¿Son los partidos políticos realmente representativos de la voluntad de la ciudadanía que deposita en ellos su confianza? A la hora de decidirse sobre asuntos públicos en juego, gobiernos y oposiciones ¿son consecuentes con sus ofertas electorales y principios y valores sobre los que se respaldaría el presumible compromiso de respetarlos? La democracia reina, por así decirlo, en buena parte del mundo, pero podemos preguntarnos sobre cuán efectiva es su presencia en la vida de los pueblos que la adoptaron, entendiendo esto como expresión viva de lo que representa el concepto. Es decir, por sobre todo, la vigencia plena del estado de derecho asegurando la división de poderes de la forma republicana y, con ello, y fundamentalmente, el control de los actos del poder gobernante. Poder cuyo ejercicio, en este caso ideal, debe sujetarse a la forma y espíritu democrático.
No ocurre así, como está a la vista en tantos casos. El hecho de que una mayoría circunstancial se pronuncie a favor de determinada opción electoral, no autoriza a los electos a creerse depositarios de un mandato que les otorgaría facultades para conducirse funcionalmente de modo discrecional y autoritario. Sin embargo es esto lo que sucede, y los hechos que lo demuestran explican el manifiesto y creciente descreimiento de los ciudadanos hacia la política y la clase política. Dada, en nuestro caso, la condición de democracia delegativa (“El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades …”, Art. 22 de la CN), la voluntad popular queda librada a lo que estos resuelvan por sobre lo expresamente normado y por lo que se juramenta, con los riesgos consiguientes. De tal modo que la participación ciudadana, presupuesto fundamental de la democracia, se convierte en un mero adorno.
Doctor en ciencia política, profesor y consejero del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, el argentino Héctor E. Schamis califica de ”lenta agonía” la situación de los partidos políticos en esta parte del continente. Afirma que “la ola autoritaria no puede comprenderse sin tener en cuenta la erosión” que experimentarían. “Sin partidos sólidos, el proceso democrático, que comienza con la representación, se vuelve inevitablemente disfuncional”, precisa. El “que se vayan todos” de 2001, “no del todo extinguido hoy -dice- debilitó y fragmentó a los dos partidos mayoritarios”.
La solidez de los partidos, su capacidad de convocatoria de cara a la sociedad, dependen de la calidad de su vida interna, de la relación con la ciudadanía y la interacción con ella respecto de los problemas y aspiraciones de la gente. El abandono de la calle, la carencia de propuestas, la subestimación del debate interno como instrumento de formación de cuadros e intercambio provechoso, entre otras cosas, condujeron a la crítica situación que atraviesan con grave riesgo para la democracia.
Analista político de reconocida y valorada trayectoria, dentro y fuera del país, Guillermo O’Donnell advertía, más de una década atrás, sobre “síntomas de aumento de las probabilidades de una muerte lenta de la democracia argentina”. Describía entonces un panorama caracterizado por el “distanciamiento” de la clase política respecto de la realidad,el “estrechamiento de la agenda pública”, ceñida a discusiones por “cosas más pequeñas y más incomprensibles para la población”. “Los políticos -decía- se encierran en una rosca de internas y gobiernan muy poco, omiten las grandes cuestiones nacionales y omiten proponer caminos para la solución”. Lectura que cerraba con el “gran fraccionamiento de los partidos en el Congreso” y “una decadencia y escepticismo generalizado respecto de las instituciones y, sobre todo, de la legalidad”.
O’Donnell murió en noviembre de 2011, cuando lo que planteara se mostraba ya con contundencia. No erró, desde luego. Los factores deprimentes que mencionara “están presentes en la Argentina sumados no accidentalmente a una crisis económica y social que se reproduce a gran velocidad”, declaraba en aquella oportunidad, concluyendo que a “una progresiva ‘descreencia’ en la política” seguirían “argumentos demagógicos y autoritarios de líderes cuyo paso siguiente es terminar de truncar las libertades políticas básicas de la democracia política”.
Se coincida o no con O’Donnell, una cosa es cierta: sin una ciudadanía responsable de sus actos y comprometida con la ley la democracia es inviable. El orden democrático se respalda en el respeto del orden legal consensuado en libertad, y en la disposición a defenderlo de las amenazas conocidas. Recurriendo a una oportuna cita de Tocqueville, la democracia puede llevarse mal con la libertad y la república.