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El Concejo aprobó diez proyectos y volvió a exhibir sus diferencias políticas

La presidente del Concejo, Mabel Fossatti, junto al secretario legislativo, Federico Audagna.
Crédito: PRENSA CONCEJO

Una extensa sesión del Concejo Municipal de Rafaela volvió a dejar expuestas las diferencias políticas entre los tres bloques que integran el cuerpo legislativo. En el sexto piso, y con la presencia de alumnos de 4º año de las escuelas Misericordia y Joaquín Dopazo en el marco del programa Concejo Joven, se aprobaron diez de los doce proyectos que habían recibido despacho.

En total, fueron una ordenanza, seis minutas y tres proyectos de Resolución. En dos de las iniciativas aprobadas, La Libertad Avanza optó por la abstención, mientras que distintos cruces entre oficialismo, justicialismo y libertarios marcaron buena parte del debate.

Tras el izamiento de la bandera Nacional, el primer proyecto tratado fue el de ordenanza que refrenda el Decreto del Convenio entre la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y la Municipalidad de Rafaela. “Significa concretar el acto administrativo y dar continuidad y ejecución al Convenio. Es la delegación de controles de la Provincia a la ciudad”, explicó el concejal Juan Scavino al referirse a las funciones del ente de control.

El proyecto contó con siete votos positivos y dos abstenciones de LLA. El concejal Fabricio Dellasanta justificó su decisión afirmando que gente que se dedica al rubro se quejó y planteó que en la práctica no funciona. “Los comerciantes del rubro nos dicen que persiguen a los que hacen las cosas bien, y a la gente que está de manera ilegal en un garaje fabricando sándwiches no les hacen nada. Esto debería cambiar. No voy a convalidar algo que en la práctica sufren a diario los que son perjudicados por este sistema”, sostuvo el edil.

 

Pedidos de informes

La primera en tratar y generar discusión. Se trata del proyecto del bloque justicialista que solicita información respecto a la Policía de Acción Táctica -que regresó a nuestra ciudad en junio de este año-, luego de que en el 2024 fuera trasladada a Rosario por su situación de emergencia en materia de seguridad.

Al defenderla el concejal Maximiliano Postovit, preguntó si al Intendente le interesa la seguridad de los rafaelinos. “Hago esta pregunta porque en el 2020, cuando era secretario de Seguridad, me tocó recibir a las PAT y a partir de esa fecha estuvo de manera ininterrumpida en zonas de alta complejidad. En el primer trimestre del 2024 las PAT se van para Rosario y áreas quedaron desprotegidas. Una situación compleja del barrio Amancay las hizo volver. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos. Necesitamos información. Que los recursos no se pierdan, que se queden en la ciudad y trabajen coordinadamente”, solicitó el funcionario.

 

Los concejales del PJ, Maximiliano Postovit, Paz Caruso, Juan Senn y Valeria Soltermam impulsaron numerosos pedidos de informes sobre temas de gestión municipal. (FOTO PRENSA CONCEJO)

El concejal Juan Scavino adelantó que se brindará información oficial desde Policía de la Provincia, manifestó que la situación de seguridad es harto compleja en la Argentina y que Rafaela no es la excepción, y que a la gestión actual sí le interesa la seguridad, siendo uno de los temas más importantes desde su minuto cero. Acusó al concejal que en el último Foro de Seguridad no emitió palabra alguna, e informó irregularidades de la gestión anterior.

“Que mediocre es toda la respuesta del concejal Scavino. ¿En serio van a decir todo eso mientras Rafaela pasa una situación terrible en materia de inseguridad? Mientras los vecinos no pueden salir tranquilos a la calle se ponen a buscar cosas del pasado. Son gobierno y tienen que mirar hacia adelante. Vivimos en dos ciudades”, dijo Senn al justificar su voto.

Otro de sus proyectos, tuvo que ver con el pedido de informe sobre los nuevos contratos efectuados durante los años 2025 y 2026 de personal municipal. El pedido viene a raíz de que durante el año 2025 la planta de personal municipal se incrementó significativamente, contando con 35 agentes más respecto al año anterior.

“Sabemos que los números en la Municipalidad de Rafaela están en rojo; así lo arroja la Cuenta de Inversiones del 2025. Más del 50% del Presupuesto Municipal está siendo asignado al pago de sueldos de los empleados, pero nos encontramos con 35 contratos nuevos. 35 personas que entraron a trabajar en la Municipalidad, sin nuevos servicios y sin una justificación clara”, dijo la concejal Paz Caruso.

