Para comenzar, subrayemos que la votación de los concejales ha sido por unanimidad. Más allá de las consideraciones en particular, tanto el bloque oficialista como los bloques opositores coincidieron en aumentar las sanciones pecuniarias a los automovilistas y motociclistas que infrinjan las normas de tránsito. Ese dato no debe desmerecerse. En un Concejo Deliberante donde los concejales del oficialismo hacen uso (y a veces abuso) de la mayoría impuesta por la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, una votación unánime es meritoria. Recordemos que Ramón Mestre (hijo) es el intendente que ha llegado al gobierno de la ciudad con menor cantidad de votos desde la recuperación de la democracia formal, en diciembre de 1983; inclusive por debajo de Daniel Giacomino, que cuatro años antes había llegado con el 42 por ciento. Con un apoyo electoral de poco más de un tercio de los votantes, el gobierno de la Unión Cívica Radical tiene más de la mitad de las bancas en el Concejo Deliberante… y las aplica. El bloque radical ha votado sin divisiones hasta ahora, aprovechando en términos de gobernabilidad la "sobrerepresentación" legislativa. Giacomino no pudo conservar la unidad del bloque oficialista y tuvo que gobernar (o intentarlo, por lo menos) sin mayoría en el Concejo.

Es destacable, pues, que nuestros concejales se unan para votar. Supone que el oficialismo escucha y que la oposición contribuye. Esta vez, para aumentar las multas.

Mucho mejor sería que se unieran para votar una política de tránsito. Sería deseable que el oficialismo escuchara y la oposición contribuyera en el diseño de una política pública de seguridad vial. Una política pública en serio, con objetivos a largo plazo y con indicadores para controlar la gestión y evaluar los resultados. Con competencias y recursos claramente definidos. Por supuesto que la responsabilidad primera y principalmente es (y debe ser) del oficialismo y no de la oposición. Sencillamente porque el gobierno corresponde al primero y no a la segunda.

Se aumentaron las multas. ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Se espera que disminuyan las infracciones? ¿Cuánto y cuándo disminuirán? ¿O se incrementarán? La falta de respuestas denuncia la falta de políticas.

Nadie puede desaprobar una suba de los montos de las multas. La inflación que sufrimos ha provocado la desactualización de esos montos. Una obviedad, aunque los funcionarios del INDEC traten de negarlo. La administración municipal necesita recaudar, y esta podría ser una posibilidad. Otra obviedad, aunque los funcionarios de la Municipalidad traten de ocultarlo. Montos desactualizados y necesidades recaudatorias son dos buenas razones para explicar el aumento.

Por otra parte, nadie puede desaprobar que se sancione más rigurosamente a quienes estacionen en lugares públicos o crucen semáforos en rojo, a quienes participen en las llamadas "picadas" o conduzcan ebrios o drogados.

Nadie duda que la Municipalidad deba hacerlo pero ¿puede? Es decir, ¿la administración municipal tiene la capacidad, las competencias y los recursos para cumplir esta ordenanza? Dudable. Ver inspectores municipales en el centro de la ciudad es una rareza, sobre todo en horarios nocturnos. Verlos en los barrios, mucho más raro. Sin inspectores en las avenidas y calles, el descontrol se hace parte de la vida cotidiana de los cordobeses, sin importar lo que digan las ordenanzas votadas unánimemente.

Pero, lo más importante: nunca habrá la cantidad necesaria ni la calidad suficiente de inspectores municipales para "vigilar" las infracciones. Se dice y se repite que "somos hijos del rigor" y se concluye que las multas y los inspectores van a educarnos. Claramente, las multas sin inspectores son inconducentes pero, además, no sería posible ni deseable poblar la ciudad de controladores.

¡Porque no somos hijos del rigor! ¡Somos hijos de la educación! Si hemos tenido una mala educación, seremos unos "mal educados". Pero eso no significa que nos resignemos y sustituyamos la enseñanza y el aprendizaje por el garrote.

Infeliz aquella ciudad que decida "rigorear" a sus ciudadanos para mejorarlos. No seremos mejores ciudadanos porque temamos a las multas de los inspectores. Aumentar las multas puede ser necesario por las razones dadas. Pero es, a todas luces, insuficiente. No alcanza.

La ciudad necesita una política pública de seguridad vial que se base en la educación de los ciudadanos. Una política diseñada con la participación de las organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando en la prevención de los accidentes de tránsito. También con el compromiso de los medios de comunicación (escritos, radiales y televisivos). Sería bueno empezar con una campaña masiva, destinando parte de la abundante publicidad oficial a crear conciencia ciudadana. ¿Nos pondremos en marcha?

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Especialista en políticas públicas y docente universitario.

(*) Esta nota fue publicada en la página hoyendía.com.ar (Tiene relación con lo que ocurre en la ciudad de Córdoba).