Es muy probable que por la forma en que fueron bastardeadas en los últimos tiempos dentro del ámbito político, las encuestas hayan perdido credibilidad, sobran elementos para desconfiar pues hubo demasiados casos de confecciones a medida de cada cliente. Sin embargo, hecha la salvedad, las encuestas constituyen elementos de suma utilidad para un amplio abanico de actividades, especialmente cuando están orientadas a determinar ciertas situaciones que conviven diariamente con nosotros: la inseguridad por ejemplo.
Aunque no demasiada falta hace, pues la inseguridad se ha enseñoreado en Rafaela, igualmente acudiremos a algunos de esos sortilegios que nos ofrecen las encuestas para terminar de conformar un escenario que es realmente complicado. No más que en otras ciudades de nuestras mismas características, pues se trata de un fenómeno que al compás del aumento del consumo de drogas, del tratar de sobrevivir sin el esfuerzo del trabajo y de un deterioro socioeconómico que ocultan las estadísticas pero que muestra la realidad, se ha extendido por toda la Argentina. Miren sino los recientes acontecimientos ocurridos en Junín, una ciudad de 94.000 habitantes, que cobró notoriedad nacional con una pueblada incluida, aun cuando en esto haya cuestiones políticas de por medio. Así lo dejaron trascender quienes estuvieron cerca de los sucesos y con mucha más precisión Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, respecto el envío de agitadores profesionales para herir, y si es posible mortalmente, la figura del intendente radical. De comprobarse, si a esto hemos llegado, debemos admitir que a la decadencia le queda muy poco camino por recorrer, pues estamos en el fondo.
Todas las encuestas que recolectan las preocupaciones de los argentinos de hoy en día, sea en los grandes centros urbanos como en aquellos medianos o incluso pequeños, la falta de seguridad está al tope, y luego bastante lejos vienen la inflación, la falta de empleo, la salud, la educación, el tránsito, los cortes de rutas, el dólar. Una demostración cabal de lo que nos está sucediendo, y hacia dónde deben enfocar sus objetivos quienes nos gobiernan, legislan o integran los organismos encargados de brindar una seguridad que, a la luz de los hechos, es más frágil que un barrilete en medio de una ventisca.
Un par de años atrás una encuesta, incluso cuando la situación daba la impresión de estar más controlable, encargada por este Diario al licenciado Algaba arrojó resultados preocupantes: nada menos que el 84% de los 400 rafaelinos consultados opinó que la inseguridad estaba aumentando con relación a años anteriores. Otros datos daban cuenta que el 75,8% opinaba que debían denunciarse los delitos de que eran víctimas, en tanto que el 63,6% creía en la utilidad de las cámaras de vigilancia -acaban de instalarse 40-, mientras el 45,5% valoraba a la policía, el 70,2% a la GUR y un escuálido 11,1% a la justicia.
Seguramente, desde entonces a la fecha, esos números engordaron, pues más allá de sensaciones tantas veces mal manejadas y estadísticas sostenidas en el truchaje, esa es la observación que permite hacer la realidad. Respaldada además por otra encuesta, bien fresquita, elaborada por la juventud radical entre 100 personas de 23 barrios y con datos reunidos a fines de febrero. Uno de los datos es alarmante: el 49% de los consultados admitió haber sufrido alguna clase de delito en su grupo familiar en los últimos 6 meses. Y tanto o igual de preocupante es que apenas el 57% de las víctimas realizó la denuncia en una sede policial.
También se da cuenta en este diagnóstico más reciente, que de los que sufrieron delitos el 52% fueron arrebatos, el 38% robos domiciliarios y 9% sustracción de rodados. Tanto como para estar precavidos ante qué clase de situaciones debemos enfrentarnos.
Algunas de las conclusiones son de sencillo acceso, como por ejemplo que el delito continuó acrecentándose, ya que una persona de cada dos tiene a alguien en su familia que resultó víctima, pero además y para tenerlo muy en cuenta, hace dos años el 75,8% reclamaba que se hagan las denuncias, retrocediéndose ahora casi veinte puntos al 57%. Una señal clara de la caída de confianza, que debe recomponerse como objetivo central de partida, existiendo algunas acciones de aplicación inmediata como el mayor esclarecimiento de delitos y una presencia de agentes y patrulleros más nutrida en las calles. Debiendo existir por supuesto el acompañamiento de las autoridades, de la justicia esencialmente, y de todo el conjunto de la ciudadanía. Y que la participación del gobierno provincial vaya más allá de 5 motos y la incorporación de agentes que no alcanzan siquiera a cubrir las bajas.
Un dato más que elocuente lo dio el jefe Alcaraz ante los concejales esta semana, que no era desconocido, pero que resuena mucho más cuando viene con ese origen. Hoy se cuenta con 670 policías para atender todo el departamento Castellanos, con 3 ciudades y 42 distritos, prácticamente igual que hace 40 años, cuando éramos casi la mitad de habitantes, la droga una rareza y dejábamos la puerta de calle sin llave. Es cierto que es sólo una parte del problema, pero importante, pues si hay poca policía, mal paga y con escaso equipamiento, la conclusión es que se convierte en caldo de cultivo de la delincuencia. Los resultados, están a la vista.