿Hubo alguien que exigió responsabilidad en ese entonces, presencia y coherencia? Hoy ese mismo discurso vuelve con suficiente evidencia. Antes los justicialistas que eran oficialistas no lo podían ver. Tal vez empezaron en el 2024 a leer los informes de contaduría”, dijo la concejal notoriamente indignada.

Antes de emitir su voto, y para sorpresa, informó al presidente que iba a entregar una copia de la información “que tal vez el justicialismo no vio”, y un pañuelo a la ex funcionaria y actual concejal Paz Caruso, “que quizás en su momento no recibió esos obsequios”, como símbolo de lo que se encontró en esos expedientes. De este modo, hizo referencia a que Caruso integró el gabinete municipal hasta diciembre de 2023.

La edil se dirigió a la banca de Caruso, quien le rechazó la entrega sugiriendo que la haga a secretaría. Mientras, el presidente llamaba desde su lugar a Boidi para que deje el material en la mesa desde donde él moderaba la sesión.

Al justificar su voto, Caruso manifestó: “No justifiquen los errores del presente tratando hacer alusión y dando información de algo que no es así. Por supuesto que lo vamos a leer, pero nosotros acá estamos planteando la presencia de un funcionario que estuvo en este recinto, donde el secretario de Gobierno Germán Bottero dijo que no era ni ético ni legal que un empleado municipal venda con su empresa a la Municipalidad. Tomando las palabras de un referente político como es Germán, iniciamos el proceso que nos corresponde como concejales”.

El Concejo y los nidos de cotorras

Pasado este momento disruptivo, se continuó con el proyecto de Resolución impulsado por Mársico, quien, para defenderlo, ocupó hasta el final de la sesión la banca de la vicepresidenta del Concejo María Paz Caruso. En el mismo, se “solicita a la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Agricultura y Ganadería la autorización de proceder en el éjido urbano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° del Decreto Ley 4218 en relación a la presencia de la cotorra común o cotorra de monte (Myopsitta monacha), la cual genera riesgos humanos y materiales para actividades que se desarrollan en la ciudad”.

El artículo 3° de tal Decreto, “prohíbe la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la Provincia”, por lo que el proyecto propone aplicar el artículo 4° cuyo inciso “c” exceptúa lo dispuesto en el anterior: "la caza de las especies declaradas plagas por leyes y otras disposiciones de la Nación o de la Provincia, así como aquellas que ocasionalmente fueran consideradas perjudiciales o dañinas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

Al ser miembro informante, Mársico informó que las instituciones que ocupan el Aeródromo (Club de Planeadores, Aeroclub al Aeroclub Rafaela y el Círculo Aeromodelista Rafaelino) hicieron llegar un informe sobre los riesgos que están presentando las aves en las inmediaciones donde se realizan las maniobras de aterrizaje y despegue de aeronaves tripuladas.

Leyó también un extracto del informe, que dice “que la situación reviste especial gravedad debido a que, ante la presencia de aeronaves, las aves tienden a asustarse y a emprender vuelo en bandadas atravesando repentinamente los sectores de aproximación de despegue o rodaje, y que, si bien hasta el momento no se registraron incidentes mayores, el riesgo de un evento grave está latente”.

“A esto lo ingresé porque creo que, por primera vez, el Concejo toma una medida con respecto al tema de las aves. Acá existe un intersticio legal para poder actuar. Es el Decreto Ley 4218 que en su artículo 3° prohíbe la caza de animales silvestres en el territorio provincial, pero que en el 4°, exceptúa la de aquellas especies que ocasionalmente fueran consideradas perjudiciales o dañinas". Ante esta situación me comuniqué con la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes dijeron que, si bien esta especie no ha sido declarada plaga, con una autorización del Gobierno provincial, se puede realizar el retiro de nidos, desalentando la presencia de estas aves. Lo que estamos solicitando autorización al Gobierno provincial que está de acuerdo, para que la envíen y de esta manera, poder llegar a hacer un procedimiento permitido con aves que ponen en riesgo la vida de las personas. Tenemos una operatividad aérea muy importante en la ciudad, la que tenemos que proteger. Hemos encontrado una salida para eso, por eso les pido a los pares que apoyen la posición. Es un proyecto de Resolución para lograr la autorización para hacer un manejo sustentable del tema de las aves”.

A pesar de su pedido, los dos concejales opositores Racca y Senn se abstuvieron del voto porque aún aguardan información desde Santa Fe respecto al procedimiento, mientras que el oficialismo votó de manera positiva. Al justificar su voto, la concejal Mabel Fossatti dejó en claro su opinión: “Que además de la autorización, tengamos el asesoramiento adecuado para evitar otro tipo de conflicto con respecto a la vida de las aves”.

Y Mársico también lo justificó: “Quiero dejar en claro que esto tiene que ver con el retiro de nidos; no estamos atentando con la vida de las aves. Simplemente, este manejo sustentable va a desalentar la instalación de nidos que generan riesgos para la actividad aérea. También dejó claro, que, si se logra la autorización, el departamento Ejecutivo deberá trabajar con el privado de manera mancomunada para que esto se erradique o intente erradicar”. En particular sus dos artículos obtuvieron los mismos votos, y segundos después, se dio por finalizada la sesión.