María Soledad Morales -nacida en Valle Viejo, Catamarca, el 12 de septiembre de 1972- fue asesinada en San Fernando del Valle de Catamarca el 8 de septiembre de 1990, y fue mucho el material periodístico que originó su muerte a manos de quienes se denominó "los hijos del poder".

El intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el asesinato desencadenó una serie de históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país, tras lo cual se logró el esclarecimiento del homicidio, se puso de manifiesto las condiciones semifeudales de ejercicio del poder en muchas provincias argentinas, y produjo un considerable cambio político en Catamarca.

LO OCURRIDO

A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza (a siete kilómetros de la capital catamarqueña, a la vera de la ruta 38), su cuerpo fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada, le habían arrancado el cuero cabelludo, quemado con cigarrillos, cortado las orejas, vaciado un ojo, roto la quijada a golpes, desfigurado la cara y aplastado el cráneo.

Se supo más tarde que murió de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína, y fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.

UNA "LIMPIEZA" Y RESPONSABLES

Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Angel Ferreyra, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran (borrando huellas y señales de modo irrecuperable).

Los primeros rumores del pueblo decían que los responsables serían parientes de funcionarios, coloquialmente se les llamó "los hijos del poder". Los medios de comunicación difundían que en el crimen estaban sospechados los jóvenes Guillermo Luque (hijo del diputado nacional Angel Luque), Pablo y Diego Jalil ( sobrinos del intendente José Jalil), y Miguel Angel Ferreyra (hijo del jefe de Policía provincial).

Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la Justicia intervino, el favoritismo de y hacia los posibles involucrados fue evidente.

DECLARACION Y EXPULSION

En esas condiciones un diputado nacional por Catamarca, Angel Luque, había declarado que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el Gobierno nacional, a cargo entonces del presidente Carlos Menem, interviniera primero el Poder Judicial de la Provincia y luego los poderes ejecutivo y legislativo, destituyendo a Ramón Saadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia, y aliado de Menem.

El interventor enviado por el poder central fue Luis Prol, junto al exsubcomisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Luis Patti, para tratar de aclarar los hechos.

TIEMPO DE MEMORIA

* En medio de la investigación, Luque (h) dejó de ser visto en la Provincia. Su desaparición fue notoria y motivo de especulaciones periodísticas hasta que fue hallado por el periodista Alberto Moya en Buenos Aires, adonde fue llevado por Patti.

* El primer periodista de Buenos Aires enviado a Catamarca para cubrir el caso fue Ernesto Tenembaum que hizo varias notas para Página/12 antes que nadie, lo que le valió ascender en su carrera.

* Días después llegó Canal 9 y Alejandra Rey, de la revista Somos (editorial Atlántida). También arribó Luis Pazos, de Clarín, quien junto a Rey escribieron el libro No llores por mí, Catamarca.

JUICIO ORAL

En 1996 se inició el juicio oral por el asesinato de María Soledad, y las audiencias contaron con la presencia de un periodista de Diario LA OPINION de Rafaela con la realización de reportajes que fueron publicados en varias ediciones para beneplácito de los lectores, que contaron con con información de primera mano.

Los imputados fueron Guillermo Luque y Luis Tula (exnovio de la víctima). La televisión nacional dio amplia cobertura al juicio transmitiendolo en directo y registró en detalle los gestos de los jueces que evidenciaron una actitud parcial.

Los gestos del juez Juan Carlos Sampayo, fueron reiterados por Canal 13 (autor de la primicia, alertados por un televidente) y el resto de la televisión nacional y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio.

NUEVO JUICIO Y CONDENAS

En 1998 se realizó un nuevo juicio. Las condiciones políticas en el país y en la Provincia habían cambiado considerablemente, y el 27 de septiembre Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales, en tanto que Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación.