Esta semana comenzó a regir el nuevo programa de precios cuidados para los siete cortes de carne que el Gobierno prohíbe exportar durante 2022. La nueva disposición establece máximos de precios para unas 12.000 toneladas mensuales de producto en todo el país, que en Rafaela tendrá un volumen acotado porque el convenio sólo alcanza a los exportadores y las grandes cadenas de supermercados, que volcarán el grueso del stock de oferta a los grandes conglomerados urbanos.
“ACUERDO” O IMPOSICIÓN
“Los acuerdos son más de lo mismo”, afirmó el gerente de SODECAR, Rubén Burkett, en declaraciones radiales a ADN Rural. “No sé si llamarlo acuerdo porque en realidad son propuestas del Gobierno que nos dice cuánto tiene que valer la carne. Ahora por suerte se ha actualizado lógicamente el precio de esos siete cortes prohibidos para la exportación, porque se hacía imposible vender a valores que están por debajo de los costos”, aclaró el industrial.
Cabe destacar además, que “la oferta no es sobre una mercadería de primera calidad, sino de tipo exportación, que es donde se origina el convenio con los frigoríficos y donde suelen estar los cortes más pesados y de categorías más grandes, como las vacas”.
Según explicó Burkett, en este acuerdo las cámaras de exportadores comprometen unas 6.000 toneladas y los grandes supermercados otras 6.000, lo cual sobre el consumo nacional (estimado en 180.000 toneladas mensuales) “representa un porcentaje mínimo que encima se concentra en bocas de ventas muy específicas, como supermercados y carnicerías directas de frigoríficos exportadores”. Es decir, “son precios que no estarán disponibles ni en volumen ni en todos lados, esa es la realidad”, afirmó el gerente del frigorífico chacinador.
En el caso de SODECAR, por convenio con frigoríficos exportadores, “las ofertas solo se pondrán en determinados días de la semana hasta agotar el volumen disponible de esa carne; ya lo hemos visto el año pasado, son ofertas que aprovechan los que llegan primero, porque se termina rápido”.
EL PROBLEMA DE FONDO
“Siempre vamos a tener problemas de precios si no podemos aumentar la oferta (producción de terneros y carne); en un contexto internacional donde la demanda está muy firme y con buenos precios, estas restricciones que se dictan limitan el crecimiento y el avance de la industria de la carne”, sostuvo Burkett. “Ojalá que ahora con los créditos ganaderos se pueda reactivar la producción, pero todos sabemos que dos o tres millones de toneladas no se hacen de un año para el otro, son procesos largos”. Además, otros factores también influyen en el movimiento de los precios, como las mejoras de los salarios, que enseguida se trasladan a un mayor consumo de carne en un contexto de escasez de hacienda, lo cual tensiona al mercado. También los contratiempos climáticos complican a la provisión de hacienda. “Todo hace prever que el Gobierno seguirá interviniendo el mercado durante todo el año y esos aumentos repentinos del 20 al 25% en solo una semana, son episodios coyunturales que después cuesta equilibrar, pero que los definen la oferta, la demanda y los factores climáticos; no nos tenemos que sorprender porque esos picos se seguirán dando”, afirmó el ejecutivo frigorífico.
En Rafaela tanto la hacienda como la carne al mostrador aumentaron en el orden del 60% en 2021, superando a la inflación, y según reconoce Burkett, “ahora se tranquilizó, por una baja del consumo que es lógica en nuestro verano, a la inversa de lo que está sucediendo en las zonas turísticas”.
PREOCUPACIÓN Y CAUTELA
Desde el Frigorífico exportador Rafaela Alimentos prefirieron no dar declaraciones periodísticas acerca del nuevo acuerdo de precios que entró en vigencia esta semana. Sin embargo, fuentes calificadas de la empresa, comentaron a este medio que los exportadores se encuentran en una situación muy incómoda frente a este tipo de “acuerdos” con el Gobierno, porque los consideran más como “imposiciones” que como parte de una negociación de partes. Por un lado sienten la condena de los productores que los acusan de ser conniventes con el Gobierno en temas que afectan a toda la cadena productiva, pero a la vez se sienten obligados a aceptar dichos convenios para que no se agrave la intervención en el mercado exportador.