Por Roberto F. Bertossi (*)
Si compartimos el comunicado del Club Político Argentino (C.P.A), en el que se afirma que “la plena vigencia de la democracia, la libertad y los derechos humanos en un país federal requiere que estos sean respetados no solo por el gobierno nacional, sino también por todos sus gobiernos provinciales y municipales…”, deberíamos admitir también la infección del sistema democrático republicano que viene languideciendo, infectado por el devenir de males individuales y malestares sociales inherentes a evidentes autoritarismos, acentuados por un largo e impredecible discurrir pandémico.
De tal manera, con premura debiéramos mancomunar esfuerzos de certificación y vigencia democrática real, con coraje cívico e innovación política para avanzar en una tarea tan gravitantemente importante como la de ir plasmando profundas democratizaciones tanto en los partidos políticos existentes como en nuestros gobiernos, empoderándolos de una más auténtica representatividad, de un más genuino y sustancial republicanismo, de más federalismo práctico y de una fidelidad plena -sin intermitencias- a nuestra Constitución Nacional, (vg., arts. 1, 6, 38 y cc. C.N.).
Por estos días los desatinos y abusos del gobierno de Formosa confirman que “las elecciones no hacen a los gobiernos, sino los gobiernos a las elecciones”.
Esta versión feudal en pleno siglo XXI, (antes fueron Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Neuquén y más de menos) exhibe autoritarismos del poder real, tiranuelos que invariablemente cuentan con la flagrante complicidad nacional por omisión de poderes supuestamente republicanos: “A la indignación que estos hechos provocan se suma la que genera el silencio del gobierno nacional, del partido oficialista y de muchas organizaciones de la sociedad civil, que se embanderan en el respeto de los derechos humanos, pero callan vergonzosamente sobre Formosa” (C.P.A.)
Estos recalcitrantes caciquismos o feudos, tendrían similitudes o semejanzas con aquel contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en usufructo durante la Edad Media, poder, tierras, rentas e impuestos, crueldad e impunidad, en tanto quién las recibía se obligaba a guardar sumisión de vasallo y prestar determinados servicios, obligaciones y toda genuflexión.
¿Una similitud? Cuando Amado Boudou, -ex vicepresidente de la Nación- se quedó con la imprenta Ciccone a través de la firma The Old Fund (Súbita sociedad comercial sin trayectoria, solvencia ni personal especializado para cumplimentar su objeto societario), sin verosimilitud ninguna, inmediatamente facturó un ingreso de casi ocho millones de pesos por “asesorar” incompatiblemente, sin ética pública ni imparcialidad, precisamente a la provincia de Formosa en su reestructuración de deuda con el Estado nacional. Todo eso se efectivizó justo después que Boudou -siendo entonces ministro de Economía de la Nación-, firmara una adenda ad-hoc al acuerdo originario, permitiendo discrecionalmente regularizar este “asesoramiento” a la provincia de Formosa; llamativamente, la primera operación que hizo la polémica sociedad The Old Fund según la burda emisión de su primera factura o torpeza propia de toda impunidad, apañada oficialmente.
Concomitantemente, otra semejanza con prácticas de la edad media, es un infra o seudofederalismo como solución transaccional a eventuales enfrentamientos e insatisfacciones civiles por insoportables desigualdades, desvíos de fondos públicos, corrupciones, privilegios, reconociéndose la realidad de poderes locales caudillistas sin espacio para autonomía plena de esos territorios; siempre a expensas del control financiero que se realiza desde la cabeza de la república, cuya “generosidad” está vinculada a la oscilación de considerar amigos o enemigos a dichos poderes locales.
Inevitablemente, tales “debilidades o déficit institucionales” hacen que el poder real sea cuestión de unas minorías en torno a caudillos que actúan como verdaderos pretorianos y, a la vez, como clanes clientelares (uninominales) que se benefician de ese acceso y control del poder, desde la fidelidad al liderazgo de tales caudillos; todo ello con absoluto desprecio y desdén por indigentes, empestados y contagiados formoseños, como esos, los “de la puerta de al lado” vg., casi diez mil ciudadanos formoseños varados prolongada e injustificadamente para regresar a sus hogares hasta que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en noviembre último que se les garantizara esa posibilidad en un plazo no mayor a 15 días hábiles; centros de aislamiento por Covid-19, donde –entre otras sevicias- se obligaría inhumana y criminalmente a una convivencia promiscua entre personas con hisopados negativos y positivos; etc.
¿Cómo no comprender entonces que tanta sociedad civil formoseña esté harta y empobrecida por demasiada aporía política conocida?
A propósito, cual el Sísifo de Camus, para el grueso de los formoseños largamente defraudados, denigrados e insatisfechos, no hay castigo más terrible que el esfuerzo o trabajo inútil, sin esperanza. Naturalmente eso desalienta y desactiva lo mejor de ellos vg., asumir deberes cívicos, tener un proyecto, desarrollar una profesión o una empresa, lograr una vocación, tratar de comprender constructiva y solidariamente los acontecimientos, pero, fundamentalmente motivos y razones para dar valor a lo que personal y familiarmente hacen como a sí mismos, a sentirse capaces y útil aportando significado en sus vidas, sentido y armonía a su convivencia social, provincial y nacional. Sin ello, sobrevienen la desmotivación y la extrañeza ante cuanto les rodea.
Huelga afirmar entonces que la legitimidad formoseña es apenas formal, ya que la mayoría de la población está excluida de los beneficios del ordenamiento jurídico siendo testigos mudos de las luchas y asaltos al poder, en este caso por parte de un caudillo despótico apropiado del poder real provincial, desde el siglo pasado.
En la práctica la vigencia y efectividad de tales normas es casi nula, ya que la mayoría de la población en Formosa no se beneficia de ellas, en tanto su uso y abuso depende de la minoría uninominal que concentra el poder, todo ello atónitamente permitido o tolerado por un constitucionalismo nacional no normativo sino formal, ajeno a esa durísima realidad social provincial.
Preconclusivamente, urge regenerar democracia, república y política ¡siendo protagonistas! Solo así y recién entonces, podremos visualizar, creer y reconstruir cooperativamente, un horizonte democráticamente profundo y republicanamente substancial, que nos permita emancipar la política y consolidar la democracia reempoderando congruentemente república y carta magna, en tanto y en cuanto seamos capaces de ir restaurando en plenitud, ciudadanía y bien común para un buen vivir.
Finalmente, ¿Cómo no defender nuestros principios, valores y alcurnia democrática y republicana, sin envalentonar a sus verdugos?
(*) Docente e investigador universitario argentino. Experto de la CoNEAU en Cooperativismo.