En una sesión nuevamente tranquila, se aprobaron por unanimidad tres proyectos. Luego del izamiento de la bandera nacional por parte de la concejal Mabel Fossatti, el presidente del Concejo Lisandro Mársico fue miembro informante de su proyecto para pedir al Gobierno provincial un nuevo Juzgado de Familia para Rafaela, por lo que intercambió momentáneamente la banca con la vicepresidenta, la concejal María Paz Caruso, quien a su vez presidió la sesión en ese tramo.

Inicialmente el secretario del Cuerpo, Nicolás Abdala, leyó el proyecto de Resolución que solicita a las autoridades provinciales la creación de un juzgado de Primera Instancia de Familia en Rafaela. El documento justifica el pedido informando que “desde enero y hasta el 30 de septiembre de este año, los expedientes ingresados suman 1998, de los cuales 1138 corresponden a situaciones de violencia y el resto a divorcios, adopciones, alimentos, y régimen de comunicación controles de legalidad, internaciones, afectaciones patrimoniales y otros”. “La situación económica, social y la ruptura del entramado social ha impactado fuertemente en el fuero de familia. Las situaciones relacionadas con las violencias representan el mayor número de expedientes que ingresan en el Juzgado de Familia de referencia. Se requiere de celeridad en las decisiones a los fines de evitar que se desencadenen delitos más graves”, expresa en su Considerando.

“El presidente del Colegio de Abogados Joaquín Cordero, me manifestó la necesidad imperiosa de crear un nuevo Juzgado de Familia. A raíz de eso surgió una entrevista con la Jueza de Familia Dra. Liza Báscolo Ocampo, quien me dio a conocer algunos números del Juzgado y la situación preocupante y urgente de crear uno nuevo”, dijo Mársico antes de brindar datos que evidencian su estado de colapso y saturación.

“Esos expedientes ingresados necesitan tratamiento urgente porque, puede estar configurado un delito, pero si no hay medidas expeditas, con celeridad e inmediatez, se puede derivar en un delito mayor, o sea, un daño a la integridad física hacia la persona aún más grave. Por eso se necesitan más recursos humanos y materiales de manera urgente, y esto se va a lograr, no inyectando personal en el Juzgado, sino creando otro. Este es el pedido que desde este Concejo hacemos a los poderes provinciales e instamos a los mismos a llevar adelante los mecanismos competentes a los fines de la creación de un nuevo Juzgado”, explicó el abogado, adelantando que la diputada provincial Gisel Mahmud y el senador provincial Alcides Calvo ya ingresaron proyectos de ley al respecto.

“Sin desmerecer el tema laboral, en estos casos, si las medidas no son urgentes, está en juego la vida de las personas. Por eso quiero que se entienda la gravedad de la situación que amerita que esto se solucione de manera urgente, dándose trámite a la creación de un nuevo Juzgado de Familia”, dijo finalizando su discurso.

Seguidamente, se leyó la minuta de comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo informe acerca de la implementación de la Ordenanza N° 5.148 referida a “Ley Micaela”, la que establece la capacitación obligatoria en Derecho y perspectiva de género, y prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito de la Municipalidad.

En el proyecto se recuerda que el año 2019 nuestra ciudad adhirió a la Ley Nacional 27.499/18 y Provincial N°13.891 "Ley Micaela", e informa que desde el año 2022 “no se han promovido en la ciudad nuevas capacitaciones internas considerando el ingreso de nuevos agentes, ni reforzado los conceptos y objetivos perseguidos por las correspondientes legislaciones”.

Caruso vinculó su proyecto con el anterior “porque tiene que ver en cómo el Estado local trabaja en la prevención de la violencia de género”. “La Municipalidad ha trabajado desde 2019 en capacitaciones locales y ha articulado con distintos niveles del Estado con lo que en un momento era la secretaría de Género y luego ministerio a nivel provincial. Hoy desconocemos como está trabajando esa estructura. Queremos saber si esas capacitaciones se están llevando adelante, considerando no solamente el ingreso de nuevo personal municipal sino también de nuevos funcionarios que forman parte del gabinete del Intendente”, manifestó la edil.

Luego pidió la palabra la concejal Alejandra Sagardoy que manifestó el acompañamiento al pedido, habiendo sido ella una de las promotoras para adherir a tal Ley. Asimismo, informó que ya mantuvo comunicación con la secretaría de Género de Santa Fe liderada por la abogada Alicia Tate, impulsora de la defensa de las mujeres. “Me comuniqué con ella y también con la abogada Paula Spina con quienes vamos a hacer convenios. Asimismo, me contacté con el secretario de Desarrollo Humano (Gabriel Cáceres) para que se retomen las capacitaciones. Es importante esto y lo que acabamos de escuchar con lo del Juzgado de Familia porque están en riesgo la vida de las mujeres especialmente. Apenas tengamos esos convenios los alcanzaré; que se lleven adelante todas las capacitaciones que son necesarias, tanto para los ingresantes, como para aquellos que ya las hicieron, actualizándose en la Ley y los conceptos que se van aplicando”, sostuvo.

“Es el momento en el que el Estado se tiene que poner a la altura con educación, fortaleciendo estos espacios de aprendizaje, escucha, debate, pero también permitiéndole a las víctimas acceder una justicia real”, dijo la concejal Valeria Soltermam refiriéndose a la vinculación de los dos proyectos.

Por último, se votó sobre tablas el proyecto de Resolución que “designa a los concejales Carla Paola Boidi y Mabel Fossatti por el oficialismo, y a los concejales Juan Senn y María Paz Caruso por la oposición, como miembros del Comité de Seguimiento ODESUR 2026, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N°5.600”.

En el Considerando se recuerda que en fecha 8 de mayo de 2025 se sancionó la Ordenanza Municipal N2 5.600, mediante la cual se crea el Comité de Seguimiento ODESUR 2026, órgano encargado de supervisar la organización y el desarrollo de los XIII Juegos Sudamericanos ODESUR 2026 en la ciudad de Rafaela, estableciéndose en el artículo 2° la participación de cuatro concejales, dos de cada bloque.

Al defenderlo, el concejal Juan Senn resaltó en primer lugar la convocatoria del día martes de lo que fue la primera reunión del Comité de Seguimiento de los Juegos ODESUR realizada en el salón verde de la Municipalidad. “Destacar también que esta ordenanza se votó en mayo de este año, y hace tres semanas ingresamos una minuta preguntando al Ejecutivo los motivos por los cuales aún no se habían convocado. Rápidamente se ocuparon y se convocó a los integrantes de esta comisión. Es importante destacar que será el desafío deportivo más importante de la historia de Rafaela llevado adelante a través del Estado. Va a ser un despliegue muy grande donde Rafaela va a ser vidriera del mundo y la gente va estar viendo que pasa en la ciudad. Por eso nos parecía sumamente importante vincular a las instituciones y clubes para que podamos recibir a todos los deportistas y a todos los que vengan a ser espectadores de este desafío. Como concejales ya participamos de la primera reunión, la que va a tener una periodicidad mensual”, dijo el edil antes de votar.