Rural

En Santa Fe, los impuestos absorben el 53,9% de la renta agrícola

Crédito: FADA

El dato surge del último índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). La provincia presenta una presión impositiva inferior a la de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, aunque la carga tributaria continúa representando más de la mitad de la renta.

La carga impositiva continúa siendo uno de los principales condicionantes para la actividad agrícola. De acuerdo con el último índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), correspondiente a septiembre, los impuestos representan el 53,9% de la renta agrícola en Santa Fe.

El indicador, difundido por la Sociedad Rural de Rafaela, muestra que la provincia se encuentra por debajo del promedio nacional, que alcanza el 58,2%, aunque la presión tributaria sigue teniendo un peso determinante sobre los resultados de los productores.

En la comparación con otras provincias agrícolas, Santa Fe presenta una participación estatal inferior a la registrada en Buenos Aires, donde llega al 56,1%, y Córdoba, con el 56,9%. También se ubica por debajo de Entre Ríos, que registra el porcentaje más elevado entre las provincias analizadas, con el 58,4%.

La diferencia respecto de otros territorios no significa necesariamente que los productores santafesinos paguen menos impuestos en términos absolutos. El índice contempla la combinación de variables como rindes, precios, costos de producción, fletes y tributos nacionales, provinciales y municipales.

 

Una renta que se reparte

El informe de FADA permite observar con mayor claridad cómo se distribuye la renta agrícola promedio. A nivel nacional, el 58,2% corresponde a impuestos, el 27,3% al costo de la tierra y apenas el 14,5% queda como resultado agrícola.

La estructura explica por qué una mejora en los precios de los granos o una reducción en determinados costos puede traducirse en una recuperación de los márgenes sin modificar sustancialmente la ecuación general del productor.

Durante los últimos meses, precisamente, se produjeron algunos movimientos favorables. El incremento de los precios del trigo y la soja, junto con una reducción significativa en el valor de la urea —que pasó de unos 730 a 570 dólares por tonelada— permitió mejorar los márgenes respecto de junio.

En el caso del trigo, el resultado económico previo al pago de impuestos volvió a ubicarse en terreno positivo, después de períodos en los que apenas alcanzaba a compensar los costos o directamente resultaba negativo. Sin embargo, FADA advierte que tanto el trigo como el maíz continúan cotizando por debajo de sus promedios de los últimos cinco años, por lo que la recuperación debe ser analizada con cautela.

Antonella Semadeni, economista de FADA, señaló que, aun con mejores precios y menores costos para algunos insumos, los impuestos representan más de la mitad de la renta agrícola.

 

El peso del flete

A la estructura tributaria se suma otro componente decisivo para la rentabilidad: el transporte. La distancia entre los establecimientos productivos y los principales puertos tiene un impacto directo sobre los márgenes. En las zonas santafesinas más alejadas del complejo portuario del Gran Rosario, el costo del flete puede representar una proporción significativa de la renta obtenida por el productor.

El precio del grano no es el único elemento que define la renta agrícola. También importan los costos de producción, la distancia a los mercados, los rindes y la estructura impositiva de cada territorio”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA.

El índice muestra, de esta manera, una ecuación productiva en la que distintos factores terminan determinando cuánto queda finalmente en manos del productor.

Santa Fe aparece en septiembre entre las jurisdicciones con menor participación estatal, junto con La Pampa, con el 54,7%, y San Luis, con el 55%. Pero aun en esos casos la presión tributaria continúa representando más de la mitad de la renta agrícola.

La mejora registrada en los márgenes durante los últimos meses aporta algo de oxígeno frente a la próxima campaña, aunque no modifica uno de los principales reclamos del sector: la elevada incidencia de la carga impositiva sobre la actividad productiva y la consecuente reducción de los recursos disponibles para invertir, incorporar tecnología y afrontar los riesgos propios del negocio agrícola.

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