Según destaca el periodista Sebastián Lacunza en su investigación, "la turbiedad es máxima porque quien llevó a cabo artilugios extendidos en el tiempo para fraguar un vínculo irregular es Laura Alonso, secretaria de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción".

En concreto, se asegura que Alonso contrató a la consultora Consuasor, muy ligada al PRO, por más de 80 mil pesos mensuales para las tareas de "comunicación estratégica" durante todo 2017 y lo que va de 2018.

Y el problema radica en que nunca figuró en los registros.

También se sentencia que para disimular esto la OA extendió un contrato a los dos únicos dueños de la consultora por montos que alcanzaron casi el millón de pesos anual. Aunque, otros integrantes de la entidad realizaron funciones sin figurar en los documentos.

UNA MANIOBRA

Además, se destaca que la documentación relevada por Letra P demuestra que, después de ocultar esta actividad durante meses, Alonso decidió dar de baja los contratos y, en simultáneo, la consultora 'desapareció del mapa'.

Según la investigación, "Sosa Loprandi y Giúdice (los dueños de esta consultora) son viejos conocidos del oficialismo, al punto que recibieron contratos similares en media docena de organismos públicos: Justicia, Trabajo, Defensa, Medio Ambiente" y otros como la propia oficina del senador Federico Pinedo.

"La responsable de Transparencia intentó esconder el vínculo con Consuasor mediante un artilugio al que no se animó ninguno de sus colegas", expresa la nota y afirma "mediante una nota fechada el 11 de abril pasado la OA procuró negar la información sobre el pago a Liprandi y Giúdice".