Por Roberto F. Bertossi*

Conforme al artículo 42 y concordantes de nuestra Constitución Nacional “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”
Legal y concretamente, en la provincia de Santa Fe, todas las personas tienen derecho en materia de servicios públicos regulados, a:
a) Obtener prestaciones y servicios públicos de calidad, efectivos para satisfacer sus necesidades y en plazos adecuados; con tarifas justas y razonables.
b) b) Tales prestaciones y servicios deberían prestarse mediante métodos y tecnologías modernos, centrados en la satisfacción del usuario y darán ayuda -de manera equitativa- a quienes más lo necesiten.
c) Manifestar su queja ante la prestación o servicio que recibe, sin temor a represalia alguna, y a exigir una repuesta documentada a su reclamo.
d) Etcéteras.

A la fecha, la languidez del ente regulador para servicios públicos esenciales, la ausencia de audiencias públicas vinculantes y cierta complicidad por omisión de la oposición, resultan tan gravosa como inaceptable. Por caso, no se exigen las inversiones pactadas y las otras ya necesarias, los planes de contingencias apropiados, la modernización de las prestaciones ni la educación de usuarios, entre otras omisiones inexcusables.
Los apagones y cortes en el suministro de energía eléctrica o agua potable, se suceden con mayores excusas, recurrencia, frecuencia e impunidad. 
Concretamente, en el caso de la provincia de Santa Fe, el EPE sería un organismo regulador cooptado por el gobierno de turno. Ello, en parte, explica que las tarifas no sean justas ni razonables Por otra parte, en general tanto las facturaciones de EPE como aquellas de muchas cooperativas, ya resulten externalidades tan negativas como confiscatorias por abusos en el valor agregado de distribución (VAD) u omisiones por “fallos de mercado” en los servicios; todo según los plexos contractuales de los contratos, permisos o licencias de concesiones, pertinentemente vigentes.
Cuando tardíamente se despacha alguna sanción regulatoria, la misma no contempla el principio liminar "pro-usuario", siempre es tardía, ridícula, denigrante e desproporcionadamente insuficiente tanto por los intereses y derechos humanos en juego cuanto por la galopante inflación que cruel e imparablemente nos aflige y empobrece más y más.
Aun así tampoco dichas sanciones se destinan como debieran, a los damnificados en general ni a los singulares en particular, vg., los casos hirientes de tantísimas personas enfermas, electro e insulino dependientes, discapacitados, minusválidos y tal que habitan pisos altos o bajos de edificios u construcción semejante; pequeños comerciantes como carniceros, vendedores de productos lácteos, farmacéuticos, quiosqueros o titulares de otra actividad sujeta o subordinada a cadenas eléctricas de frío; especialmente esos usuarios cuentapropistas, micro pymes o pymes urbanas y rurales que no pueden acceder a generadores eléctricos alternativos. Obviamente sin mencionar viviendas, comerciantes, alumbrado público y semáforos afectados.
A todo esto, qué añadir sobre el no resarcimiento por daño moral, daños y perjuicios (Vg., interrupciones no programadas ni comunicadas del servicio, artefactos eléctricos dañados, mercadería o medicamentos que perdieron su cadena de frío), lucros cesantes, etc.
Por último y a propósito del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), que tiene a su cargo el control de las prestaciones de Aguas Santafesinas S.A. y otras empresas y cooperativas del rubro, resulta ocasión oportuna para recordarle que el sol, los servicios públicos, los veranos y la pobreza energética provincial, no se toman vacaciones; también que las tendencias ecológicas y demográficas son inexorables.

(*) Experto CoNEAU/Cooperativismo