El Concejo Municipal de Rafaela comenzó a debatir un proyecto de ordenanza impulsado por los bloques Juntos por el Cambio y Unidos para Cambiar Santa Fe, que propone actualizar integralmente la normativa que regula el servicio de remises en la ciudad. La iniciativa busca adecuar la legislación local a los cambios tecnológicos y de hábitos de consumo, especialmente a la incorporación de plataformas digitales de intermediación y nuevas modalidades de contacto entre usuarios y choferes.

El proyecto fue elaborado luego de reuniones con permisionarios y titulares de agencias, quienes aportaron sugerencias y plantearon problemáticas del sector. El Concejo Municipal y el Ejecutivo coincidieron en la necesidad de contar con una regulación moderna, clara y controlable, que garantice un servicio seguro y adaptado a la realidad actual del transporte urbano.

En este marco, y a pesar de que el Municipio permanecerá cerrado este lunes por conmemorarse el Día del Trabajador Municipal y Comunal, los concejales recibirán a las 10:30 una vez más a representantes del sector de remises para "corregir" la iniciativa.

Según los fundamentos del proyecto, la actual ordenanza —la N° 3.338 y sus modificatorias— quedó desactualizada frente a la evolución del transporte de pasajeros y la masificación del uso del teléfono celular y las aplicaciones móviles. “Las playas de estacionamiento han dejado de cumplir su función original”, señala el texto, aludiendo a que la comunicación entre agencias, conductores y usuarios ya no requiere de un punto físico de espera.

Los concejales proponentes argumentan que la modernización del marco regulatorio permitirá “una gestión más eficiente, transparente y trazable” del sistema, reforzando los controles municipales sobre los vehículos, los seguros y las condiciones de prestación. Además, destacan la necesidad de promover equidad y competencia leal entre los distintos subsistemas de transporte —colectivos, taxis, remises y aplicaciones—, garantizando igualdad de condiciones y cumplimiento tributario.

El proyecto también pone el foco en la seguridad, la accesibilidad y la responsabilidad vial. Plantea la obligación de capacitar a los conductores en atención a personas con discapacidad o movilidad reducida, e incorpora sanciones más severas frente a infracciones graves o reiteradas.

Principales modificaciones

En la parte resolutiva, la propuesta deroga la actual ordenanza y establece un nuevo marco que redefine la actividad como “servicio público impropio”. Entre los puntos más destacados se incluyen:

Reconocimiento del uso de plataformas electrónicas para la intermediación entre agencias y usuarios, reemplazando la exigencia de contar con playas de estacionamiento físicas.

Nuevos requisitos para agencias y permisionarios, incluyendo la obligación de fijar domicilio fiscal electrónico y mantener actualizada la documentación y los seguros de las unidades.

Habilitación semestral de los vehículos, con inspecciones técnicas obligatorias y exigencia de pintura blanca, aunque se exceptúa a los autos actualmente habilitados que no cumplan con ese color.

Identificación unificada de los remises mediante obleas oficiales y tarjetas con los datos del conductor, la agencia y el vehículo.

Sanciones escalonadas por infracciones, con multas equivalentes al valor de entre 50 y 500 litros de nafta y posibles inhabilitaciones o clausuras temporales para agencias reincidentes.

Creación de un Registro de Antecedentes de agencias, permisionarios y conductores, que será administrado por la Secretaría de Gobierno y utilizado para otorgar o renovar habilitaciones.

Además, se incorpora una disposición transitoria que permite la transferencia de agencias habilitadas dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigencia de la norma, manteniendo los derechos y obligaciones de los titulares anteriores.