La Sociedad Rural de Rafaela fue una de las tantas entidades e instituciones que salieron al cruce de la decisión del Gobierno, que contempla el cierre de las exportaciones por 30 días. Su presidenta, Norma Bessone, analizó el escenario recordando las consecuencias que trajo una medida idéntica en 2006.
“La restricción a las exportaciones de carne (“prohibición”, “suspensión”, “cierre”) implica, como ya ocurrió en ese entonces, un impacto profundamente negativo para el país”, manifestó. Teniendo en cuenta que se trata de una cadena productiva que genera 400.00 empleos, Bessone mencionó que el “cepo pone en riesgo a 100.000 familias, que son los puestos de trabajo relacionado al circuito de exportación”.
Con semejante cifra de personas que se vería afectada por una decisión infundada, reflexionó: “en medio de esta terrible crisis, con un 42% de pobreza en el país, ¿pensamos en arriesgar el trabajo que alimenta a 100.000 familias?”. Además, se preguntó por qué se ensañan con la población que en definitiva “paga los platos rotos del despilfarro del tesoro público”. Y volvió a plantear un interrogante que describe a la perfección el sentimiento del sector: “¿por qué se ataca a los que producen y sostienen el ingreso de divisas al país?”.
Por último, hizo hincapié en los “manejos políticos desacertados y la mezquindad de ciertos grupos de poder”, en medio de un escenario de pandemia que acecha a la ciudadanía en general. “Vemos activar distintos focos de conflicto para causar un efecto bomba de humo, que distraiga de los verdaderos problemas como la inflación sin control, gasto público imparable, falta de vacunas, limitaciones a las libertades individuales, avance sobre el Poder Judicial”.
Al respecto, afirmó que la República, la educación, la salud, la producción y los valores “están en Emergencia Declarada”. Y llamó a todos a aunar esfuerzos pensando en las jóvenes generaciones: “hagamos oír nuestra voz”.
“SON MEDIDAS
POPULISTAS”
Uno de los dirigentes y productores más avezados de la región es Juan Imvinkelried, que casualmente presidía la Rural de Rafaela en aquel recordado conflicto entre el Gobierno y el sector por “la 125”.
Al ser consultado sobre el presente y la decisión oficial, fue contundente: “solamente en Argentina podemos hacer otra vez lo mismo, que ya quedado demostrado que fue un fracaso tremendo”. Y agregó: “en su momento destruyó la ganadería y la verdad que es muy triste que se vuelva a implementar lo mismo; asusta y preocupa”.
El productor, ligado históricamente a la entidad ruralista y a cargo de la coordinación de la Fundación Castellanos, expresó que “son medidas populistas de personas que no están capacitadas y lo único que les interesa es tratar de ganar las elecciones para mantenerse en el poder”.
En el final, Imvinkelried señaló que las trabas a la exportación “no lograrán que el precio de la carne deje de subir” y se lamentó por la “necedad” de quienes tienen responsabilidades. “En vez de apoyar e incentivar la mayor producción para generar mayores divisas y más mano de obra, pasa todo lo contrario”, concluyó.