La presidente escaló la consigna “Patria o Buitres” en sus declaraciones del martes 30 de septiembre. Horas antes, un vocero del Departamento de Estado había pedido que Argentina normalizara su relación con “todos los acreedores” y la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires había realizado una advertencia de rutina sobre la inseguridad en el país tras el secuestro de un misionero mormón.

Cristina Kirchner denunció que “quieren voltear mi gobierno” y acusó de ello a sectores económicos (exportadores, empresarios, bancos, etc.); sostuvo que se trataba de un complot interno para sacarla del poder “con ayuda exterior” de EE.UU., los fondos buitre y el juez Griesa -de quien expresó que está “senil”- y afirmó que “si me pasa algo no miren hacia oriente (la semana anterior había denunciado amenazas del Estado Islámico), miren hacia el norte”.

En cuanto a la advertencia de rutina de la Embajada sobre la inseguridad, la calificó de “inmensa provocación” y de haber sido realizada para dañar la imagen del país. Fueron las declaraciones más duras realizadas por la Presidente, en las cuales unificó EE.UU., el conflicto por la deuda y la oposición interna como un solo bloque puesto en marcha para desestabilizarla.

La respuesta de Washington se dejó esperar dos días pero fue concreta: el Departamento de Estado calificó las denuncias de la Presidenta de “inverosímiles” y agregó que “no se pueden tomar en serio”, explicando que las advertencias sobre la inseguridad son una rutina.

Pero en el mismo discurso la Presidenta criticó duramente al ahora ex titular del Banco Central (Fábrega) en cuatro oportunidades por ineficacia y complicidad con el mercado del dólar “blue”. Al igual que la manifestación anterior, no se trató de un exabrupto, sino de una expresión política analizada previamente. Fábrega tenía acuerdo del Banco Central con estabilidad en el cargo hasta 2018 y sin ser un economista “militante K”, la Presidenta quería precipitar su renuncia para afirmar al mismo tiempo su opción por el ministro de Economía (Kicillof) como el hombre fuerte no sólo en la economía, sino en el gobierno. Las designaciones subsiguientes fueron la manifestación política del discurso del martes 30.

Un economista “militante” y aliado de La Cámpora que era titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), es ahora el nuevo Presidente del Banco Central y la mayoría oficialista en el Senado le dará acuerdo para permanecer en el cargo hasta 2019, durante todo el próximo mandato presidencial.

Lo mismo sucederá con el funcionario propuesto para el directorio de la institución (Biscay), actualmente en funciones en la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), especializado en investigar la complicidad empresaria con el gobierno militar y partícipe del escrache a Domingo Cavallo, mientras que un joven economista del círculo de Kicillof (Girard) pasa a reemplazar a Vanoli en la CNV. Es un fuerte avance del ministro de Economía y de La Cámpora, que anticipa el que tendría lugar en las próximas semanas con una reorganización de gabinete.

La manifestación interna de esta ofensiva que se dio en política exterior y en el ámbito económico es la movilización creciente del Kirchnerismo y el alineamiento de gobernadores y el Congreso con el oficialismo. A los actos realizados el 12 de agosto en el Luna Park y el 13 de septiembre en Argentinos Juniors, se suma el del 4 de octubre en Atlanta, el del 27 de octubre -cuarto aniversario de la muerte de Kirchner-, y un cuarto acto que se prepara con más gente y en el que reaparecerá el hijo de la Presidenta como orador central.

En Atlanta -al igual que en Argentinos Juniors- no fue invitado Scioli, pero sí Domínguez y Uribarri, quienes parecen ser los candidatos preferidos del Kirchnerismo. La semana pasada la Presidenta recibió en la Casa Rosada a los 17 gobernadores alineados con el oficialismo, a los cuales anunció la prórroga hasta fin de año del acuerdo para seguir postergando el pago de sus deudas con el gobierno nacional. Esto explica el sólido alineamiento que está mostrando el Congreso con el Poder Ejecutivo, que le permitió la semana pasada la sanción definitiva del nuevo Código Civil y Comercial en un controvertido “trámite Exprés” (sin debate en comisión y con 134 votos), el dictamen de Comisión en el Senado para la nueva ley de hidrocarburos y avanzar en Diputados con el proyecto de presupuesto para 2015.

Frente a esta fuerte ofensiva kirchnerista en los ámbitos de la política exterior, la economía y la política interna, la oposición no logra articular una respuesta para condicionar o limitar el ejercicio del poder. En lo electoral continúa dividida en tres opciones (Massa, Macri y el FAU-UNEN) y las dos primeras compiten con Scioli -que sigue intentando ser el candidato único del oficialismo sin que el Kirchnerismo lo asuma como tal- sin cohesión entre ellas y sin posibilidades de generar una coalición sólida.

Frente a ello, el oficialismo trabaja para llegar a la segunda vuelta aprovechando la división opositora y, aunque pierda en esa instancia, mantener la capacidad para “entregar el gobierno pero no el poder” como dice Máximo Kirchner.

El sindicalismo opositor, liderado por Moyano y Barrionuevo, no encuentra el camino para continuar su plan de lucha tras el último paro general, mientras la situación laboral se deteriora con el incremento de despidos y suspensiones. El campo se está poniendo en marcha desordenadamente, como lo muestra el tractorazo de la FAA en Villa Angela (Chaco) y la movilización de la Comisión de Enlace bonaerense contra el aumento de impuestos.

El empresariado no encuentra formas concretas para enfrentar la aplicación de la ley de abastecimiento, cuando los nuevos funcionarios del área económica ya piensan en aplicar la ley antiterrorista a las acciones de “desestabilización económica”.

La Iglesia toma distancia de la propuesta oficialista de legalizar el consumo de drogas, del nuevo Código Civil y Comercial y de la ley de fertilización asistida que el oficialismo tratará de sancionar antes de finalizar el año, pero termina asumiendo posiciones ambiguas para evitar enfrentamientos con el gobierno que perjudiquen al Vaticano. Pasan a ser así el deterioro de la economía real y sus efectos sociales las únicas situaciones que pueden poner un límite al oficialismo.

La denuncia de la Presidenta de un complot para voltear su gobierno de los agentes económicos locales con apoyo externo, ha sido su mayor convergencia con el chavismo desde el inicio del segundo mandato.