En una abierta acción de criminalizar el derecho de huelga, la jueza Marisol Usandizaga -curiosamente jueza en turno-, dispuso una serie de medidas propias del ámbito penal en un conflicto de neto corte laboral, se señaló desde la Festram.

La  entidad evalúa recurrir al pedido de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, mediante la figura de la avocación de dicho Tribunal, ello ante la gravedad institucional de suprimir los ámbitos de solución de conflictos laborales previstos legalmente, vulnerando de esta forma derechos humanos de los trabajadores involucrados, se destacó a la prensa.

Y se agregó que la jueza Usandizaga –hija de Horacio, exintendente de Rosario, quien oportunamente desarrolló en su gestión municipal una clara política anti obrera-, hoy resolvió haciendo lugar a los pedidos del intendente de Las Rosas. 

Seguidamente, se destacó que llama la atención que en su resolución de “cese de estado antijurídico”, Usandizaga no haya ordenado al intendente Meyer acatar la conciliación obligatoria todavía vigente. 

Y en la continuidad de la información, se destaca que sorprende que a la jueza no le parezca antijurídico un claro incumplimiento a una resolución del Ministerio de Trabajo provincial.

También se puntualiza que la situación ha dejado a las claras la posición del Gobierno Provincial frente al conflicto. 

Por otra parte, se sentenció que la Provincia demoró la toma de resoluciones, nunca ejecutó la conciliación obligatoria que dispuso, ello para terminar facilitándole las actitudes antidemocráticas al intendente de Las Rosas.

Además, se señaló que el gobierno de Perotti mostró su mano dura, y pasará a la historia por reprimir trabajadores y descontar salarios, como ocurrió en 2022 con los maestros de nuestra Provincia.

Finalmente, se destacó que llamamos a todas las organizaciones sindicales, a repudiar la instalación de un modelo avalado por los poderes de turno, que viene por los trabajadores y sus derechos. 

Y que se advierte  que los sucesos de Las Rosas, forman parte de la estrategia de los poderes económicos concentrados, que sólo buscan precarizar y para ello deben debilitar al movimiento obrero organizado.