El proyecto de ley para expropiar parcialmente y tomar el control de YPF no resuelve en lo más mínimo los problemas energéticos de corto y mediano plazo del país. Es importante que todos los sectores consumidores (residenciales, industriales, transporte), sean conscientes de este hecho. Hay dos aspectos muy marcados de la gestión energética desde 2003: la falta de transparencia y pragmatismo en las decisiones de las autoridades. Sin pretender llevar la discusión a otros ámbitos, buena parte de la ciudadanía ha vivido en la ilusión impartida desde el Ejecutivo de que la energía era barata y abundante, y que la seguridad energética se encontraba a salvo, es decir: populismo energético. A medida que el país recuperaba y expandía su nivel de actividad, la demanda energética seguía la misma tendencia, mientras la oferta comenzaba a seguir un comportamiento contrario. En este caso, por oferta hay que entender no sólo la producción de energía, sino también la infraestructura de transporte y distribución (ductos, redes domiciliarias de gas, estaciones de servicio). Esto nunca pudo haber pasado inadvertido por las autoridades oficiales, al contrario: ya hacia mediados de la década pasada comenzaron los proyectos de integración regional (con Bolivia y Venezuela) con el objeto de aumentar el suministro energético al país. Es decir, ya en ese entonces la visión del gobierno demostraba que, a ese ritmo de crecimiento del PBI, el país se encaminaba a tener una posición importadora neta de energía. En el medio, los precios internacionales de la energía, impulsados por el aumento en el barril del crudo, multiplicaron considerablemente sus cotizaciones: por ejemplo, el precio que hoy se importa gas de Bolivia aumentó 5 veces entre 2012 y 2005. En este lapso, las medidas energéticas optaron por la logística más fácil: subsidio generalizado y no regular y/o controlar, importar fuertemente (generando empleo en el extranjero) y no orientar recursos a ampliar la infraestructura energética y diversificar la matriz. Más aún, como para seguir ahogando la producción, las autoridades nacionales incrementaron fuertemente el componente impositivo en todos los consumos regulados de gas y electricidad (mediante los cargos de importación), en la producción de hidrocarburos (retenciones de más del 60% en la exportación de crudo), en la venta minorista de combustibles (gasoil, naftas): así, por citar dos ejemplos, en una tarifa de gas para un consumidor residencial entre 70-80% de la misma se la lleva el Estado (entre impuestos al consumo y cargos de importación); y mientras en Argentina el litro de nafta en surtidor cuesta, en dólares, 50% más que en Estados Unidos, el componente impositivo en nuestro país supera el 40% del precio final de la nafta.

El único camino a lograr la “soberanía energética” es generar un marco adecuado para que se generen masivas inversiones en el sector. El país tiene recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales (básicamente concentrados en la provincia de Neuquén, pero también hay indicios de su existencia en la región norte y pampeana del país) que podrían asegurar entre el mediano y el largo plazo una mejora en el abastecimiento, con la contrapartida de mayores precios percibidos por los productores privados. Es importante advertir que estas medidas contra YPF no van a resolver el difícil panorama que se avecina para la provisión de gas natural en este invierno para el sector industrial, ni mucho menos mejorar el abastecimiento en las estaciones de servicio; el sector ya transcurre una crisis que se agrava ante la ausencia de políticas adecuadas.

(*) Economista. Miembro de la Cámara de Energía de la República Argentina.