La muerte del fiscal Nisman pone a la Argentina frente a una crisis política de consecuencias imprevisibles. Este funcionario había realizado la semana pasada la acusación más grave contra el Kirchnerismo en sus once años y medio de gobierno. Además, había acusado personalmente a la Presidenta de encubrir a Irán en el atentado de la AMIA.

Si bien la primera reacción del gobierno ha sido inducir que se trató de un suicidio -expuesta por la propia Presidenta-, la sospecha de que esto podría no haber sido así está planteada, dado que la muerte tuvo lugar un día antes de que el fiscal declarara ante el Congreso en un escenario que estaba dominado por la oposición que, a través de la legisladora del PRO Patricia Bullrich, preside la Comisión que lo había convocado.

Las movilizaciones de protesta que tuvieron lugar en todo el país en la noche del lunes 20 de enero evidenciaron el malestar existente en la opinión pública con el hecho. A comienzos de la semana pasada, la orden de la Presidenta para que el canciller no participara en la marcha de París en repudio del atentado terrorista que tuvo lugar en dicha ciudad generó una crisis alrededor de la política exterior; dos días después el fiscal Nisman -que desde hace una década investigaba la causa AMIA- denunció una conspiración del gobierno, encabezada por la propia Presidenta, para encubrir la responsabilidad de Irán en dicho atentado, desviando la investigación; y, por último, la muerte de Nisman, son todos hechos que muestran una escalada extrema en esta crisis.

Que hoy el terrorismo islámico esté en el centro de la escena mundial da al hecho gran impacto global. Nisman había dicho públicamente horas antes de su muerte: "con esto me juego la vida" y "yo puedo salir muerto de esto". 

Los tres años de política exterior en el segundo mandato de Cristina Kirchner son el contexto en el cual tiene lugar la denuncia del fiscal Nisman sobre el encubrimiento de Irán en la causa AMIA. La relación con los EE. UU. se fue deteriorando y el conflicto por el fallo del juez Griesa marcó el punto más alto en el distanciamiento.

La relación con la Unión Europea también se deterioró, como lo evidencia el fallo de la OMC contra el "cepo" que Argentina implementa al comercio exterior. La búsqueda de China y Rusia como aliados estratégicos y alternativa a las potencias occidentales ha sido el eje de la política exterior en el último año y la alternativa de apoyo económico externo que se ha buscado.

La visita que tiene prevista la Presidenta argentina a la potencia asiática para el 3 y 4 de febrero tratará de profundizarla. La alianza con Venezuela -que fuera forjada con Chávez- se ha mantenido con Maduro. El acuerdo con Irán para suspender la causa en la que están acusados de terrorismo funcionarios y ex funcionarios de este país -gestado inicialmente por el propio Chávez a comienzos de 2011 y que fue cuestionado por EE. UU., la mayoría de los países europeos e Israel- se enmarca en esta política. Los mismos funcionarios que Nisman acusa de encubrir a Irán han tenido roles relevantes en la "relación especial" que Argentina ha tenido con Venezuela en los últimos tres años. 

Pero la denuncia también se vincula con la lucha desatada dentro de los Servicios de Inteligencia argentinos, que hizo crisis en diciembre con la remoción de la cúpula de la Secretaria de Inteligencia y la purga de funcionarios dispuesta por la Presidenta.

Desde comienzos del primer gobierno de Kirchner, la política fue acelerar la causa de la AMIA, decisión que fue aplaudida por EE. UU., Israel y la comunidad judía; la designación de Nisman -un funcionario judicial cercano a la comunidad judía- fue su consecuencia. Un equipo de la Secretaría de Inteligencia fue puesto a su disposición para avanzar en la causa.

Cuando en el tercer período kirchnerista Cristina decide ir al acuerdo con Irán, argumentando que sin él la causa no puede avanzar por estar ausentes los acusados, dicho equipo habría reaccionado contribuyendo al informe dado a conocer por Nisman, en donde se cuestionaba el acuerdo con Irán a comienzos de 2013, en coincidencia con las opiniones críticas provenientes del exterior y de la mayor parte de la comunidad judía local. Esto hizo que ya en el segundo semestre de 2013 la Presidente perdiera confianza en la Secretaría de Inteligencia.

Esta falta de confianza se sumó a luchas internas, intrigas y acciones de sectores de la inteligencia que comenzaron a trabajar más para el eventual gobierno que viene que para el que está terminando este año. Es en este marco que la Presidenta dispuso la purga en la Secretaría de Inteligencia en diciembre del año pasado. Aunque Nisman lo negara, en su acusación contra la Presidenta pueden tener un rol los agentes de inteligencia desplazados. 

La declaración que el fiscal iba a realizar esta semana ante el Congreso iba a generar fuerte impacto político. El juez que debe investigar la denuncia de Nisman es Ariel Lijo -el mismo que procesó por corrupción al Vicepresidente Amado Boudou-; interrumpió sus vacaciones y ya el lunes 19 se hizo cargo de la causa, aunque puede determinar que pase a sorteo y quede en manos de otro juez.

El Kirchnerismo, coherente con su característica, redobló la apuesta y tras el impacto inicial -frente al que demostró sorpresa-, salió a cuestionar la acusación y a descalificar al fiscal. La oposición le dio el escenario para que se exprese y el oficialismo reclamó que la declaración fuera pública para crear una situación de escándalo mediático que desviara la atención de la denuncia central, y había convocado a sus militantes a movilizarse en la tarde de hoy para apoyar a la Presidenta.

De ahora en más, la causa abierta por la muerte de Nisman adquiere entidad propia y judicialmente queda a cargo de un juez considerado cercano al gobierno. Las pruebas que reunió Nisman seguramente tendrán varias copias y estarán en otras manos, como pueden ser los agentes de inteligencia que participaron en la investigación y que tras ser separados de sus funciones el mes pasado fueron pasados a retiro al día siguiente que Nisman realizó su denuncia.

En dos siglos de historia argentina nunca un hecho de raíz externa ha devenido en una crisis política interna tan grave y es posible que se trate del momento político más difícil del Kirchnerismo en más de una década en el poder. 

Se abre así un escenario imprevisible que comprende a la política exterior argentina, su situación institucional y su política interna. El hecho confirma una vez más cómo el imponderable constituye la materia de la política. Mientras se esperaba una volatilidad económica que fue inicialmente contenida; saqueos para fin de año que no se concretaron y avances en las causas de corrupción contra el gobierno o nuevas informaciones sobre bienes de la familia Kirchner en el exterior, la crisis política estalló en un ámbito inesperado. Ello confirma además que el último año del gobierno de Cristina Kirchner no será fácil y que la preocupación del Papa acerca de ello parece haber tenido cierto fundamento.