Ante el pedido de un importante número de vecinos de Rafaela de prohibir la utilización de pirotecnia, cierto sector político de la ciudad manifestó su disconformidad al respecto y dejó trascender que lo que habría que hacer es simplemente “regular” el tema. Contrariamente a lo que se está realizando no sólo en diversas ciudades de la Provincia y el país, sino además del mundo.
Está claro que los estados municipales a través de ordenanzas han regulado lo referente a la comercialización: que los locales vendan productos habilitados y que no lo hagan menores de cierta edad. Pero una vez que la pirotecnia se encuentra en cada uno de los hogares o en los diversos espacios públicos, el Municipio ya no puede hacerse presente y todo queda librado a la “buena suerte”. Es allí, en esos lugares, donde se producen finalmente las tragedias. Un cohete mal encendido, una bomba que explotó fuera de tiempo, una cañita voladora que erró el rumbo. Todas conductas comunes cuando se maneja este tipo de elementos y que por más esfuerzo que el estado ponga nunca va a poder “regular”. De allí la necesidad de prohibición total y absoluta. Pero no se trata de prohibir por la prohibición misma. Se trata de prohibir con fundamentos, con educación, con concientización. La legislación pedida a las autoridades entonces, se fundamenta justamente de esta manera: “ante la imposibilidad del Estado de regular las múltiples situaciones riesgosas que se dan con el uso de la pirotecnia, se decide un cese definitivo en la comercialización y utilización de la misma”.
Otro argumento que intentaron esgrimir algunos tiene que ver con que la prohibición de pirotecnia traería un crecimiento del “mercado negro”. Bajo este criterio entonces no se sancionarían leyes por temor a que halla gente que no las cumpla. Además, cabe preguntarse dónde están los controles del Estado entonces. Si un Estado no podría controlar el negocio negro de pirotecnia, ¿cómo dice que va a “regular” la utilización de la misma en más de 30.000 hogares en la ciudad? Por ende, este argumento es insostenible y no hace más que beneficiar a los que manejan el monopolio del “mercado blanco” y que perjudica a tantos ciudadanos.
Existen muchas ordenanzas que son prohibitivas y que contribuyen a la seguridad y salubridad pública. No entiendo por qué en este caso la palabra prohibido parece sonar distinto. Hasta se intenta insinuar en algunos casos que, con esta norma, se atenta contra las “libertades individuales” y la “libre elección de los ciudadanos”. Cuando en realidad lo que se pretende es el bien común y respetar las “libertades colectivas” que están por encima de las individuales. Sino cada uno haría lo que quisiera.
No queremos personas y animales asustados, niños heridos, perros perdidos, accidentes de tránsito, incendios ni mucho menos lamentar alguna muerte. La manipulación de elementos explosivos, inflamables, detonantes; nunca pueden ser seguros en todo momento y para todos. Nunca mejor aplicado el dicho “el que juega con fuego tarde o temprano se quema”. La ordenanza que se sancione debe ser clara, precisa y no dejar lugar a grises ni a interpretaciones personales. La norma que se apruebe debe tener por objetivo primordial la salud y la seguridad de los ciudadanos; aún por encima de otros intereses. A veces, prohibir es necesario.