La Fundación Barbechando expresó su preocupación ante el aumento al 15% de los derechos de exportación y advirtió que esta medida impacta negativamente en las economías regionales. En ese marco, también indicaron que la recurrencia del principio de delegación de facultades, presente en gobiernos de distintas orientaciones políticas, conduce a la pérdida de institucionalidad de la Nación y “limitan la libertad productiva”.
“Entendemos que haya decisiones urgentes que tomar vía DNU, pero es necesario trabajar el consenso de las leyes. Los Diputados y Senadores deben defender las funciones y el rol que el pueblo les demanda. No anulemos el Congreso de la Nación delegando sus facultades”, señalaron.
Bajo ese panorama, Barbechando difundió un informe donde abogan por promover la iniciativa privada, el desarrollo de la industria y el comercio, a través de un régimen jurídico que garantiza los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación, limitando la intervención estatal a lo estrictamente necesario para velar por los derechos constitucionales.
También la entidad remarcó que se necesita una ley que genere previsibilidad económica y social y destacó la importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) en el desarrollo económico de Argentina, al representar el 99,4% del total de empresas en el país y emplear al 64% de los asalariados registrados. Subrayan su presencia federal y su capacidad para generar inversiones a corto plazo, con un impacto directo en la creación de empleo y el movimiento económico.
En relación con los derechos de exportación, Barbechando sostiene que constituye un impuesto perjudicial para las provincias, ya que no son coparticipables y diluyen los ingresos de las mismas. Agreguen que al aplicar sobre el precio de venta, también reducen los ingresos por Impuesto a las Ganancias, que sí es un impuesto coparticipable. En este contexto, destacan que el sector agroindustrial, siendo el más dinámico de la economía, no debería soportar las consecuencias de la ineficiencia estatal.
LA PRESIÓN IMPOSITIVA EXISTENTE
En diciembre 2023 la participación de todos los impuestos sobre la renta agrícola fue del 59%3 para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $59 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. “Si desglosamos este % por cultivo, la participación impositiva del Estado en la renta de: Soja es del 64,8%, Maíz: 49,6%, Trigo: 60,7% y Girasol: 45,8%”, detallaron desde Barbechando.
“Los impuestos nacionales se llevan la mayor tajada de la renta agrícola. En especial aquellos NO coparticipables que representan el 64,9% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Los DEX mayoritariamente y el impuesto a los créditos y débitos bancarios en menor medida son responsables de este saqueo del Estado Nacional. Esto es una ironía para una actividad que, por definición, es federal y está arraigada regionalmente”, explicaron en el comunicado.
OPORTUNIDADES PARA SEGUIR CRECIENDO
Argentina tiene mucho para aportar al mundo, no solo más producción física, sino más valor; más biomasa -entendida como el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal, y los materiales que proceden de su transformación natural o artificial- y también servicios y conocimiento. “Hay una oportunidad histórica más allá de nuestras fronteras: es la primera de las revoluciones tecnológicas que nos atañe directamente, dado su eje en la biotecnología, lo que revaloriza profundamente a las economías que pueden agregar valor a partir de los recursos naturales. El mundo hoy demanda esencialmente: alimentos sanos, trazables y de baja huella ambiental y energías limpias”, insistieron desde la entidad.
DELEGACIÓN DE FACULTADES
“La división de poderes, como principio republicano, debe ser una guía para todos los gobiernos. El Congreso es una institución independiente del Poder Ejecutivo y su existencia garantiza el control de los actos de gobierno y la mirada de largo plazo”, propusieron desde Barbechando.
“La delegación de facultades es un principio recurrente, en gobiernos de todos los signos políticos, que llevan a la pérdida de institucionalidad de la Nación, en especial cuando esa delegación se utiliza para modificar impuestos que afectan el desarrollo federal y limitan la libertad productiva”, advirtieron y sugirieron: “entendemos que haya decisiones urgentes que tomar vía DNU, pero es necesario trabajar el consenso de las leyes. Los Diputados y Senadores deben defender las funciones y el rol que el pueblo les demanda. No anulemos el Congreso de la Nación delegando sus facultades”.
Sobre los derechos de exportación, apuntaron: “En momentos donde debemos incentivar la generación de divisas vía exportación y apertura de mercados, estamos dando pasos en camino contrarios. Antes de generar un aumento de los tributos es importante darle previsibilidad al productor y empresario”. En este sentido, “creemos firmemente que los derechos de exportación (DEX) son un impuesto que impacta negativamente en la producción agrobioindustrial nacional y en particular a las economías regionales, dejando a muchas de ellas fuera de juego con un gravamen de 15%”.