Por José Angel Di Mauro

Dos semanas después de haber concurrido a brindar su informe de gestión en esa misma Cámara, Guillermo Francos se presentó en Diputados para responder preguntas sobre el caso $LIBRA. Fue en el marco de una interpelación, una instancia habilitada por la Constitución, muy común en el mundo, pero infrecuente en nuestro medio, donde alcanzan los dedos de una mano para reseñar los antecedentes, de 1983 a la fecha.

Fue uno de los argumentos que usaron desde el oficialismo, e incluso los aliados del Pro que defendieron al Gobierno: el hecho de que la mayoría de las administraciones anteriores no hubieran tenido que pasar por semejante instancia. Documentado, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni detalló que “en la época del kirchnerismo hubo 658 pedidos de interpelación”. Un pedido de interpelación y hasta de juicio político no se le ha negado nunca a ningún gobierno, así que tampoco es para escandalizarse; pero es de absoluta lógica que el que es por lejos el oficialismo más débil de la democracia -numéricamente hablando-, sea pasible de interpelaciones. Vale recordarlo una vez más, porque el relativo éxito legislativo de este oficialismo pareciera haber ocultado este dato: La Libertad Avanza tiene apenas el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% en el Senado. Fin.

Si los gobiernos kirchneristas no tuvieron nunca una interpelación, ni fueron puestos mayormente en apuros en el Congreso es simplemente porque casi todo el tiempo tuvieron mayoría; y cuando la perdieron en ambas cámaras, la dispersión opositora y la habilidad propia relativizó los efectos de ese problema.

Con todo, no la pasó mal Guillermo Francos en la interpelación, y lo máximo que la oposición ha conseguido en esta materia es hasta ahora mantener relativamente vivo el tema, a casi tres meses de acontecida la ¿gaffe? presidencial. Volverá a agitar la cuestión el 14 de mayo, fecha para la cual fueron citados los dos ministros que pegaron el faltazo el martes pasado, aunque no hay garantías de que esta vez concurran. A lo mejor sí Mariano Cúneo Libarona -que ya ha ido a comisiones, aunque pareciera que esta vez le sugirieron lo contrario-, pero mejor no hacerse los rulos con Luis Caputo, quien se ha juramentado no estar cara a cara con los legisladores en el tiempo que esté al frente del Palacio de Hacienda.

En cuanto a la comisión investigadora, ahí hay chances de hacer más ruido, pero por lo pronto está empantanada en un empate que impide su puesta en marcha. Tratarán de destrabarla en el recinto, donde la oposición se ilusiona con sacar una ventaja que le otorgue la presidencia de la misma y con ello la iniciativa en las decisiones, como así también tal vez reconsiderar su composición. Se verá.

La interpelación de esta última semana desempolvó archivos, y así quedó expuesto por ejemplo que la primera registrada desde el 83 a la fecha fue al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli en 1985. Un año clave para la gestión de Raúl Alfonsín, lleno de claroscuros: la pasó mal con la economía y con un clima de desestabilización creciente e inquietante, pero en noviembre ganó bien las elecciones. Precisamente se difundió en 2022 la película “Argentina 1985”, que mostraba un aspecto de esos duros tiempos. Despertó elogios y críticas. Entre estas últimas, muchas referidas a la manera que se muestra a Tróccoli, un prócer dentro del radicalismo que fue pintado de manera un tanto injusta en el filme.

Tróccoli protagonizó también una segunda interpelación en 1986, más recordada porque esa vez el diputado peronista Roberto Digón lo sorprendió con la grabación de una comunicación telefónica del ministro con la esposa del secuestrado Osvaldo Sivak. Pero la primera fue el 30 de mayo de 1985, un mes después de que el presidente Alfonsín anunciara la “economía de guerra”. Obviamente Tróccoli no fue esa vez a responder preguntas de economía, sino a hablar sobre “el estado de la seguridad pública en el país y las manifestaciones de violencia que son del dominio público”, tal la convocatoria oficial de entonces.

Eran tiempos muy complicados en todos los aspectos, con una democracia frágil y el juicio a las juntas militares en marcha, en el marco de una ola de atentados y amenazas de bomba en las escuelas porteñas. De eso habló Antonio Tróccoli en la primera interpelación de esta era democrática, y fue el propio referente radical quien el 25 de octubre de 1985 anunció el decreto 2049 que declaraba el Estado de Sitio en todo el país, por 60 días, invocando un intento de desestabilización del Gobierno constitucional que si bien no pudo probarse, era totalmente creíble.

El Estado de Sitio le permitía al Gobierno el derecho a arrestar gente, trasladarlas dentro del territorio nacional o darles la opción de abandonar el país. Se ordenó la detención de 12 personas, seis militares y seis civiles. Entre los primeros estaban el tenebroso general Carlos Suárez Mason, y entre los civiles el analista Rosendo Fraga y los periodistas Daniel Horacio Rodríguez (del diario La Prensa) y Jorge Vago (director de Prensa Confidencial).

Este último dato fue rescatado de la historia por los difusores libertarios, que en el marco de la renovada campaña presidencial contra el periodismo que cobró bríos los últimos días, pusieron el ejemplo de las detenciones de periodistas para ilusionarse con una medida “ejemplar” en estos días. Puntualmente el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido por el seudónimo “El Gordo Dan” y líder de las “Fuerzas del Cielo”, posteó el jueves pasado este pedido al presidente: “¿Javo podés meter en cana a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín, por favor?”. Hora después insistió, y ya sugirió el nombre de Javier Levinas, como para empezar.

Los seguidores de Javier Milei encontraron en el tema una manera de golpear de paso a su denostado Alfonsín. El portal La Derecha Diario recordó puntualmente cuando “dentro del sistema impuesto por ‘el padre de la democracia’ se hacía la vista gorda ante el encarcelamiento de ciudadanos sin juicio previo ni pruebas concretas”.

La verdad sea dicha, las detenciones durante la gestión alfonsinista se ordenaron tres días antes de la instauración del Estado de Sitio, razón por la cual fue objetada por la propia Corte Suprema. Otra cosa: la desestabilización tendría éxito finalmente, pues Alfonsín debió dejar el poder seis meses antes.

Entre las cosas que llevaron al presidente a mandar a odiar a los periodistas hay supuestos “errores” de la prensa. Por citar un caso, esta última semana le apuntó especialmente al periodista Carlos Pagni, quien -es verdad- comentó en su editorial de La Nación+ que Manuel Adorni evaluaba no asistir al debate de candidatos porteños del día siguiente. Pero durante esa misma emisión aclaró más tarde que desde el Gobierno le anticipaban que sí lo haría. También lo acusó Milei de “banalizar el Holocausto”, aunque en realidad se había tergiversado una parte de ese mismo comentario editorial.

En cualquier caso, un periodista puede equivocarse de buena fe; pero lo cierto es que el Gobierno exige a los demás una rigurosidad que tiene para sí mismo.

Si hablamos de rigurosidad, habrá que reconocer que este deterioro en materia de libertad de prensa se está dando en todo el mundo, y lo grafica el informe anual de Reporteros sin Fronteras (RSF) publicado este último viernes. En lo que respecta a la Argentina, bajamos muchos puestos por segundo año consecutivo. Durante la gestión de La Libertad Avanza, el país ha descendido del lugar 40° al 87°, entre 180 países. El reporte habla de “giros autoritarios” y cita el caso de nuestro país, donde “el presidente Javier Milei estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política”, señala el informe.

El propio periodismo oficialista criticó la actitud de Santiago Caputo que protagonizó el día del debate porteño un incidente con un fotógrafo. En este caso, como otros recientes, el asesor “todoterreno” pareciera intentar “llevarse la marca”, en momentos en que el presidente había atraído demasiado la atención con su discurso de odio. Pero lejos de menguar, el episodio del martes y las críticas que generó exacerbaron la irascibilidad de Milei.

Y el periodismo afín lo justificó, justificando el esmero presidencial en confrontar con el periodismo en buscar señalar una nueva “casta”. Ya le trajo buen resultado identificar a la política como la casta, sostienen estos exégetas de los libertarios, que encuentran como argumento a la campaña electoral. Uno de los más encendidos propaladores de la prédica justificó la postura oficial con una encuesta que le atribuye al periodismo político una falta de credibilidad del 80%. Ese comentario editorial fue propalado luego por la maquinaria oficialista en las redes sociales. Así funciona.

En esta estrategia ya conocida suelen participar figuras del propio gobierno, comenzando por el presidente, que inexorablemente las repostea. Y eneste caso se sumó el mismísimo ministro Luis Caputo, que dobló la apuesta, calificando a esa encuesta como “un anticipo de lo que inevitablemente va a suceder a menos que el periodismo tome nota y cambie: es una profesión que tiende a desaparecer”, sostuvo.

Sonó a expresión de deseo.