Discrepando con la edil, Scavino se refirió al crecimiento de servicios, nombrando como por ejemplo, el equipamiento del Parque Vehicular Municipal, lo que implicó aumento de mano de obra. “La incorporación de servicios supone mayor cantidad de mano de obra”, sostuvo.

Dellasanta coincidió con el pedido justicialista, queriendo saber dónde están esas 35 personas y qué función están cumpliendo. “Y son muchos más. Acá tenemos muchísima gente que trabaja mucho y bien y cobra un salario muy exiguo, pero tenemos otros tantos sinvergüenzas que cobran fortunas y no aparecen, no están. Denunciados por los propios empleados municipales”, acusó el edil.

 

Unidos y La Libertad Avanza mostraron diferencias en torno a numerosos proyectos. (FOTO PRENSA CONCEJO)

En otro de sus proyectos, solicitaron al Ejecutivo realice un operativo intensivo de limpieza en las cunetas y banquinas de las colectoras de la Variante Rafaela e interior de los campos aledaños en el trayecto desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 70 hasta el Complejo Ambiental. Además, se solicita una campaña de información y control de las cargas de camiones y vehículos y proponer hojas de ruta para las empresas que ingresan regularmente al Complejo Ambiental. La concejal Caruso reconoció que el operativo de limpieza ya se concretó, pero que se dio despacho al proyecto, porque además se pide un plan de trabajo sostenido en el control de vehículos que ingresan al lugar.

En otro orden, los concejales Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta defendieron la minuta con la cual solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que informe la totalidad de los radares o dispositivos de control electrónico de velocidad instalados sobre rutas nacionales y rutas provinciales que atraviesan el distrito de la ciudad de Rafaela.

“Tenemos un problema gravísimo, donde el Estado que pide a los ciudadanos que cumplan la ley, no está incumpliendo. Tenemos en Santa Fe el triste récord con más radares ilegales, usando las cámaras para saquear a la gente”, sostuvo el concejal libertario.

Por otra parte, se votó el proyecto impulsado por los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, con la que solicitaron evalúe la posibilidad de gestionar ante los organizadores de los XIII Juegos Suramericanos la realización del merecido homenaje a los Excombatientes de Malvinas del Departamento Castellanos, sugiriendo hacerlo en el acto de apertura del evento en nuestra ciudad. “La causa Malvinas ha tomado relevancia en el deporte y nos parecía oportuno que se pueda rendir homenaje”, manifestó Mársico.

Ambos ediles solicitaron también concretar la celebración de un convenio urbanístico por la fracción de terreno ubicado en la concesión 313, entre las arterias Constitución y Padre Dimas Mateos - Fader y Menchaca, en base a la Ordenanza Nº 5652. “Hemos legislado sobre las Áreas de Desarrollo Prioritario y estamos solicitando al Departamento Ejecutivo que en base a lo que se especifica en la ordenanza, se convoque al propietario para que celebre un convenio urbanístico y que no quede ese hueco urbano en el barrio Pizzurno. Los vecinos nos han manifestado que es necesario que ese espacio se pueda lograr urbanizar, explicó Mársico.

 

Sistema ferroviario

En cuanto a proyectos de Resolución, UNIDOS solicitó al Ministerio de Economía de la Nación, a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte y a la empresa estatal SOFSA que implementen de manera prioritaria las acciones y medidas necesarias para el restablecimiento del servicio ferroviario de pasajeros Retiro-Tucumán.

El documento sostiene que debido al mal estado de los durmientes y los aparatos de vías, la empresa estatal SOFSA (Sociedad Operadora Ferroviaria SA), que tiene a su cargo la operación de los trenes de pasajeros de larga distancia, decidió suspender los servicios hasta que la concesionaria privada realice los arreglos para garantizar la circulación de manera segura. Acusa además, que a 10 meses de la interrupción de los servicios, la concesionaria privada sigue sin concretar los trabajos necesarios para la corrida de los trenes de pasajeros y las autoridades nacionales deben exigir el cumplimiento de las obras.

El concejal Lisandro Mársico repasó la historia vinculada al proceso de privatización de este servicio, abandonando el Estado su rol de prestador directo, y guardándose la titularidad y el control al ceder la explotación de los ferrocarriles a empresas privadas.

