Se trata de los educadores de las denominadas “áreas especiales” como Tecnología, Música, Plástica o asimismo Inglés en el 7º grado. Lejos de tratarse de escuelas rurales (que también deberían tener derecho a estas áreas) son establecimientos de localidades cercanas a Rafaela y que cuentan con población escolar urbana. Ni hablar de la ausencia de grados radiales para integrar niños con capacidades diferentes o de los famosos equipos interdisciplinarios que no aparecen.
Para que la escuela actúe como factor de inclusión o igualdad social, debe brindar las mismas oportunidades a todos los sectores. De otra manera se trasforma en una institución que refuerza y agranda las diferencias sociales existentes. Es decir, de poco sirve un plan educativo amplio si después en la práctica habrá una parte de la población que no accederá al mismo. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el área Inglés, que a pesar de su obligatoriedad desde el 7º grado todavía hay escuelas que no tienen acceso; o que lograron tenerlo mucho tiempo después de su implementación. Pero no es el único caso; algo similar ocurre con las áreas como Música, Plástica y Tecnología. Existen escuelas de pueblos o rurales que no cuentan con estos cargos y por lo tanto sus alumnos se ven privados de acceder a los contenidos de estas materias. En algunos casos, son las propias cooperadoras escolares (como en tantas ocasiones) las que deben salir a costear este tipo de enseñanza y brindar un servicio en el que el Estado se encuentra ausente. Ni hablar de equipos interdisciplinarios, grados radiales (para chicos con capacidades diferentes) o cualquier tipo de asistencia especial. Nada de esto existe y todo parece estar circunscripto a las ciudades, siendo los alumnos de las localidades más pequeñas ciudadanos de segunda.
Una de las excusas del Estado para no hacerse presente, puede ser la de que hay escuelas que no reúnen una considerable cantidad de alumnos como para crear un cargo de docente especial. O que no hay demasiados estudiantes que presenten problemas socioeconómicos, de aprendizaje o de conducta que justifique “semejante gasto público”. Pueden desde el gobierno pensar que a una familia rural le resulta “accesible” trasladarse diariamente a las ciudades para seguir un tratamiento psicopedagógico y que sino lo hacen es “porque no quieren”. O quizás simplemente piensen que a la hora de hacer números y revelar estadísticas, los chicos del campo y del pueblo no suman ni restan demasiado para la imagen positiva de un gobierno. ¿Acaso no deberían tener los mismos derechos las minorías? ¿No deben ser éstas las primeras alcanzadas por el Estado al encontrarse en desventaja con las mayorías? Está claro que la implementación de este tipo de áreas de aprendizaje y servicios educativos especiales se deben hacer, en algunos casos, con docentes itinerantes que abarquen varias instituciones. Profesionales que recorran las localidades, que se encuentren con el problema, que aporten soluciones reales que hoy la escuela se halla incapacitada de dar. Equipos interdisciplinarios que no se queden sentados en su radio escolar delimitado por cuatro avenidas céntricas.
Lo que debemos preguntarnos entonces es, ¿en qué condiciones llegan a terminar la escuela aquellos alumnos a los que se les ha denegado el acceso a una educación completa? ¿Cómo hace ese chico para continuar sus estudios superiores si en su lugar de origen le restringieron aprendizajes por “falta de fondos” o “falta de gestión”? ¿De qué igualdad se habla desde los discursos educativos cuando no podemos garantizar el mínimo nivel de oportunidades para quienes están en su primera escolarización? Realidades que atraviesan el departamento Castellanos y que esperemos desde las nuevas autoridades regionales y ministeriales sepan revertir a tiempo.
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