"Hasta este momento sabemos que los trabajadores perdieron un 10

por ciento de poder adquisitivo, pero eso se va a revertir antes

de fin de año". La definición, cruda, corresponde a un hombre

clave del gabinete de Mauricio Macri en medio del peor momento

político y económico del Gobierno.

El optimismo, según coinciden los principales colaboradores

presidenciales, obedece a que este es el trimestre más duro de la

economía, en el que comenzaron a pegar fuerte los ajustes

tarifarios que agitaron la inflación.

Las planillas que pasan de oficina en oficina del gabinete

indican que el índice de precios este mes trepará hasta entre el

6,8 y el 7,1%, pero que de ese incendio la mayor parte -más de un

5%- corresponde a los ajustes tarifarios.

"Sin aumentos de tarifas la inflación está en 1,8% lo cual nos

muestra que estamos cerca de lo que esperamos para el segundo

semestre", sostiene otro hombre fuerte del Gabinete.

Mientras las tapas de los diarios reflejan que bajó el consumo

y subió la pobreza, en el Gobierno insisten en que las variables

económicas comenzarán a acomodarse cuando se cierren las

paritarias, en un promedio que estiman del 32%.

LEY ANTIDESPIDOS 

El Gobierno también niega que haya destrucción del empleo. Se

basa en datos sobre las dotaciones de empleados declaradas en la

AFIP y en los pedidos de Repro por parte de empresas en crisis

para que el Estado subsidie parte de los sueldos de sus empleados.

Lo cierto es que esta coyuntura de ajuste reagrupó a los

sindicatos, al peronismo y a la oposición y desembocó en un golpe

político para la administración macrista con la aprobación del

proyecto de Ley de Emergencia Ocupacional en el Senado.

La denominada Ley antidespidos, que fue rechazada por Cristina

Kirchner cuando era presidenta, ahora es debatida en Diputados,

donde se registraron en la última semana negociaciones frenéticas

y cambiantes, marcadas más por el pulso político que por el

impacto real de esa iniciativa coyuntural.

Las tratativas fueron encaradas por el presidente de la Cámara

de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de Gabinete, Mario

Quintana, ante referentes opositores y sindicales. También en las

últimas horas hubo gestiones ante los principales empresarios para

pedirles que firmen una tregua con los despidos.

Es posible que finalmente el proyecto sea modificado y enviado

al Senado, como quiere el oficialismo, pero la oposición se

resiste a morigerar la prohibición de los despidos por 180 días,

el corazón del proyecto.

En ese caso, el Presidente ya anunció que

va a vetar ese apartado de la Ley porque, según su visión, envía

señales negativas a inversores.

De todos modos, el Gobierno tiene previsto anunciar esta semana

una serie de resoluciones y proyectos de ley para favorecer a las

pymes y promover la generación de empleo. Los anuncios estarán a

cargo del ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

Entre las iniciativas que ajustó la Casa Rosada en los últimos

días se encuentran la Ley de Primer Empleo para eximir de cargas a

empresas que tomen a jóvenes de 18 a 24 años; el reordenamiento

del régimen de pasantías y capacitación; y que las empresas puedan

deducir sus inversiones del impuesto a las ganancias.

Por cuerda separada, se anunciará próximamente el mantenimiento

de subsidios para industrias muy dependientes de la energía, cuyos

costos se dispararon con el salto tarifario.

PROA A 2017 

Así como el acuerdo con los holdouts aprobado por amplia

mayoría en el Congreso significó un triunfo político para Macri,

el proyecto antidespidos volvió a mostrar que su matriz de

gobernabilidad es volátil. La ambigüedad del Frente Renovador de

Sergio Massa es un gran contribuyente a estos vaivenes.

Esas limitaciones seguramente se acrecentarán si la economía no

repunta y sobre todo en el tránsito hacia las elecciones de 2017,

que serán clave para el futuro de este proyecto político.

En ese contexto, el peronismo buscó afanosamente un esquema de

homogeneidad que había perdido desde la derrota electoral. Aún sin

liderazgo, encumbró a José Luis Gioja como jefe partidario y

espera acomodar las piezas para el año próximo.

"Con esta elección logramos tanto como que Macri deje de

manejar los temas internos del partido y hay una organización para

las próximas elecciones", exaltó un armador peronista, quien

reconoció que todavía hay sectores excluidos del paraguas orgánico

del PJ como los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti y Chubut,

Mario Das Neves y el ultrakirchnerismo.

Macri sabe que sus fichas se juegan el año próximo,

especialmente en la estratégica provincia de Buenos Aires, donde

la oposición seguramente jugará cartas fuertes en distintas

boletas como las de Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Sergio

Massa, Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo.

Ante eso, el presidente activó una tregua en una antigua

disputa entre el armador nacional, Monzó y la gobernadora

bonaerense, María Eugenia Vidal, enemistados desde que el hoy

presidente de la Cámara de Diputados la propuso como candidata en

Buenos Aires, tierra hostil en aquel momento.

Pese a que esas diferencias no terminaron de zanjarse, Monzó

trabaja con un esquema kirchnerista de cooptación de intendentes

de otras fuerzas y espera empezar a medir candidatos propios,

mientras que la administración Vidal busca apurar el inicio de

obras públicas estructurales.

A ese esquema, el Gobierno busca

sumarle una suma importante de ingresos a la provincia con

modificaciones al Fondo del Conurbano.

"Hoy el 70 por ciento de la población dice que está peor que

antes de la llegada de Macri, pero prácticamente la misma

proporción cree que el año próximo va a estar mejor",

reflexionaron cerca del Presidente. Sobre esa esperanza pivotea todavía el Gobierno, sin margen para tropiezos.