“Hugo un inconveniente en las vías a la altura de Santiago del Estero, ese inconveniente es comunicado al Estado nacional y el Estado decide suspender el servicio de transporte de pasajeros para no generar un riesgo. Desde setiembre del año pasado no tenemos más el servicio. Esta situación se da por un desapego de la empresa y la falta de control del Estado sobre las concesiones. Aquí se viene dando un progresivo desmantelamiento de las vías férreas y falta de inversión sostenida que derivan en el corte de estos servicios que siguen siendo esenciales para muchas personas”, dijo el edil.

Al pedir la palabra la concejal Milagros Zafra dijo que el tren de carga prosiguió porque no es tan grave como si descarrila un tren de pasajeros. “Y como bien dijo el concejal Mársico, la red ferroviaria tienen un desmanejo de larga data. Si bien todos queremos que el ferrocarril funcione, hay otra realidad y es que las vías están destruidas, y ese descarrilamiento no puede volver a ocurrir. Lamentablemente no hay dinero para hacer esos arreglos. Estaba fuertemente subsidiado y era parte de un esquema que manejaba la política de terminar reventando el capital”, sostuvo.

“Esto viene estropeado desde hace décadas. Siempre el Estado robando, saqueando y haciendo desastre, y ahora queremos que alguien lo arregle con plata que no sabemos de dónde va a venir. Hay que dejar que la gente y privados inviertan y trabajen”, afirmó Dellasanta.

“Quizás ni el Gobierno nacional, SOFSA ni la Comisión Nacional Reguladora de Transporte nos escuche, pero yo escuché a los vecinos Fabricio. Los vecinos nos plantearon esto a mí y a Carla. No vine a ser política con esto”, le dejó en claro Mársico. “Este Cuerpo tiene que expresarse”, afirmó Scavino en apoyo al proyecto.

Al igual que el primero, este proyecto contó con 7 votos positivos y dos abstenciones de los libertarios, tanto en general como en particular. “Es muy lindo pedir la restitución, y es algo que todos queremos, sin proponer como financiarlo. El gobierno nacional está tratando de estabilizar un país que quedó detonado después del último gobierno kirchnerista”, dijo Zafra al justificar su voto.

“A esto lo tiene que definir el gobierno nacional. Es una manifestación tal vez de deseo, para que el área correspondiente haga que vuelva o que se resuelva”, dijo Boidi en relación al financiamiento.

“Le estamos pidiendo a la empresa a la cual el gobierno le renovó el contrato, que arregle lo que tenga que arreglar. Yo no estoy pidiendo que el Estado saque plata del bolsillo, si fueron ustedes mismos los que le renovaron la concesión”, le dijo Mársico a Dellasanta cuestionando su abstención.

El otro proyecto de Resolución fue propuesto por el bloque justicialista, y pide al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, y por su intermedio al Ministerio de Educación, proceda a la revisión de la estructura orgánica y a la inmediata designación, y ampliación del personal profesional asignado al Equipo Socioeducativo de la Región III de Educación, a fin de subsanar el congelamiento de vacantes sostenido desde el año 2014.

“Los equipos socioeducativos trabajan cuando se detecta alguna situación en particular dentro de un aula, en conjunto con docentes y directivos. Todos, en conjunto, tratan de buscar soluciones a distintas problemáticas. 48000 estudiantes en 252 escuelas del Departamento Castellanos y de algunas localidades de Las Colonias. ¿Saben cuántos profesionales los están acompañando? Tan solo 10. Nos encontramos con una emergencia en salud mental infanto juvenil que nos pone los pelos de punta y no les podemos trasladar a estos diez profesionales que sostengan sobre sus hombros el peso de una crisis estructural”, expresó la concejal Valeria Soltermam.

Y en otro proyecto, el bloque justicialista solicita a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) se evalúe e implemente un plan progresivo de incorporación de medidores inteligentes avanzando hacia la telemedición con el objetivo de brindar a los usuarios herramientas digitales que les permitan acceder en tiempo real a la información sobre sus consumos eléctricos.

Al respecto se refirió el concejal Maximiliano Postovit. “A este proyecto lo iniciamos por testimonio de muchos vecinos que visitamos permanentemente. Muchos de ellos sufren al ver determinadas boletas bimestrales de dos millones, un millón, y se hace muy costoso poder pagarlas. A veces figura un consumo excesivo. Este proyecto de telemediciones permite tener en tiempo real lo que uno está consumiendo en energía eléctrica”.

Con este proyecto, y casi al mediodía, se dio por finalizada una nueva sesión cargada de debates.

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