El pasado 10 de julio, el Congreso de la Nación sancionó una modificación al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), establecida en el artículo 10 de la ley destinada a financiar el aumento de jubilaciones, que elimina la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las SGR.

"Esta decisión, desincentiva la participación de empresas como socias protectoras, lo que reducirá significativamente los fondos disponibles para garantizar operaciones crediticias de las micro, pequeñas y medianas empresas. En otras palabras, limita la oferta crediticia y el acceso a financiamiento formal en condiciones competitivas", indicaron en un comunicado las cadenas de valor del agro.

El impacto sobre el sector agropecuario es particularmente grave. Los pequeños y medianos productores dependen, en muchos casos, del respaldo de las SGR para financiar insumos, incorporar tecnología y apalancar su crecimiento. Sin acceso a estas garantías, muchos productores y empresas PyMEs, quedarán fuera del circuito financiero formal, ya sea bancario o del mercado de capitales. Sin esta herramienta virtuosa y transparente, se verán forzados a recurrir a costosos esquemas informales o directamente a abandonar la actividad.

"La medida debilita el entramado productivo regional y compromete la generación de empleo y el valor agregado en origen. El supuesto ahorro fiscal que genera es insignificante frente a los beneficios comprobados del sistema de SGR: inclusión financiera, formalización, inversión productiva, desarrollo federal y aumento genuino de la recaudación a través de una economía productiva".

La decisión de eliminar este régimen debilita un instrumento público privado que ha demostrado ser eficiente, transparente, federal e inclusivo, utilizado durante décadas para acompañar el crecimiento de miles de pequeñas y medianas empresas.

Por eso, solicitamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que actúen con urgencia y responsabilidad fiscal, revisando el artículo 10 y manteniendo el régimen de Sociedades de Garantía Recíproca, tal como estaba regulado originalmente.

No se puede sacrificar un sistema que ha permitido el financiamiento de miles de pequeños empresarios agropecuarios, sostenido el empleo y promovido el desarrollo territorial, por una medida de corto plazo que ignora sus consecuencias estructurales.

ENTIDADES BURSÁTILES TAMBIÉN ALZAN LA VOZ

Las entidades bursátiles expresaron su profunda preocupación y enérgico rechazo a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), aprobada por el Congreso Nacional el último jueves.

"Esta medida implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil", indicaron en un comunicado contundente.

"Las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino: han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo".

Según las instituciones, el cambio realizado sin debate ni consultas "no sólo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las Pyme, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria". El supuesto “costo fiscal” que se intenta justificar es mínimo —apenas el 0,02% del PBI— frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera.

"El crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo se observa en aquellos países contra los cuales competimos. Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal".