Difícilmente, Mauricio Macri instrumente un ajuste ortodoxo en un
año electoral como 2017, en el que la suerte de su proyecto
político está en juego, pero es clara la intención oficial de
avanzar hacia una economía en equilibrio fiscal, donde prevalezcan
sectores sin subsidios y autosustentables.
Es la vieja dicotomía entre Estado y mercado, en la que el
Gobierno de Cambiemos claramente prefiere este último.
Sin
embargo, para llegar a su modelo de país ideal necesita de varios
pasos, porque viene de un esquema opuesto basado en el patriarcado
estatal de subvenciones y regulaciones/cepos con un cierre de
déficit fiscal récord en 2015.
Durante todo 2016, Macri forzozamente apeló al gradualismo para
ir aplicando su receta económica, con algunas excepciones que
tuvieron suerte dispar: la salida rápida del cepo cambiario, el
acuerdo con los holdouts y el tarifazo en los servicios públicos
frenado y reformulado por la Justicia.
Ahora, el verdadero Macri empieza a asomar en múltiples
decisiones de su sello y el ejecutor de esta nueva etapa es el
flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Casual o causalmente, en simultáneo con la salida del
gradualista Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda se fue de
Aerolíneas Argentinas la gradualista Isela Costantini, quien al
parecer tampoco avalaba el plan oficial de abrir el mercado
aerocomercial a otras empresas.
El nuevo ministro dijo que iba a ceñirse a la meta de reducción
del déficit fiscal de 4,8 a 4,2% del PBI en 2017, pero anticipó
que si puede acelerar ese recorte lo hará. Cada ministro tiene la
misión de buscar la manera de hacer más eficiente el gasto.
AUMENTOS Y RECORTES
En ese marco, el Gobierno amparó el anuncio de una sucesión de
aumentos para el primer tramo del año en combustibles, medicina
prepaga, TV por cable, celulares, luz, agua, gas, ABL o sus
equivalentes provinciales, entre otros. En algunos casos como los
peajes, son exagerados.
¿Y el combate a la inflación?
También, empezó a rascar la olla de recortes en el sector
público que en algunos casos generaron costos elevados como la
reducción -luego postergada- de la planta de becarios del Conicet
o la no renovación de contratos en el Ministerio de Educación.
Dentro de esa lógica se inscribe la decisión oficial de
cancelar el financiamiento del programa Fútbol para Todos, cuyo
fin razonable de dejar de subsidiar una industria que puede
autosustentarse, por ahora sumió al fútbol argentino en un caos.
La administración de Cambiemos paralelamente busca avanzar en
definiciones de su sello para fomentar la inversión extranjera.
Así, eliminó la última restricción para el ingreso de capitales
del exterior que establecía un plazo mínimo de 120 días de
permanencia en el país. Vía libre para el bicicleteo financiero.
DE BLANQUEO EN BLANQUEO
La próxima gran apuesta oficial es el denominado blanqueo
laboral, que supone una serie de reformas que permitan reducir el
trabajo informal o en negro del 35% actual.
Este proyecto será presentado en la Mesa de Diálogo para la
Producción y el Trabajo, que completan empresarios y la CGT.
Formará parte de una "reforma impositiva integral" anunciada por
Dujovne, cuyo objetivo es bajar la carga tributaria pero ampliar
el universo de contribuyentes.
El plan de blanqueo laboral fue elogiado por cámaras
empresariales y parece lógico teniendo en cuenta el peso que
implica tener un empleado en blanco en la Argentina. Pero la CGT
rápidamente salió a rechazarlo y lo emparentó con "las políticas
de fexibilización laboral de los años noventa".
Uno de sus pilares es que el Estado pague las cargas durante
tres años de nuevos trabajadores (o en negro que pasan a ser
formalizados) con sueldos de hasta 12 mil pesos. Otro es
incorporar el plan social como parte del salario de un empleado
(hoy el que recibe un plan lo pierde si trabaja en blanco).
Esos postulados forman parte del Plan Productivo Nacional, la
biblia elaborada por el cerebro económico del Gobierno, Mario
Quintana, cuyo objetivo es convertir a la economía en más
eficiente sin que caiga el poder adquisitivo de los salarios.
El
lado B del programa es que tiene como espejo el modelo australiano
de apertura comercial, commodities y servicios, en el que las
industrias no competitivas debieron reconvertirse.
La otra pata del plan Dujovne es un impulso fuerte a la obra
pública, esto sí más allá del gasto, cuya doble ventaja consiste
en empezar a cumplir con reclamos históricos y pasear candidatos
propios por el país con cascos y mamelucos.
El programa tendrá fuerte incidencia en la provincia de Buenos
Aires, distrito electoral que reunirá a pesos pesado de la
política nacional y que definirá el ganador de la elección
legislativa de 2017.
Con esa lógica, Macri giró 25 mil millones de
pesos a María Eugenia Vidal para compensar la ya histórica pérdida
de coparticipación de la provincia más grande.
Hay otras dos medidas en carpeta que tienen que ver con la
edad. Por un lado, el Gobierno lanzó al ruedo el siempre polémico
proyecto para crear un Régimen Penal Juvenil, con la intención de
que baje la edad de imputabilidad de delitos de 16 a 14 años. Este
es un debate con una alta carga ideológica.
El nuevo Macri también
prometió poner punto final a los piquetes.
La otra tiene que ver con la suba de la edad jubilatoria. Al
lanzar la reparación histórica a los jubilados, el Gobierno
advirtió que el sistema previsional se puede mantener en las
actuales condiciones por tres años.
Luego una comisión deberá
analizar su sustentabilidad. Traducido: posiblemente antes del
final del mandato de Macri se busque subir la edad jubilatoria,
hoy en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Esa fue una de las recomendaciones que hizo el FMI al Gobierno.