Nuestra justicia, después de los intentos del gobierno por "democratizarla" primero y tratar de coparla después a través de "justicia legítima", sin dejar de lado las acusaciones de delivery que en su momento formuló la presidenta Cristina Fernández cada vez que un fallo le era adverso, o del señalamiento del Partido Judicial -aunque no se sepa bien de cuál de los lados era el intento-, lo que queda claro que uno de los elementos más importantes dentro del equilibrio que debe tener el Estado, como es la Justicia, se encuentra bastante desarticulado y maltrecho.

Tal vez con sólo recurrir a estos casi tres meses con el caso de la muerte del fiscal Nisman, no sería necesario ninguna otra referencia, pues en el mismo hubo absolutamente de todo, al punto que transcurrido ese tiempo no se pudo todavía dilucidar si fue suicidio o asesinato.

Cuando vemos que en Alemania a las 48 horas de estrellarse el avión en los Alpes se tenía la certeza que había sido un suicidio del copiloto, o que un poco antes en Francia a las pocas horas habían sido aniquilados los terroristas musulmanes que cometieron la atroz matanza en la redacción de la revista Charlie Ebdo, es para sorprendernos muchísimo más todavía. Aunque en realidad, y debemos decirlo una vez más, no creemos que aquí haya tanta incapacidad e ineficiencia, sino que todo este embrollo al que en cuestión de horas se le fueron añadiendo más factores de confusión, fue minuciosamente programado, para orientarlo a un callejón sin luz al final.

Sin embargo, si algo más se trata de agregar, tenemos este reciente caso de la ex ministra Felisa Miceli y aquel misterioso paquete con pesos y dólares que apareció en el baño de su despacho y que no pudo explicar su origen, aunque nadie duda que era producto de la ligazón con la corrupción.

Como había sido condenada, a finales de 2012, a 4 años y 8 meses en primera instancia, era inevitable que terminaría con su humanidad en la cárcel. ¿Pero qué se resolvió en la apelación ante una de las cámaras de Casación? Pues reducir la pena a 3 años y de esa manera dejarla a salvo de ir a prisión.

Un clarísimo caso de justicia "hecha a medida", al menos es lo que se desprende de los hechos, y debamos admitir que frente a toda esta andanada de episodios, existe cierta justificación en pensar de esa manera.

La justicia tiene muchísimo que ver con la corrupción, tanto como las leyes, y muy especialmente la decisión política de combatirla, que nunca la hubo, no sólo con este gobierno, sino también con los anteriores. Existió una verdadera cultura de la corrupción, andando de la mano con la función pública -tantos enriquecidos de la noche a la mañana avalan la hipótesis-, pudiéndose citar por ejemplo que en estas últimas décadas hubo unas 700 causas por esas razones y sólo dos condenas con prisión, las de María Julia Alsogaray y Carlos Menem. Miceli pudo ser la tercera, salvada sobre el mismo umbral que debía cruzar.

Hay además otros datos que abruman: cada causa de corrupción dura entre 10 y 11 años como promedio para resolverla, siendo casi siempre -como vemos con la escasa cantidad de condenas- el sobreseimiento o fallos a medida, además de otra variante diversa de artilugios jurídicos para evitar sanciones. Se estima que desde 1983 a la fecha, es decir en los últimos 32 años, los corruptos le robaron al Estado 13.000 millones de dólares.

¿A usted lo sorprende? Posiblemente no demasiado. La justicia, como vemos, tiene un amplísimo campo por delante para hacer su trabajo.