La estatización ha sido tan fuerte en estos años, que no sólo se extendió sobre diversas áreas de la actividad económica, sino también sobre la generación de nuevos empleos, o bien, al sostenimiento de los mismos. Pero claro, como lógica consecuencia, se ha ido desarrollando un lógico traspaso del sector privado al público, lo cual provoca sin dudas un serio problema a resolver en el futuro inmediato, considerando que el sector estatal debe sostenerse con los recursos que se generan desde el ámbito privado, cada vez más reducido, y en algunos casos arrinconado. Y por otra parte, en posición expectante por la incertidumbre que existe dentro del marco de la economía con este congelamiento que nadie sabe cuál será su desenlace, mucho menos su resultado, pero que marca la adopción de ciertas prevenciones, como no ampliar la plantilla de empleados y postergar inversiones si es que estaban previstas. Dos aspectos que le ponen un mayor freno a una economía que ya viene en pendiente desde casi todo el año anterior.
De acuerdo con las estadísticas que se hacen desde el sector privado, en la actualidad hay unos 15 millones de personas cuyos ingresos se encuentran dependiendo del área pública, discriminados de esta manera: 5,7 millones son jubilados; 1,2 millón reciben pensiones no contributivas; 1 millón de personas es asistida con planes de empleo; y 4,5 millones percibe asignaciones por hijo. Y 3,2 millones de empleados públicos, con lo cual y de acuerdo al último censo, uno de cada cinco hogares en el país depende del sueldo público. Un rubro sobre el cual nos detenemos en algunas ampliaciones, como por ejemplo que en los últimos 8 años el empleo en este sector en todos sus niveles -nacional, provincial y municipal- creció 49%, y tanto como para tener alguna referencia, en nuestro país es 21% mayor que en nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay.
En muchas provincias, de modo especial aquellas de menores recursos y posibilidades, el conchavo público fue tomado como una forma de enfrentar la desocupación, siendo una de las pocas alternativas que se presenta dentro de una perspectiva muy limitada, que además se encuentra afectada por economías regionales en declive.
La perspectiva laboral, además de los números estadísticos referidos, se completa con los 13 millones de asalariados, donde también pueden incluirse dependientes del Estado, pasivos o asistidos con planes sociales. Es que de ese total de trabajadores, de acuerdo a las estimaciones el 40% de los mismos se encuentran no registrados, es decir "en negro".
Todo el conjunto conforma entonces un escenario preocupante, de modo especial en cuanto a las posibilidades de solvencia del sector público, cuyas condiciones se fueron deteriorando fuertemente al punto que 2012 fue la primera vez en el ciclo kirchnerista que hubo déficit primario al cerrarse el balance fiscal.
Un tema que llamó la atención, sea por el contenido del mismo como el de sus protagonistas, fue el protagonizado días atrás por la presidenta Cristina Fernández y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, entrecruzando acusaciones por la preservación de árboles. Quedando a la vista, y sin la necesidad de mayor argumentaciones, que la política se encuentra volando muy pero muy bajito.
De paso, dentro de este contexto en que "los árboles son sagrados y no se tocan", sería más que interesante que el criterio además de proclamarlo fuese trasladado a toda la Argentina para ponerlo en práctica. Días atrás este Diario publicó una nota editorial que resulta espeluznante en cuanto a la descripción de lo que ocurre en el país, aún con una Ley de Bosques Nativos sancionada hace 5 años, sin que sea aplicada, y lo que es peor, sin que ello le mueva un pelo a nadie, salvo las organizaciones ambientalistas.
En el último lustro, y pese a la ley nacional, se han talado 1.145.000 hectáreas, siendo Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero las provincias que ni se dan por enteradas. Mientras este incumplimiento ocurre, la presidenta sostiene que los árboles son sagrados. Aunque bien, aclaró que en El Calafate, su lugar en el mundo. ¿Y el resto? No se trata de apelar al sentido federalista, pero esta que no se cumple ni se respeta es una ley nacional, que por lo tanto excede ese marco. Sin embargo, todos se hacen los distraídos, aunque hayamos tenido una tragedia como la de Tartagal, cuando por el desmonte indiscriminado se produjo aquella avalancha de destrucción y muerte, con la rasgadura de investiduras pero que al poco tiempo fue un olvido más con destino de archivo.