Con el proceso electoral en pleno desarrollo, luego de las primarias del domingo pasado en Salta y de las que hoy habrá en Mendoza y Santa Fe -en este caso alcanzándonos a los rafaelinos para seleccionar gobernador, diputados y senadores, como así también los mucho más cercanos aspirantes a intendente y concejales, con vistas a las generales de junio-, no todo sin embargo se remite a la exclusividad electoral que alcanza a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que también y aún no estando en juego sus miembros, el poder Judicial está en el tapete de la consideración pública en este tiempo.
En la columna anterior, justamente sobre el tema aludido, titulamos "Cuestión de justicia", con referencia a la endeblez que tiene hoy el sistema, que justamente debería ser el de mayor fortaleza para garantizarnos todas y cada una de las instancias por venir. Una demostración cabal es lo sucedido con la denuncia por encubrimiento del fiscal Nisman y la investigación de su muerte, habiéndose producido un embrollo de naturaleza tal que, dificilmente se llegue a alguna instancia de conclusiones, por supuesto, cercanas a la verdad. De las otras, puede haberlas. Concretamente, la denuncia, aún teniendo vía libre la nueva apelación, la Cámara se expidió con la suficiente demora como para que la decisión le corresponda ahora a un fiscal de la organización oficialista "Justicia legítima", donde se dará una de esas situaciones que son cantadas, pasando a un archivo que si bien alguna vez puede ser reabierto por la presentación de alguna nueva prueba, seguramente no lo será al menos por mucho tiempo. El necesario como para ya no comprometer demasiado a nadie. En cuanto a la investigación de la muerte, a esta altura, casi puede calificarse como un mamarracho, por usar el mismo calificativo usado por voceros oficiales con la denuncia que a toda costa lograron ocultar.
Una pauta más del estado en que se encuentra la Justicia, la tuvimos con claridad absoluta en un reportaje por TV del fiscal Ricardo Sáenz, quien no sólo ratificó la enorme división implementada desde el gobierno, sino también que hoy las decisiones de las Cámaras y Juzgados son sabidas antes que emitan sus fallos, de acuerdo a quienes las integran. La práctica impuesta por el juez Oyarbide -un exponente de la clase de justicia que se pretende-, parece haberse extendido como reguero de pólvora. Las revelaciones fueron realmente impactantes, dejando entrever un deterioro que será muy complicado de restañar, aunque indefectiblemente necesario. Y otra de las trapisondas en marcha, es el intento de alejamiento del juez Bonadío de la causa Hotesur, la que compromete a la familia presidencial con el lavado de dinero. No habrá que esperar demasiado por el desenlace, apenas hasta mañana.
Las maniobras para acelerar algunas cuestiones, o bien demorarlas en otros casos, acorde a las conveniencias y presiones que se ejerzan, son bastante conocidas, existiendo resortes legales que permiten manejarse dentro de la legalidad, aunque no dentro de la ética, una palabra que en este tiempo y dentro de determinados ámbitos, suena perimida, desactualizada desde cualquier enfoque que se realice. Sin tener que recurrir a demasiadas argumentaciones, recordemos la cita del domingo pasado respecto a que las causas de corrupción tienen un promedio de 11 años para resolverse, terminando casi todas ellas en la nada. O que en otros, cuando la situación así lo amerita, pueden resolverse con velocidad supersónica, como hizo el juez Rafecas con la desestimación de la denuncia contra la presidenta y el canciller, entre otros.
Volviendo hacia atrás la memoria, sobre esta clase de alternativas judiciales, aquí en Rafaela tenemos algunos ejemplos que no viene al caso recordar en detalle, pero sí en cuanto a su concreción y desarrollo pues son plenamente demostrativas de las formas en que a veces suelen resolverse algunas cuestiones, como lo ocurrido hace varios años ya con la obra de cloacas y con los correos electrónicos injuriosos, que afectaron nada menos que a la Municipalidad y al Concejo Municipal respectivamente. El paso del tiempo, que se dejó transcurrir generosa y distraidamente, hizo que la prescripción tendiera un manto de olvido.
Existe además, algo que si bien no alcanza la dimensión de lo anterior, tiene en cambio que ver con la Justicia sus tiempos y sus formas. Es que estos días se reactualizó una denuncia que en su momento la jueza Servini de Cubría había desestimado, referida al ingreso como empleados de la ANSeS de los tres hijos del piquetero D´Elía, ya que ninguno de ellos tiene los estudios secundarios completados, lo que es un requisito indispensable para ingresar a esa repartición oficial. Una clara evidencia de cómo ha sido invadido el sector público, no sólo por los excesos en cantidad, sino por las absolutas irregularidades como esta que comentamos. Pero esta es otra historia, con el suficiente sustento como para tratarla con exclusividad en futura entrega.
Cerramos con el deseo, seguramente compartido, de que la jornada electoral transcurra en un clima de paz y armonía, y también, con absoluta normalidad.