Curioso personaje este José Sbatella, nada menos que jefe de la Unidad de Información Financiera, para quien de acuerdo con su interpretación los medios de comunicación podrían llegar a ser sancionados por la ley antiterrorista, la cual estuvo incluida en el paquetazo de medidas que salieron como por un tubo de ambas Cámaras Legislativas, casi sin chistar ni mucho menos debatir cualquier cuestión, siendo poco menos que ofrendadas a la presidenta Cristina Fernández, casi como regalo de fin de año. Aunque dejando presagiar, que al menos, y tanto por calificarlo de manera benevolente, se viene un 2012 complicado para quienes tienen un pensamiento diferente al oficial.
Este mismo Sbatella, cabe recordarlo pues absolutamente todo hace a la cuestión, es el mismísimo funcionario que dejó dormir un año en su despacho la denuncia de la diputada Elsa Quiróz sobre coimas y malversación de fondos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que explotó públicamente con posterioridad -a mediados de este año que concluye- con el aún irresuelto caso Schoklender, que por alguna extraña curiosidad de esta seguidilla de coincidencias que nos abruman, cayó en el juzgado del servicial Oyarbide.
Resulta que, según criterio de Sbatella, si un medio difunde noticias que podrían llegar a inducir a la gente a retirar sus depósitos, sería acusado de "aterrorizar a la población". ¿Usted se imagina? si además de tener el control de la distribución del papel de diarios, de la publicidad oficial que se distribuye entre sus órganos de propaganda y que este año llegó a 1.200 millones de pesos duplicando la cantidad de 2010, de las licencias de emisoras radiales y televisivas, dispone de una ley que le permite aplicar sanciones por los contenidos informativos, más allá de todo lo que se diga, las cartas están sobre la mesa. Y si vemos quienes serán los encargados de jugarlas, no hay que hacer demasiado esfuerzo en suponer lo que viene.
Algunas muestras de características muy parecidas ya hemos tenido de sobra. ¿O acaso podemos soslayar lo que viene ocurriendo con el INDEC desde hace cinco años? Estadísticas a gusto y paladar, que directamente ignoran la inflación y todas sus consecuencias, como por ejemplo que la pobreza se tenga aplanada en los números pero no en la realidad. De lo contrario, ¿cómo puede admitirse que una familia de cuatro miembros pueda vivir con 1.385 pesos mensuales? Esa es la canasta mágica del INDEC, cuyo relato se intentó que sea único, persiguiendo con multas y sanciones a las consultoras que se atrevieron a dar sus propios números. ¿Por qué creer que con los medios de comunicación sucederá otra cosa?
Con leyes en la mano cuya aplicación se puede disponer a gusto y paladar, además del uso de organismos del Estado para presionar y avanzar hasta límites que por ahora no se visualizan, la perspectiva es sumamente complicada. La intervención de Cablevisión con aval de la Justicia y actuación de la Gendarmería y la inhibición de La Nación por parte de la AFIP, constituyen actos temibles.
Hasta aquí no fue sencillo el tránsito de algunos medios, incluso acusados de "destituyentes" por el hecho de no compartir el relato oficial, disentir con el mismo, o marcar algunas cuestiones de corrupción que es muy probable de otro modo, nunca hubiesen salido a la luz pública. Extraña mezcla sin dudas, pues cuando de destitución, deslegitimación o terrorismo se habla, poco de positivo puede encontrarse como resultado. Salvo, la inutilidad de una confrontación que termina por perjudicar a todo el conjunto. Más se avanza por estos espinosos senderos, más valor adquiere la definición del presidente uruguayo Pepe Mujica: "la mejor ley de medios es la que no existe". Libertad total es la más importante y única garantía democrática. Todo lo demás, como alguna vez dijo el caudillo catamarqueño Vicente Saadi en su histórico debate con Dante Caputo, es pura cháchara. Se busca de esa manera, ocultar los verdaderos objetivos. Sólo eso.
Luego del contundente triunfo de Cristina Fernández en octubre, la bajada de tono altisonante, la moderación de sus gestos, y los llamados a la unidad y reconciliación, permitieron suponer la posibilidad de un escenario diferente al anterior, donde se insinuaba mayor apertura y una inclusión que no era sólo destinada a los marginados del modelo. Se habló también de profundización y correcciones, que dejaban abierto un amplio abanico de alternativas, aunque no lograba ser descifrado con precisiones.
La íntegra ratificación del gabinete -salvo los obligados a salir-, la confirmación de Moreno con mayores poderes, el enorme ascenso del camporismo de Máximo Kirchner, más la docena de leyes que salieron a libro cerrado, entre las cuales están las que facilitarán el hipotético control de los medios que no se ajustaron hasta ahora al acompañamiento oficial, permiten tener certezas sobre la profundización. Se argumenta luchar contra la hegemonización, pero sólo con el objetivo de construir la propia. Una conclusión a la cual no cuesta demasiado arribar, pues todo apunta a eso.
Muchas de estas situaciones, es probable que terminen en la Corte Suprema de Justicia, tal como ya sucedió con el apremio de la AFIP contra el diario La Nación. En ese ámbito, estas instancias pueden volver a generar fricciones como ya las hubo en tiempos recientes, cuando los duros pronunciamientos de la Presidenta sobre "jueces delivery" y toda una batería de argumentaciones por algunos fallos que no se ajustaron a sus intereses. Y ya sabemos lo que pasa cuando eso sucede.