Una vez más, el Gobierno nacional sube al ring al sector agropecuario y agroindustrial. Finalmente, las amenazas lanzadas en los últimos tiempos hacia la cadena cárnica se confirmaron esta semana con una noticia que rememoró viejos fantasmas del pasado reciente.

De manera intempestiva, el Gobierno decidió el cierre de las exportaciones de carne vacuna por el término de 30 días, una medida que trajo rápidamente a la memoria aquel marzo de 2006, con Guillermo Moreno como protagonista, con la salvedad que en ese entonces el plazo fue por 180 días que terminaron extendiéndose en el tiempo y generando consecuencias nefatas: la pérdida de 12 millones de cabezas, miles de puestos de trabajo y el cierre de cientos de frigoríficos.

La medida, que al cierre de esta edición no había sido publicada en el Boletín Oficial, generó un fuerte rechazo por parte de los sectores productivos. La Mesa de Enlace expresó rápidamente su malestar mediante una conferencia de prensa realizada el día martes, en la cual se anunció el cese de comercialización de todo tipo de hacienda vacuna. La acción gremial comenzó hoy jueves y se extenderá hasta el viernes 28 de mayo a las 24 horas. Se espera que tenga un alto acatamiento teniendo en cuenta el profundo malestar que ocasionó en todos los eslabones de la cadena.

La unanimidad del rechazo fue impactante. A las pocas horas de conocerse la noticia, numerosas instituciones y entidades manifestaron su disconformidad con la decisión oficial. Rurales de todo el país, incluyendo las santafesinas, Bolsas de Cereales y de Comercio, cámaras que agrupan a productores y empresas agrícolas, y hasta gobernadores afines al Gobierno nacional, pero con responsabilidades en provincias con fuerte impronta ganadera, como Santa Fe.

Todos coincidieron en la necesidad de suspender la medida para brindar la seguridad y confianza que necesita el sector, pensando también en los principales compradores de Argentina, que a partir de este escenario intentarán suplir sus necesidades en los competidores de nuestro país. Cabe destacar que la República Popular China se ha convertido en el mejor cliente de las carnes argentinas, llegando a representar prácticamente el 80% del volumen que se exporta.

DEJA VU Y BRONCA

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, expresó que la medida oficial es “un deja vú de lo ocurrido en 2006, confundiendo al mundo y al productor”. En ese sentido, expresó: “es un retroceso que no soluciona el problema de fondo q es el acceso a los alimentos y urge que el Estado frene su voracidad impositiva que representa gran parte del costo de los alimentos”.

Para el dirigente entrerriano, la suspensión temporal de las exportaciones “no soluciona el acceso a la comida, no frena la inflación y tampoco arregla la economía”. Por eso, sostuvo que deben incentivar la producción en vez de frenarla”. Y fustigó: “es difícil sostener el diálogo con interlocutores que prometen una medida y a las 24 horas toman una contraria; el límite es la confianza”.

Y sentenció: “un mandato presidencial es el tiempo que nos lleva a nosotros el ciclo de la vaca desde la gestación hasta la faena y este gobierno, en la mitad de su ciclo, rompe todo lo que durante años tratamos de recuperar; cuando más recursos necesitamos, menos inteligencia tienen”.

En la misma sintonía se manifestó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, que consideró a la medida como un “error y un paso atrás en todo sentido”. Al respecto, señaló: “causará un daño irreparable a un sector productivo que ha demostrado que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional”.

Y agregó: “ese daño va a disminuir la oferta de carne, haciendo que los precios terminen subiendo como ya ocurrió en el pasado; es inconcebible que se elijan recetas que ya fracasaron a falta de las soluciones de fondo que Argentina necesita”.

Otro de los integrantes de la Mesa de Enlace como Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO, aseguró que “el kirchnerismo tiene una visión ideológica y de esta forma no se arreglan problemas estructurales como la inflación”. En efecto, insistió en que los severos problemas macroeconómicos de Argentina y el desajuste de precios internos “no se resuelven con medidas de regulación instrumentadas unilateralmente”.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, también se pronunció en contra del cierre de exportaciones de carne, remarcando que "es una desafortunada medida que no se verá reflejada en la baja de precios al consumidor”. Al mismo tiempo, indicó que “es un marcado retroceso para la economía y un menor ingreso de divisas, que significa un contrasentido a lo que necesita nuestro país”.

ARGUMENTOS

OFICIALES

Conocida la medida y la reacción del sector agropecuario, el presidente de la Nación Alberto Fernández salió a explicar los motivos que llevaron a su Gobierno a implementar la medida. En declaraciones radiales, señaló que resulta imprescindible “poner en orden el mercado interno”. Se trata de un argumento que desde la Secretaría de Comercio Interior, comandada por Paula Español, vienen sosteniendo en virtud del incremento de precios registrado en los últimos meses.

"Le expliqué a los exportadores de carne que se desmadró claramente la situación”, contó el mandatario sobre el encuentro que mantuvo con el Consorcio ABC. Cabe resaltar que conjuntamente con la entidad, el Gobierno lanzó la semana pasada la segunda etapa del acuerdo que contempla varios cortes vacunos a precios populares.

“Fue una reunión muy correcta, en buen tono, ellos entienden el problema, pero no les gusta la solución, y les pedí que ayuden a poner en orden el mercado interno para luego volver a abrir", expresó.

También remarcó la necesidad de "poner orden en quiénes exportan (carne) y poner el orden el Mercado de Liniers" porque "no es posible que los exportadores que venden a China vayan" allí a comprar. Para el presidente, de esa forma "prevalece el precio de la exportación y eso solo ya tergiversa el precio del mercado interno". Por eso, explicó, a partir de la medida se busca "volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de los argentinos y la de un exportador".