"Lo que corresponde es que cada protagonista, explique su comportamiento en el ámbito previsto del derecho vigente, donde inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones con las que se me ha agraviado". Este es uno de los párrafos del texto de la renuncia de Esteban Righi al cargo de Procurador General, conceptualmente de muy prolija y cuidada elaboración e incluso con elegancia en los términos elegidos, pero una vez separado el trigo de la paja, con un significado muy preciso y directo. No hizo más que decir que el vicepresidente Amado Boudou no dijo la verdad cuando acusó al estudio jurídico de la familia Righi de ofrecerle servicios para aceitar la relación con jueces federales a cambio de 300.000 dólares. Ahora, si usted prefiere una interpretación aún más realista, sin ninguna clase de subterfugios idiomáticos: le dijo mentiroso.

Es cierto que el monólogo de Boudou de la semana pasada, prendiendo el ventilador y acusando sin reparos tanto a tirios como troyanos, generó tupidas coincidencias en cuanto a lo que se calificó como frustrado intento. Aunque con el transcurrir de los días y viendo las posteriores consecuencias, en realidad no fue tan inocuo que digamos, sino que tal vez haya logrado el objetivo buscado en aquella instancia y en un primer momento no percibido, desviando el eje central del tema, cual es la supuesta participación de Boudou en una maniobra que desemboca en negocios con el Estado, para trasladarlo a este enfrentamiento con la justicia, cuya primera instancia fue el alejamiento de Righi.

Pero, en realidad, ¿quién es Righi? No vamos a repasar antecedentes, de sobra conocidos estos días, ministro de Héctor Cámpora, cuando era apodado "Bebe" por su rostro aniñado de aquél entonces. Una especie de prócer sobreviviente de aquella época. ¿Era ahora un enemigo del kirchnerismo? De ninguna manera, fue un aliado incondicional desde 2004 en que fue puesto en el cargo por Néstor Kirchner, incluso con algunas intervenciones que le valieron fuertes críticas, como el caso que sirve de emblema para una muy gráfica demostración: cuando el juez Oyarbide resolvió en tiempo récord la causa del enriquecimiento del matrimonio Kirchner, siendo Righi quien le prohibió a los fiscales que apelaran la medida -aunque era su obligación hacerlo- para que quedara firme. O bien cuando les sacó de encima al fiscal de investigaciones administrativas  Manuel Garrido, que era más molesto que una avispa para el gobierno, pues hurgaba y denunciaba cuanto salpicón de corruptela aparecía en escena. Que a decir verdad, sobraban.

Sin embargo, al momento de tener que elegir una de las opciones, la presidenta Cristina Fernández no dudó un instante -todo indica que desde el vamos eso estaba ya decidido- en respaldar a libro cerrado a Boudou. Es que la ida de un procurador se digiere sin mayores problemas, aunque como en este caso haya sido un incondicional al punto de incumplir las funciones de su cargo, pero la de un vicepresidente sería muchísimo más compleja y delicada, y más aún por el tema que podría haberlo precipitado, con un efecto de arrastre inevitable.

En la continuidad de tema tan complejo, el centro del enfoque para encontrar una salida, fue puesto sobre el juez Rafecas -muy elogiado, pero con algunas deficiencias notables como esos mensajes de texto aconsejando a abogados de una de las partes, o sus poco oportunas declaraciones a Perfil-, y también sobre el fiscal Rivolo. El "operativo rescate" está en pleno desarrollo. ¿Aclarando? De ninguna manera, buscando sacar de la causa al juez y fiscal, que deben ser de los pocos díscolos que quedan. Por lo pronto, en tiempo relámpago, Boudou ya fue eximido de la acusación de omisión  -o demora de un año- de denuncia contra Righi y Gabbi.

Aunque más allá de todas estas circunstancias, conocidas por otra parte, lo que en realidad correspondería, es que en lugar de acusaciones a otros -lo cual no exculpa- el vicepresidente Boudou hubiese explicado claramente sobre las cosas de que se lo acusa. La nota a la AFIP con su firma intercediendo para evitar la quiebra de Ciccone, su supuesta vinculación con las firmas participantes del caso por ahora de origen desconocido, su relación con Vandenbroele que niega, pero sobre la que existen fotografías juntos y además los pagos de expensas y TV de su departamento. 

En fin, todo una extraña mezcolanza, donde es posible que en lugar de aclararse, cada vez se confunda más. No sólo de ahora, sino como siempre.

Y como cierre, aunque temas sobran, unas líneas sobre el Banco Central. Un par de semanas atrás, y respecto a la modificación de la Carta Orgánica  -es verdad, con la legitimidad del Congreso, lo que de ninguna manera garantiza el acierto-, algunas consecuencias han comenzado a verse, como los "adelantos transitorios" que ya se elevan a más de 70.000 millones de pesos, cuyo exceso quedará legalizado por aquella medida, y que sumarán mucho más con la luz verde que ahora tiene el organismo de Marcó del Pont, para quien la emisión no es inflacionaria -dicho en un contexto más amplio, pero que en definitiva es eso-. Para comprobarlo, más allá de las palabras, lo que se necesita es un poco de tiempo.