La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe recibió este miércoles en la sede de la Legislatura a un grupo de familiares de víctimas del fentanilo contaminado, en un encuentro destinado a escuchar sus reclamos, visibilizar la problemática y acompañar el avance de la investigación judicial que lleva adelante la Justicia Federal de La Plata. Tras la reunión, brindaron declaraciones la presidenta de la comisión, diputada Varinia Drisun, e Ivana Esteban, referente de la comunidad de familiares afectada por la tragedia.
Drisun explicó que la reunión se llevó a cabo a partir de un pedido formal de los familiares y que el objetivo central es “poner el tema en la agenda pública y legislativa”. La diputada subrayó que se trata de una tragedia “de orden nacional”, con pacientes y familias afectadas en distintas provincias.
“Nos interesa darle volumen y visibilidad a este tema por una cuestión humana. Son seres humanos que atravesaron y siguen atravesando una tragedia. Semana a semana se suman nuevos expedientes que se analizan. Son muchos los casos de familias que perdieron a un familiar por recibir fentanilo contaminado”, afirmó la legisladora, basándose en lo expuesto durante la reunión.
#AHORA #RTSNoticias La Cámara de Diputados de Santa Fe recibió a familiares de las víctimas del fentanilo contaminado. "Desde la comisión de Salud le queremos dar volumen y visibilidad a este tema. También, queremos generar leyes que eviten que esto vuelva a ocurrir", sostuvo… pic.twitter.com/uKts0Zsz0V
— RTS Medios (@RTSmedios) November 26, 2025
Drisun recordó que la causa penal —a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak— avanza sobre la responsabilidad de una cadena de fallas vinculadas a controles, trazabilidad y procedimientos internos en centros de salud donde se aplicaron ampollas adulteradas. El magistrado declaró recientemente ante la Comisión Investigadora de Fentanilo Contaminado del Congreso Nacional, en el marco de la investigación por las muertes y lesiones ocasionadas.
“Lo que intentamos es acompañar, ofrecer gestiones y sostener la búsqueda de verdad y justicia. Mientras esto siga siendo un tema de interés social y político, habrá más posibilidades de que cada familia reciba lo que necesita”, señaló Drisun.
“Nos sentimos solos”: la voz de las familias
Por su parte, Ivana Esteban expresó que los familiares se organizaron inicialmente en Rosario, impulsados por la falta de acompañamiento institucional:
“Sentíamos que estábamos solos, y todavía lo estamos en muchos aspectos. Venimos a pedir el compromiso de los legisladores para darle entidad a esta tragedia, que no fue un hecho aislado sino un episodio sin precedentes”.
Esteban remarcó que las víctimas fatales superan ampliamente las cifras iniciales difundidas, ya que “se inocularon muchas ampollas contaminadas”, y señaló que persisten obstáculos para quienes buscan acceder a información sobre la atención que recibieron sus familiares.
“Las familias con sospechas deben esperar hasta 30 días hábiles para obtener una historia clínica, que además tiene un costo de entre 20 y 80 mil pesos según la institución. Esto vulnera la Ley de Derechos del Paciente y también la normativa de acompañamiento a víctimas, que hoy es muy escasa”, denunció.
La representante insistió en la necesidad de “revisar prácticas, garantizar derechos y construir respuestas desde lo colectivo, la empatía y lo humano”.
La causa penal y su alcance
La investigación que lleva adelante el juez Kreplak se centra en determinar el origen de las ampollas adulteradas, el circuito de distribución, los controles aplicados y las responsabilidades institucionales y profesionales por el suministro del fentanilo contaminado. La causa incluye peritajes toxicológicos, auditorías en centros de salud, declaraciones testimoniales y un análisis de la trazabilidad del medicamento, considerado crítico debido a su uso en terapias intensivas y procedimientos anestésicos.
Hasta el momento, la línea investigativa apunta a irregularidades en los procesos internos de almacenamiento y manipulación del fármaco, así como a la posible participación de personal sanitario o administrativo. La acumulación de nuevos expedientes —como mencionó la diputada Drisun— refleja el crecimiento de denuncias de familiares que, a partir de la visibilización pública del caso, comenzaron a plantear sospechas sobre muertes o complicaciones que podrían relacionarse con las partidas adulteradas.
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido en agosto pasado por orden del juez Kreplak. La orden del magistrado también incluyó a los hermanos del empresario, Diego y Damián García; a su madre, Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma); y a directivos y responsables técnicos como el director general Javier Tchukran y los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.
Las muertes investigadas por la Justicia ascienden ya a 173 aunque los familiares creen que la cantidad continuará en aumento. De esa cifra, 59 pertenecen a la provincia de Santa Fe en tanto que la gran mayoría, 49, fueron atendidas en centros de salud de Rosario.
Continuidad del trabajo legislativo
La Comisión de Salud se comprometió a mantener un canal de diálogo abierto con las familias, aportar herramientas que faciliten su acceso a información y colaborar en instancias legislativas que permitan mejorar los mecanismos de control, acompañamiento y reparación.
“Esto recién empieza, y necesitamos que ninguna familia quede sin respuestas”, concluyó Drisun.